Los bomberos forestales andaluces critican que la Junta externalice un servicio por 6,8 millones

Corría septiembre de 2021 y, ante la polvareda levantada por la auditoría a la empresa pública que gestiona el servicio de extinción de incendios forestales que recomendaba una “privatización gradual” y “externalización de servicios”, la entonces consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, se reunía con los sindicatos para asegurarles “en numerosas ocasiones” que no se contemplaban estas medidas. Era su intento de cerrar la puerta a una polémica que la oposición estaba utilizando para dañar al Ejecutivo de Juanma Moreno. Un año después, la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA) afirma que esas palabras escondían las primeras externalizaciones, y denuncia que días más tarde de ese encuentro se formalizaba la adjudicación del soporte a la recepción de imágenes enviadas desde los aviones de coordinación (ACO) por 6,8 millones de euros. Contrato con el que se hizo la UTE Servicios Europeos y Tratamientos Agrícolas SL-Oficina Técnica de Montes.

Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, de la que ahora depende el Plan Infoca, precisaron que el acuerdo se circunscribe a una serie de furgonetas —con base en Sevilla y Granada— que “dan soporte a la recepción de imágenes en ‘streaming’ enviadas desde los ACO”. “Este nuevo servicio permite a la dirección de extinción ver el incendio en tiempo real gracias a la cámara y operador que viajan a bordo de los aviones”, aclararon, para seguidamente entrar de lleno en la controversia y asegurar que esta contratación “no supone la sustitución de ningún cometido desarrollado antes por el personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya)”.

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El Gobierno andaluz rechaza las acusaciones de la UITA, aunque utiliza la palabra 'externalización' para referirse a un procedimiento que justifica en que es adoptado por otras administraciones: “Todas las comunidades autónomas que tienen este servicio, así como el propio Ministerio para la Transición Ecológica, lo externalizan”, señalaron las citadas fuentes, que recalcaron que “es una mejora incluida en las licitaciones de los aviones de coordinación que se venían contratando”.

Es en este punto donde los bomberos forestales observan el primer movimiento de la Junta de Andalucía para iniciar la “privatización gradual” que sugerían los auditores de PricewaterhouseCoopers (PwC). Uno de ellos explicó a El Confidencial que “la misma empresa que prestaba los servicios aéreos ahora también facilita el servicio de imágenes, y las preguntas que nos hacemos son: ¿qué impide que en el próximo contrato ofrezca también coordinadores de aviones?, ¿qué pasa con los ocho que hay en el Infoca?, ¿los despiden?”. “La cuestión es dónde va a estar el límite”, señaló este profesional, que destacó que el plan de extinción de incendios andaluz tiene un gran prestigio y advierte de que la apertura a un modelo de mayor penetración de empresas conduce a un dispositivo semiprivado, “como en Castilla y León”.

"Vamos a ser héroes privados", critican los delegados sindicales sobre la adjudicación

“Andalucía no tenía analistas y se hizo una convocatoria para crear un grupo. Ahora contamos con una unidad puntera en todo el mundo. ¿Por qué no se ha podido hacer lo mismo con el servicio que han adjudicado? Porque nadie crea que esas compañías tienen una tecnología única; perfectamente se puede comprar e instalar, porque tenemos personal formado para utilizarlo”, ahondó, para recordar que “ahora no contamos con el mismo material que hace 20 años, se ha ido renovando y mejorando para abarcar más funciones, por lo que también se podría haber hecho en este caso”.

La UITA es la organización sindical que se está mostrando más incisiva desde que dio con la resolución de adjudicación de este lote, que se resolvió el 8 de noviembre de 2021 y al que se presentaron cinco licitadores. Sus delegados, Antonio Alex y Sergio Blanco, corrigen a la consejería y aseguran que estos movimientos afectan a la plantilla porque son puestos que se dejan de generar y abren una vía de entrada a personal externo “cuando hay muchos compañeros que llevan décadas trabajando y que se van a tener que enfrentar a una oposición tras tantos años jugándose la vida contra el fuego”. “¿Es el comienzo de la ejecución de las auditorias?”, cuestionaron ambos representantes de los trabajadores, que, en relación con las constantes loas de los dirigentes políticos, añadieron: “Vamos a ser héroes privados”.

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“La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible externalizó este servicio, nuestra pregunta ahora es si la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul también va a vender el trabajo de los bomberos en otro lote”, comentaron con cierto lamento, “porque con esos casi siete millones que se han gastado podrían pagar la antigüedad que niegan a muchos trabajadores y que están teniendo que reclamar en los tribunales”.

Blanco insistió en la profesionalidad y formación del personal del Plan Infoca para realizar el servicio que se ha externalizado y deseó que se haya estudiado debidamente, “para que no ocurra como con los monitores de cartografía militar [Telemap] que se instalaron en los camiones, que costaban miles de euros cada uno y al mes comenzaron a fallar”. “Nos dijeron que no lo volviésemos a utilizar y al año siguiente no se renovó la licitación. Ahora llevamos una pantalla de 14 pulgadas que no sirve para nada”.

El actual Gobierno andaluz, ante los sucesivos conflictos laborales en el Plan Infoca, siempre ha esgrimido que nunca antes se ha invertido tanto en el dispositivo y destaca las ofertas de empleo para aumentar la plantilla.