El incendio laboral que intenta apagar la Junta y que tiene a los bomberos en guerra

“Privatización gradual”. Dos palabras incluidas en uno de los 226 folios de la auditoría realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) de la Junta de Andalucía que centrarán buena parte de la reunión que este miércoles tiene previsto presidir la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, para tratar de aplacar a unos bomberos forestales que amagan con un intenso calendario de movilizaciones. Un “modelo mixto público-privado” con “externalización de servicios” que se desliza como mejora del Plan Infoca y que ha encontrado una gran contestación entre la plantilla, además de convertirse en un asunto con el que la oposición está intentando desgastar al Gobierno regional.

Ni el anuncio de 131 nuevas plazas realizado a mediados de agosto ha conseguido mitigar el malestar de unos bomberos forestales que, como informó este periódico, a principios del mes pasado sellaron una unión sindical como respuesta a una “injustificada dinámica de críticas y ataques” al personal de la agencia. Situación provocada, principalmente, por la publicación de las auditorías de la llamada 'administración paralela' del PSOE y en la que focalizan sus quejas por “su escaso rigor técnico, los errores e interpretaciones malintencionadas que contiene y su falta de veracidad”.

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Los 15 delegados de los sindicatos CGT (5), UGT (3), UITA (2), CCOO (2), Sibfi (1), CSIF (1) y SAT (1) representados en el Comité Intercentros exigieron entonces una reunión con Crespo y advirtieron de que, en caso de no producirse en un “plazo razonable”, derivaría en una primera medida de presión: “La realización de paros diarios de 10 minutos”.

El encuentro está previsto que se celebre este miércoles a las 12:00 en la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y, según las fuentes consultadas por El Confidencial, el principal asunto sobre el que gravitará será la parte del informe sobre Amaya que recomienda la “privatización gradual” del servicio de extinción de incendios.

En la auditoría, se desliza en un par de párrafos una posible privatización progresiva

Este aspecto se recoge en un par de párrafos de la parte en que se abordan las altas de empleados de refuerzo. “Debido a que el personal del Infoca fijo durante el año no es suficiente para atender los requerimientos del catálogo de medios para el periodo de riesgo alto, anualmente la agencia debe realizar contrataciones temporales hasta cubrir las necesidades de la consejería”, por este motivo, “sería recomendable explorar la opción de contratar a terceros privados (...) en lugar de incorporar profesionales a la plantilla durante ese periodo”.

La conclusión a la que llegan los auditores de PwC es que hay que “valorar la posibilidad de cubrir las necesidades puntuales de personal del Infoca, no solo con la oferta pública de empleo, sino con la externalización de parte de este servicio a empresas privadas”. Y recomienda reducir las incorporaciones y “cubrir las necesidades puntuales de empleados en los periodos de mayor carga de trabajo” subcontratando. Para ello, propone la fórmula de un “contrato marco” u otra que “permita flexibilizar” los efectivos de la plantilla y “asegurar un mayor tiempo efectivo de trabajo”.

Si estas propuestas generan de por sí gran recelo en los trabajadores del servicio de extinción de incendios, lo que ha encendido sus ánimos hasta llegar a exigir al Ejecutivo andaluz una inmediata aclaración y compromiso es el punto en el que se explica que estas medidas serían el punto de partida hacia “un modelo mixto público-privado” que pudiera conducir a “un proceso de privatización gradual”.

Los auditores recomiendan modelos como el de Murcia, Canarias o Castilla-La Mancha

Los expertos de la firma auditora agregan que “otras comunidades han optado por este complemento, ya sea de forma parcial —como Castilla-La Mancha y Canarias— o casi total —como la Región de Murcia—”.

Uno de los argumentos en que se basan para justificar parte de esta trasformación son las cifras de absentismo de la plantilla de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, que se sitúa en el 11,24% de media en el lustro que transcurre entre 2015 y 2019. Este dato lo enfrentan con la media nacional, del 5,03%, algo que las fuentes consultadas por este periódico aseguran que tergiversa la realidad, pues no tiene en cuenta que el personal del Infoca, mayoritario en la agencia, realiza tareas muy físicas, tanto de prevención como de extinción, por lo que están más expuestos a sufrir lesiones que deriven en incapacidades temporales. A esto hay que añadir las consecuencias que para la salud tiene enfrentarse de sol a sol a un fuego descontrolado.

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Los representantes sindicales ya han advertido de que no aceptarán ningún modelo que los acerque a la privatización y en el Gobierno andaluz no quieren ni oír hablar de una posible huelga de los bomberos forestales. Por lo pronto, parece aparcar las recomendaciones de PricewaterhouseCoopers y, en mitad de este conflicto laboral en ciernes, anunciaba la convocatoria de 131 nuevas plazas de empleo público para el Plan Infoca con el objetivo de “reforzar y rejuvenecer la plantilla”.

Esta iniciativa, junto con las palabras tranquilizadoras de distintos dirigentes de la Administración andaluza, no ha terminado de convencer a la plantilla, ni a una oposición que ha salido en tromba para desprestigiar las auditorías encargadas por PP y Ciudadanos, sobre todo desde las filas socialistas. Alineándose al lado de los empleados de las distintas agencias señaladas, intentan salvar la cara a la conocida como 'administración paralela' que supuestamente se tejió durante sus casi cuatro décadas de gestión al frente de la Junta. Un entramado de sociedades públicas que tradicionalmente se ha considerado un coladero de afines al PSOE y cuya eficiencia y productividad han cuestionado los auditores.