La Junta ignora su propia auditoría y no privatizará a sus bomberos forestales

Habrá paz… De momento. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ignorará las recomendaciones de “privatización gradual” y “externalización de servicios” que se contemplan en la auditoría realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) a la Agencia de Medio Ambiente y Agua (Amaya) y que afectaría a los bomberos forestales del Plan Infoca. Una promesa que les trasladó en la reunión celebrada este miércoles como respuesta al anuncio de movilizaciones que habían realizado estos profesionales.

Además de Crespo, a la cita acudieron la viceconsejera del ramo, Ana María Corredera, y el director gerente de la agencia, Javier de Torre, entre otros cargos directivos, que en todo momento tuvieron un tono cordial que se mantuvo cuando los representantes de los trabajadores les instaron a que trasladasen a los responsables políticos que “acaben de una vez con el adjetivo de enchufados con el que con tanta ligereza califican a los empleados en sus declaraciones públicas”.

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Tras mostrar su “rechazo” a la auditoría, los delegados de la CGT, UGT, UITA, CCOO, Sibfi, CSIF y SAT escucharon de boca de la consejera que el futuro de la Amaya no pasa, “en ningún caso”, por la privatización o externalización de ninguno de los servicios que presta.

Esto implica meter en el cajón una de las principales propuestas de los auditores, que apuestan por que la agencia transite hacia “un modelo mixto público-privado” que pudiera conducir a “un proceso de privatización gradual”. “Otras comunidades han optado por este complemento, ya sea de forma parcial -como Castilla-La Mancha y Canarias-, o casi total -como la Región de Murcia-”, ponían como ejemplo.

Los expertos contratados por la Junta incidían en la necesidad de “valorar la posibilidad de cubrir las necesidades puntuales de personal del Infoca, no sólo con la oferta pública de empleo, sino con la externalización de parte de este servicio a empresas privadas”. Y apostaba por reducir las incorporaciones y “cubrir las necesidades puntuales de empleados en los periodos de mayor carga de trabajo” subcontratando. Para ello proponía la fórmula de un “contrato marco” u otra que “permita flexibilizar” los efectivos de la plantilla y “asegurar un mayor tiempo efectivo de trabajo”.

La auditoría apostaba por reducir las contrataciones y apostar por la externalización

Los citados sindicatos han informado de que la consejera les reiteró “en numerosas ocasiones” que no se contemplan estas medidas y explicó que aclarará en el Parlamento andaluz las propuestas del documento que se tendrán en cuenta y “las líneas de trabajo que se llevarán para su ejecución”.

“Además de poner de manifiesto el fortalecimiento de la agencia, y el buen trabajo que se lleva a cabo por parte de la misma”, destacaron que Crespo les aseguró que “en ningún momento se ha contemplado la posibilidad de despidos” y que las ofertas de empleo públicas “se están llevando a cabo con el máximo porcentaje que la legislación permite: un 110 por ciento”. También les recalcó que no se trabaja en la creación de una ente “específico” para el Plan Infoca que dejaría a sus trabajadores fuera del convenio que tienen actualmente.

Las organizaciones sindicales afirman que tienen el compromiso de que los despidos objetivos por incapacidades sobrevenidas, a los que hace mención la auditoría, “no van a llevarse a cabo”. Esto es, por una parte, porque están blindados por el convenio colectivo en vigor; y por otra, porque “considera imprescindible a todo el personal que compone la Amaya”. “Asegurando la continuidad de los trabajadores que estén en esta situación”.

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Casi idéntica respuesta recibieron sobre la posible supresión de las torres de vigilancia, “indispensables para una buena geolocalización de los incendios forestales”, que se recomendaba en el informe de PwC. Las citadas fuentes explicaron que la consejera “hizo alusión al cierre de algunas, sólo por motivos de prevención de riesgos laborales o porque se solapaban en su ámbito de visión”.

Sergio Blanco, delegadode la Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA), en declaraciones a este periódico, manifestó que recordó a la consejera la proposición no de ley que llevó su partido al Parlamento andaluz para tratar de recuperar la antigüedad. Una iniciativa que finalmente no prosperó porque, según aseguró, los representantes de algunas organizaciones sindicales optaron por firmar “convenios basura”.

"La categoría laboral de Bombero Forestal es, a día de hoy, papel mojado"

Además de criticar que no haya un catálogo de enfermedades profesionales y que no se especificara la futura carga de trabajo en obras hidráulicas y la gestión de bienes por parte de la estructura de la Amaya, Blanco lamentó que la categoría laboral de Bombero Forestal sea, a día de hoy, “papel mojado” como consecuencia del “monopolio de sindicatos mayoritarios que sólo hacen poner piedras en el camino”.

“Sobre la recuperación de la antigüedad, nos emplazan a una próxima negociación, a pesar de que en el convenio colectivo vigente y la Ley de Presupuestos permite iniciarla”, matizaron los sindicatos asistentes a la reunión, que quieren dar un margen de confianza a la consejera. No obstante, advirtieron: “Estaremos vigilantes ante cualquier movimiento que se realice por parte del Gobierno andaluz, esperando que no sean palabras que se lleve el viento una vez pasadas las próximas elecciones”.