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La ley de coordinación frente a los incendios lleva dos veranos congelada en el Congreso
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Sistema Nacional de Protección Civil

La ley de coordinación frente a los incendios lleva dos veranos congelada en el Congreso

En paralelo, el Ministerio de Transición Ecológica trabaja en el estatuto de los bomberos forestales, otra iniciativa de Unidas Podemos, que este lunes ha reclamado su aprobación urgente

Foto: Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio de El Pont de Vilomara. (EFE/Andreu Dalmau)
Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio de El Pont de Vilomara. (EFE/Andreu Dalmau)

Una abrumadora mayoría del Congreso de los Diputados reclamó hace casi dos años una ley para coordinar a nivel estatal los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento autonómicos, dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Un total de 308 diputados votaron a favor de su tramitación en octubre de 2020, en diciembre de 2021 se publicaron todas las enmiendas registradas y hoy fuentes parlamentarias explican que lleva meses en vía muerta, pendiente de la constitución de la pertinente ponencia.

También afirman que esta se ha visto retrasada con el pretexto de que la Comisión de Interior debe culminar los trabajos para derogar parte de la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como ley mordaza), antes de abordar esta ‘nueva materia’.

Desde su registro, un mes antes, transcurrió todo el verano de 2021, y, visto el estado de los trabajos, y que el periodo de sesiones ya ha terminado, se da por hecho que no habrá avances, al menos, hasta septiembre, dos años después. Y ahora, después de la devastación y las muertes causadas por los últimos incendios, y de cómo la ola de calor ha favorecido los fuegos, la norma está bajo los focos.

Es la ley que la líder de Unidas Podemos en el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Igualdad e integrante de la cúpula de la formación morada, Irene Montero, han reclamado unánimemente, sin matices, al PSOE. Lo han hecho, además, recordando que la aprobación de esta ley (que presentaron ante el registro de la Cámara Baja en septiembre de 2020) está entre los compromisos que recoge el acuerdo de coalición, junto con la creación de un estatuto de bomberos forestales. Hasta el momento, Unidas Podemos ha cuidado mucho las formas al lanzar esta advertencia a su socio, pero la presión pública puede ir a más por el elevado número de fuegos registrados.

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“Es urgente que actuemos en esta dirección”, reclamaba Díaz, que también denunció las “condiciones precarias” y las “externalizaciones no recomendadas en servicios estratégicos”. “Somos muy conscientes de que hay que reforzar las tareas de prevención”, apuntaba Montero, apelando a su socio a “cumplir con el acuerdo de coalición”.

Fuentes de Unidas Podemos reclaman al Partido Socialista que “deje de arrastrar los pies” y “se mueva” para desbloquear dos normas que consideran clave, y que ayudarían a revertir la situación de un sector tremendamente “precario”. Los bomberos forestales, explican, como ejemplo, no tienen reconocida la consideración profesional de bomberos, y, por tanto, no cuentan con la aplicación de coeficientes reductores que les permitan jubilarse antes, viéndose obligados a estar en activo con más de 60 años.

Eso, por no hablar de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió hace apenas una semana, en su discurso durante el debate sobre el estado de la nación, la creación de un marco estatal para el personal que pelea contra los incendios forestales que permitiera “ser más eficaces en la lucha contra los incendios”. Durante la mañana del lunes, Sánchez también defendía la creación de un “mando unificado” para combatir los incendios.

Lo hacía en su visita al Centro de Mando Avanzado del incendio de Casas de Miravete (Cáceres), junto al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que en la misma comparecencia vendía como ejemplo de “cogobernanza” la lucha contra los incendios en los últimos días, recordando el establecimiento de un puesto de mando común para los fuegos del norte de Cáceres y del sur de Salamanca. Ni Sánchez ni Vara desarrollaban más sus reclamaciones.

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Además, junto a esta norma, el acuerdo de coalición compromete al desarrollo de un estatuto específico para los bomberos forestales, que también está en fase de tramitación, en este caso en el Ministerio de Transición Ecológica.

Fuentes del ministerio confirman que el borrador de anteproyecto de ley de estatuto básico de los trabajadores de servicios de prevención y extinción de incendios forestales está siendo abordado junto con las comunidades autónomas, y afirman que la pasada semana remitieron un recordatorio a las comunidades, incidiendo en que tienen que activar planes para prevenir incendios, además de contar con efectivos suficientes y pertrechados con las necesarias protecciones.

Foto: Un bombero forestal realiza labores de extinción en el incendio de O Barco de Valdeorras. (EFE/Brais Lorenzo)

Por otro lado, en la exposición de motivos de la proposición de ley de coordinación registrada por Unidas Podemos, se denuncia que, a pesar de su “servicio inestimable” desde principios del siglo XVI, “no existe ninguna normativa que establezca un marco legislativo que regule la profesión de ‘bombero’ y dote a los servicios de bomberos de un marco normativo común a nivel estatal, y regule sus competencias y funciones. Una carencia legislativa que contrasta con otros servicios intervinientes en emergencias, como la Policía o la Guardia Civil, que cuentan con sus propias normas de personal”, abunda el texto.

Se da la circunstancia de que entre los partidos que votaron en contra de la tramitación de la norma se encuentran algunas de las principales fuerzas nacionalistas con representación en la Cámara (ERC, Junts per Catalunya o EH Bildu, entre ellas). “Actualmente, existen, al menos, ciento treinta y cuatro servicios de bomberos profesionales civiles en todo el Estado, distribuidos en cerca de quinientos cincuenta parques, los cuales se han constituido bajo diferentes fórmulas jurídicas y reglamentarias, ya sea por parte de comunidades autónomas o de entidades locales”, reza la exposición de motivos. Sea como fuera, ni la ley de coordinación ni el estatuto del bombero pueden estar en vigor hasta dentro de varios meses. Quizá para el próximo verano.

Una abrumadora mayoría del Congreso de los Diputados reclamó hace casi dos años una ley para coordinar a nivel estatal los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento autonómicos, dentro del marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Un total de 308 diputados votaron a favor de su tramitación en octubre de 2020, en diciembre de 2021 se publicaron todas las enmiendas registradas y hoy fuentes parlamentarias explican que lleva meses en vía muerta, pendiente de la constitución de la pertinente ponencia.

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