La auditoría de la Junta crea un cisma con los bomberos forestales en época de incendios

A pesar de las matizaciones que los distintos miembros del Ejecutivo andaluz han realizado al primer discurso, duro, contundente, eufórico, sobre el resultado de las auditorías a las empresas públicas que compondrían la llamada ‘administración paralela’ del PSOE-A, el malestar ha calado entre buena parte de sus empleados al sentirse víctimas colaterales de una refriega política. El personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) de Andalucía, una de las más reconocidas por su labor en el Plan Infoca, al que están adscritos los bomberos forestales, está siendo de los primeros en movilizarse para que se respeten sus condiciones de trabajo y este jueves se ha sellado una unidad de acción sindical en una reunión en la que se ha trazado cómo serían las protestas inmediatas.

Según el documento al que ha tenido acceso El Confidencial, al encuentro han asistido 15 delegados de los sindicatos CGT —cinco—, UGT —tres—, UITA —dos—, CCOO —dos—, Sibfi —uno—, CSIF —uno— y SAT—uno— representados en el Comité Intercentros con el fin de abordar un único punto del día: "El resultado de la auditoría realizada en Amaya". Los asistentes han calificado como "injustificada" la "dinámica de críticas y ataques" al personal de la agencia y han afirmado que las explicaciones trasladadas por la gerencia para "tranquilizar y a apaciguar los ánimos de la plantilla" han sido "insuficientes".

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Estos motivos han llevado a los representantes de los trabajadores a acordar una serie de iniciativas y movilizaciones entre las que destaca "la convocatoria de paros de diez minutos en los centros de trabajo y en los tajos" si la solicitud de una reunión con la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, no es atendida en un "plazo razonable", que inicialmente estiman en diez días. Esta cita persigue arrancar "un compromiso —de Crespo— para el mantenimiento de las actividades y el carácter público" de la agencia y para que "se rectifiquen los errores contenidos en la auditoría realizada al ente público".

Los servicios jurídicos de las secciones sindicales presentes, "ante la negativa de los letrados de Amaya", estudiarán interponer una denuncia contra PricewaterhouseCoopers (PwC), autora de la auditoría, por "su escaso rigor técnico, los errores e interpretaciones malintencionadas que contiene y su falta de veracidad".

Los sindicatos consideran "injustificada" la "dinámica de críticas y ataques" al personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua

Pero los empleados de la Agencia de Medio Ambiente y Agua quieren que estas protestas no se circunscriban a esta sociedad y en el encuentro mantenido este jueves se ha acordado contactar con las secciones sindicales de otros entes instrumentales de la Junta de Andalucía, "de cara a evaluar la convocatoria de movilizaciones y acciones conjuntas en defensa de los servicios públicos andaluces". "En caso de que la respuesta —de la Administración— no se ajuste a lo esperado", en una próxima reunión del Comité Intercentros fijada para dentro de diez días, se "elaborará un calendario" de iniciativas con la que visibilizar su descontento.

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Previamente, recurrirán a las redes sociales, donde —con los 'hashtags' #lopubliconoseprivatiza y #elmedioambientenosevendesedefiende— quieren explicar el carácter público de las funciones que se realizan en Amaya y el Plan Infoca. También proyectan una ronda de contactos con todos los grupos políticos para recabar sus apoyos.

Conclusiones de la auditoría

La auditoría de la Agencia de Medio Ambiente y Agua advierte de una "deficiente gestión de las sociedades participadas" y censura una supuesta duplicidad en determinados trabajos —que no pertenecen al servicio de prevención y extinción de incendios— realizados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Los auditores hablan de duplicidades en determinados trabajos y de reducción de la capacidad del Plan Infoca

Los autores de la auditoría ponen el foco en el convenio del Plan Infoca, censurando las "horas extras y descansos acumulados en temporada alta", y alertando que "la capacidad del plan se ve limitada en épocas de riesgo medio y bajo de incendios que es cuando se realizan los trabajos preventivos". "Cada año que pasa la superficie cubierta es menor", sentencia.

PwC, además, recomienda la creación de "una nueva entidad separada con régimen jurídico especial o administrativa" que incluya las actuaciones de los bomberos forestales.