Ofensiva judicial de los bomberos forestales andaluces para mejorar sus condiciones laborales

El Gobierno andaluz despidió la anterior legislatura con los bomberos forestales manifestándose antes de la rotunda victoria de Juanma Moreno y el presidente enfila el nuevo mandato con este colectivo recordando sus reivindicaciones y una ofensiva judicial para que se reconozca la “antigüedad real” de la plantilla.

Fuentes del sindicato Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA) confirmaron que se han impuesto en 18 demandas y que en la actualidad tienen abiertos más de 30 procesos similares en distintos juzgados andaluces. En uno de los fallos, al que ha tenido acceso este periódico, se explica que muchos de estos profesionales fueron contratados por las extintas empresas públicas andaluzas Gestión de Tierras SA (Getisa) y Empresa de Gestión Medioambiental SA (Egmasa) y prosiguieron su carrera hasta ser subrogados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya). Lo lógico sería pensar que, si un empleado ha estado desempeñando las mismas funciones durante este tránsito administrativo, se estipulase su antigüedad basándonos en el primer día de trabajo, indistintamente de la empresa pública con la que se incorporó. Pero eso no ocurría con los bomberos forestales y otros empleados de la agencia que encadenaban contratos, cuya situación se complicó cuando en 2018 el Ejecutivo socialista y otros sindicatos pactaron un nuevo convenio que orillaba este derecho.

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La sentencia, emitida el pasado 24 de mayo, estima la petición del demandante “de que se le reconozca como fecha de antigüedad [laboral] el 5 de julio de 1994” y “el derecho a 25 días adicionales de vacaciones o su equivalente dinerario a razón de 63,61 euros diarios si no fuera posible su cumplimiento 'in natura”. Y se suma a otras en que la autoridad judicial se ha expresado en los mismos términos.

Sergio Blanco y Antonio Alex, delegados de la UITA, explican que la acción judicial que han iniciado en este campo tiene por objetivo que, en un futuro próximo, cuando se levante el pago de la antigüedad congelado en 2006 por el PSOE, los demandantes puedan beneficiarse del reconocimiento de su tiempo real trabajado.

La jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo (TS) está provocando que los juzgados de primera instancia estén resolviendo todas las demandas a favor de los bomberos forestales. Esta dinámica hace que la citada organización sindical se pregunte por qué la Junta de Andalucía no reconoce definitivamente la antigüedad, en vez de seguir desembocando en contenciosos que “generan un coste económico a los ciudadanos”.

El Ejecutivo socialista y otros sindicatos pactaron un nuevo convenio que orillaba este derecho

Los responsables de la UITA recalcan que la Amaya debe “cumplir con lo que la Justicia nos está reconociendo” y reconocer un derecho que se utilizó como “moneda de cambio” en una negociación que “se ha demostrado errónea” en este asunto.

Fuentes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la que depende la Agencia de Medio Ambiente y Agua, señalaron que la antigüedad es uno de los asuntos que están en la mesa de negociación que esperan retomar tras el paréntesis electoral. Incidieron que es un asunto heredado de la gestión socialista y pidieron un margen a los sindicatos porque el anterior convenio tardó 10 años en cerrarse.

Es un tema “en el que se está trabajando”, insistieron, pero apuntaron que “ha sido una legislatura rara, con una pandemia que ha obligado a volcar recursos en la sanidad”. A pesar de este contexto, recordaron que en estos años han realizado una gran inversión en la renovación de material, algo que no comparten en la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía, cuyos delegados sostienen que los bomberos forestales están enfrentándose a los incendios con carencias de material.

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Las citadas fuentes de la Administración regional explicaron que se debe alcanzar un acuerdo con los sindicatos sobre la valoración económica del reconocimiento de la antigüedad real.

Habrá que esperar a que esté constituido el nuevo Gobierno andaluz para ver si Juanma Moreno y sus consejeros afrontan la lista de demandas de un colectivo que en el último año ha censurado la gestión de los populares y se ha colado en la agenda política de los partidos. Un asunto que ha estado muy presente en el primer gran incendio forestal declarado en la comunidad y que arrasó casi 5.000 hectáreas de la provincia de Málaga.

Los trabajadores recuerdan que la lista de asuntos paralizados es mucho más amplia

Blanco y Alex recuerdan a la Junta que hay muchos otros temas sobre la mesa que están enquistados desde hace años: “La enfermedad profesional, el coeficiente reductor, la segunda actividad…”. Y esperan que el nuevo Ejecutivo dé respuesta a unas demandas “justas” de unos profesionales de la Amaya que “no solo quieren escuchar de sus políticos lo buenos que son”.

“La campaña de alto riesgo ya ha dado comienzo; esperemos que este año no tengamos que llorar por otra desgracia, vamos a trabajar para que no vuelva a suceder y por las mejoras de este dispositivo reconocido a nivel europeo como el mejor”, afirmaron.