El Servicio Andaluz de Empleo solo gestionó el 3% de contratos en la región con más paro
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AUDITORÍA AL SECTOR PÚBLICO

El Servicio Andaluz de Empleo solo gestionó el 3% de contratos en la región con más paro

La auditoría de PwC, encargada por la Junta, alerta del caos del personal, con 14 convenios por la incorporación de trabajadores de otros entes, y de la ineficacia de las ayudas públicas

placeholder Foto: Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Imagen de archivo de una de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no funciona con eficiencia en la comunidad con más parados de España. Andalucía asumió sus competencias plenas en políticas activas de empleo en 2002. Casi veinte años después, el SAE es un organismo "altamente ineficiente" y un foco de conflictos laborales, con la integración inacabada de empleados de otros siete entes públicos, algunos como la Fundación de Empleo (Faffe), en los tribunales por presunta prevaricación y malversación. El informe de la auditora PriceWaterHouseCoopers (PWC), encargado por el Gobierno andaluz, subraya que el SAE solo gestiona el 3% de las contrataciones de Andalucía, con una tasa de paro del 21,6%. Se ha hablado durante años de un problema endémico, estructural, del paro en la comunidad y este informe no deja en buen lugar la gestión pública de las políticas de empleo.

Hace algo más de un año, la Junta sugirió la privatización de este servicio y puso en pie de guerra a los sindicatos, que lamentaron que se pusiera en duda la profesionalidad de sus empleados cuando, en febrero de 2020, la Consejería de Empleo licitó un convenio para contratar agencias privadas de colocación. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) impugnó en los tribunales este contrato y alertó de "enchufismo" en la plantilla, al haber incorporado en los últimos años funcionarios laborales de otros entes públicos, algunos como la Faffe, en los tribunales por prácticas corruptas. CSIF, CCOO o UGT advirtieron de que no iban a permitirlo, exigiendo que se cubran las plazas de funcionarios (solo el 33% están ocupadas).

Foto: Elías Bendodo, Juan Marín y Juan Bravo.

La auditoría de PWC, dentro del lote encargado por la Junta para reorganizar el sector público andaluz, elude hablar de privatizaciones, pero no deja títere con cabeza sobre la falta de recursos, la ineficacia de los que hay y el caos y conflictividad en materia de personal. Además las distintas líneas de ayudas e incentivos aprobados, pese a casos como el de los ERE, siguen sin evaluarse; no se sabe si funcionan o no, se desconoce su impacto en el mercado laboral y conllevan una gran cantidad de trabajo burocrático, sin manos para que las resuelvan. "Hay una falta de previsión en cuanto a la planificación del personal que llevará a cabo cada una de las líneas de incentivos", recoge en sus conclusiones la auditoría, se establecen "requisitos excesivos", faltan funcionarios que puedan resolver los expedientes y, como consecuencia, ninguna de estas líneas se agota, el dinero queda sin ejecutar pese a la elevada tasa de desempleo. La Consejería de Empleo, en manos de Cs y con Rocío Blanco al frente, fue, sin duda, uno de los toros más complicados de lidiar para el nuevo Gobierno andaluz, que ha emprendido reformas pero aún tiene un largo camino por delante.

El informe de auditoría recoge, a lo largo de 431 folios, datos como que el SAE únicamente gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía en el año 2018 y también que no llama a la puerta de las empresas, sino que es al revés, el 73,9% asegura que fueron ellas las que contactaron. La media es de 12 altas de ofertas laborales por cada mil demandantes inscritos. "Hay un significativo margen de mejora", es la advertencia que más aparece en el documento.

Foto: Restaurante en Córdoba. (EFE)

No hay proporcionalidad ni homogeneidad en las oficinas públicas de empleo, algunas atienden a un número muy elevado de parados frente a otras con una ratio de demandantes mucho menor. Las oficinas virtuales de empleo, que los gobiernos anteriores vendieron como una panacea, no funcionan. Iban a servir para renovar el paro telemáticamente, pero "pierden fuerza".

El 70,4% de los demandantes de empleo en Andalucía no ha recibido nunca una oferta del SAE. Analizando las ofertas de empleo gestionadas, durante 2019, se han recibido solo 12 ofertas por cada mil demandantes, son otros de los datos subrayados en el informe.

Los agentes de empleo son los que tienen que visitar empresas, pero no cumplen sus objetivos en número de empresas asignadas. Entre 2015 y 2018, periodo analizado, el porcentaje de incumplimiento se encuentra entre el 30 y el 40%. La ratio de empresas visitadas respecto al total de empresas de la comunidad se encuentra entre un 2 y un 4%. Es "significativamente baja". Tampoco funcionan los llamados Itinerarios Personales de Inserción, con entre un 30 y un 60% de incumplimiento de los objetivos anuales.

"Difícil convivencia"

La plantilla del SAE es un caos, atendiendo a la descripción de esta auditoria publicada en el Portal de Transparencia de la Junta, y registra "una difícil convivencia". De hecho, es la demostración de que la administración pública no tiene nada fácil despedir a los trabajadores de sus empresas y agencias públicas porque los tribunales, y el derecho laboral, acaban dándoles la razón y el coste de la readmisión es siempre elevado, con indemnizaciones y pago retroactivo de las nóminas no abonadas. Un lío que la Junta de Andalucía deberá tener muy en cuenta al reordenar su sector público, como ha prometido y pactado con Vox.

El Gobierno de PP y Cs no tiene nada fácil despedir, reordenar y fusionar su administración periférica. El ejemplo más claro es el SAE, donde hay 3.368 trabajadores, la mayoría (58%) laborales y 14 convenios colectivos diferentes. En 2011, el Gobierno andaluz ordenó la integración de la extinguida Fundación de Empleo, investigada por enchufismo y contratos opacos en los tribunales, así como del personal de los consorcios Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT). Antes estos trabajadores fueron despedidos y el Supremo obligó en 2014 a su readmisión. La integración se hizo por mandato judicial en 2015, según se iban fallando las sentencias de cada uno de los contratados. También se integran otros colectivos contratados para programas específicos (MENTA, Promotores y Orienta), cuya extinción de contrato se produjo en 2012, que igualmente impugnaron su despido y se fueron incorporando por mandatos judiciales entre 2013 y 2019. En 2015 se aprueba también integrar a los trabajadores de los once consorcios Escuela para la Formación y Empleo.

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (Ilustración: Raúl Arias)

"La convivencia entre el personal funcionario y laboral pone de manifiesto el conflicto de potestades públicas, en relación con las tareas que puede realizar cada colectivo", recoge el informe. Eso impide al SAE, señalan, la utilización efectiva de todos los recursos humanos con los que cuenta. Se registra además una alta judicialización en los últimos años, lo que implica una gran dedicación de profesionales a la resolución de conflictos, y no fomenta un clima de trabajo adecuado. Coexisten 14 convenios colectivos diferentes con condiciones muy diferentes entre sí, lo que impide que se puedan evaluar o medir el desempeño de las tareas.

Incentivos sin evaluación

Pese a casos como el de los ERE, se siguen concediendo ayudas sin indicadores objetivos que midan el impacto de las diferentes ayudas y líneas de incentivos en el mercado laboral. La auditora aconseja simplificar trámites, ganar agilidad, adaptar los sistemas informáticos, evaluar en profundidad el impacto de estas ayudas y líneas de incentivos y mejorar las capacidades del gestor de expedientes. "Debido al alto volumen de incidencias detectadas en las líneas de incentivos a la contratación", el informe recomienda reforzar la exigencia de documentación mínima requerida, con controles telemáticos que alerten de errores si no se presenta la documentación necesaria, e incluir "la denegación automática" en las bases reguladoras de ayudas a partir de "información histórica de incidencias".

El SAE, apunta también esta evaluación privada encargada por la Junta, funciona de forma obsoleta, no tiene un diagnóstico correcto del mercado laboral ni acierta con los perfiles, no realiza un correcto emparejamiento de oferta y demanda. Por ejemplo, hay un sitio web donde se pueden consultar ofertas y los datos de los demandantes de empleo, pero para la introducción y modificación de datos se necesita una cita presencial o telefónica en una oficina del SAE. Si se pudiera hacer directamente se "ganaría mucho en eficiencia y autonomía". Durante la pandemia, el SAE no ha sido capaz de implantar el teletrabajo de forma eficaz y los empleados han tenido que seguir acudiendo a sus oficinas.

Con todo, la comunidad con más parados de España gasta poco en sus oficinas de empleo en relación con otras comunidades, mucho menos que en la Comunidad Valenciana, Cataluña o el País Vasco. Si se repartiera todo el presupuesto del SAE entre el total de demandantes, como hace en un gráfico la auditora, cada parado andaluz recibiría 518 euros frente a los 3.303 que recibiría un parado en el País Vasco. El SAE mantiene el presupuesto más bajo de todas las entidades homólogas en otras comunidades, es por ejemplo un 538% superior el de Aragón, por ejemplo. Claro que en Andalucía hay muchos más parados que en estas otras comunidades. Este organismo público tuvo en 2019 un presupuesto de 602,5 millones de euros, el 66% se gastó en transferencias corrientes, ayudas e incentivos al empleo, y el 22% en gastos de personal. El coste de cada expediente de ayudas, "en términos de personal es elevadísimo y poco operativo".

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no funciona con eficiencia en la comunidad con más parados de España. Andalucía asumió sus competencias plenas en políticas activas de empleo en 2002. Casi veinte años después, el SAE es un organismo "altamente ineficiente" y un foco de conflictos laborales, con la integración inacabada de empleados de otros siete entes públicos, algunos como la Fundación de Empleo (Faffe), en los tribunales por presunta prevaricación y malversación. El informe de la auditora PriceWaterHouseCoopers (PWC), encargado por el Gobierno andaluz, subraya que el SAE solo gestiona el 3% de las contrataciones de Andalucía, con una tasa de paro del 21,6%. Se ha hablado durante años de un problema endémico, estructural, del paro en la comunidad y este informe no deja en buen lugar la gestión pública de las políticas de empleo.

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