Sánchez y Podemos se disputan ahora la bandera de la lucha contra los incendios

Los tiempos legislativos de la XIV legislatura pueden llegar a ser muy lentos, casi eternos —véase la ley de vivienda—, pero también hay ejemplos de cómo una iniciativa que lleva meses o años casi paralizada puede pasar de cero a 100 en escasos días. Es lo que ha pasado con dos de las promesas recogidas en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos: la creación de una ley de coordinación estatal para la prevención y extinción de incendios y la elaboración de un estatuto del bombero forestal.

Si Pedro Sánchez defendió en el debate sobre el estado de la nación la importancia de crear un marco estatal para los bomberos forestales, el 12 de julio, Yolanda Díaz e Irene Montero reclamaron impulsar la ley de coordinación y prevención de incendios y el estatuto del bombero el 18 de julio, ni una semana después. Transcurridos otros 11 días, el presidente del Gobierno anunció un nuevo real decreto con algunas medidas para coordinar la lucha contra el fuego. La ley de coordinación del socio minoritario lleva casi dos años congelada en el Congreso, pero todos estos avances se registraron en apenas tres semanas.

De hecho, ante los incendios que asolaban (y asolan) todo el territorio nacional, el Consejo de Ministros del 1 de agosto, el último del curso, aprobó el real decreto anunciado por Sánchez. Obliga a las comunidades autónomas —que ostentan las competencias en esta materia— a aplicar planes para la prevención, vigilancia y extinción de incendios durante todos los meses del año.

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También establece un catálogo de prohibiciones cuando el riesgo de fuego sea alto y el contenido mínimo que deben albergar estos planes en lo que toca a la dotación, medios materiales y equipamientos de los trabajadores que se dediquen a la prevención y la extinción.

En esas tres semanas, ambos socios se disputaron la bandera de la lucha contra los incendios, pese a que Unidas Podemos llevaba desde 2020 reclamando un marco común en esta materia. Su ley para coordinar los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento autonómicos fue admitida a trámite por 308 de los 350 diputados de la Cámara Baja en octubre de ese año, pero hoy sigue en vía muerta.

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Y, en lo que toca al estatuto de bomberos forestales, el Ministerio de Transición Ecológica, bajo el mando de la ministra del PSOE Teresa Ribera, formalizó el 21 de julio su compromiso de llevar el anteproyecto de esta norma al Congreso al arranque del nuevo curso político, en septiembre. Hasta entonces, no había plazos sobre la mesa.

La decisión se comunicó después de que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se reuniera con una delegación del Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), tres días después de que la vicepresidenta segunda y la ministra de Igualdad reclamaran volver a impulsar esta norma.

Hoy, el socio minoritario rechaza el marco de que una de las fuerzas que integran la coalición sea quien se haya hecho con esta bandera, y celebra el real decreto con normas comunes para las comunidades autónomas: "No hace más que mostrar la necesidad y la urgencia de sacar la ley de coordinación y el estatuto", interpretan, incidiendo en que así está contemplado en el acuerdo de coalición.

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Según un dirigente de este espacio, la senda legislativa dibujada en el último Consejo de Ministros demuestra también "la necesidad de profesionalización de los dispositivos de lucha contra los incendios forestales". "Actualmente, existen, al menos, 134 servicios de bomberos profesionales civiles en todo el Estado, distribuidos en cerca de 550 parques", reza la exposición de motivos de la ley registrada por Unidas Podemos hace casi dos años.

Explica también que los bomberos forestales forman parte de un colectivo marcado por la precarización o las externalizaciones; a sus trabajadores ni siquiera se les pueden aplicar coeficientes reductores que les permitan jubilarse antes, viéndose obligados a estar en activo con más de 60 años. "Hacen falta cambios estructurales, un cambio muy grande en la concepción de los servicios públicos", apuntan.

"Existen, al menos, 134 servicios de bomberos profesionales civiles"

Por otro lado, si septiembre es el mes escogido para el desembarco del estatuto en el Congreso, Unidas Podemos presionará también para desbloquear la ley de coordinación que hoy sigue en vía muerta, pendiente de la constitución de la pertinente ponencia. La explicación oficial del retraso es que la Comisión de Interior, donde se tramita, debe concluir aún los trabajos para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, antes de retomar la ley de coordinación.

Teniendo en cuenta que la largamente prometida derogación de parte de la ley mordaza está entre las condiciones que Unidas Podemos ha trasladado públicamente al PSOE antes de abordar la negociación de los presupuestos para 2023, todo apunta que esta modificación y las dos leyes que tocan a los bomberos forestales volverán a estar muy presentes en los discursos de sus dirigentes. Aunque no quieran hablar de banderas.