Una consejería verde y duplicar la potencia renovable: claves de la "revolución" de Moreno

Cuando comenzó el segundo debate de investidura de Juanma Moreno, el pasado 20 de julio, no había ni rastro de la polémica por el decreto energético. El presidente andaluz pidió a la Cámara andaluza la confianza hace casi un mes y ya entonces esbozó su fórmula para reducir el consumo de gas, que pasa por aumentar exponencialmente la potencia renovable. El objetivo es instalar —de la mano de la iniciativa privada— 12 megavatios para convertir a Andalucía en la comunidad con más capacidad de generación de energía renovable de país. Esta es la punta de lanza de la "revolución verde", la vuelta de tuerca a una idea que Moreno perfiló en la pasada legislatura y que quiere consolidar en su segundo mandato.

El gesto más relevante de esta apuesta es la creación de una consejería específica para las competencias de medio ambiente. La cartera se denomina Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y su responsable es Ramón Fernández Pacheco, hasta hace unas semanas alcalde de Almería. Fernández Pacheco, que es el miembro más joven del nuevo Gobierno, es un valor en alza dentro del PP andaluz, ocupa la portavocía del partido y es, quizá, quien mejor encarna el modelo de Juanma Moreno, como ha dicho el propio presidente.

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El 'ascenso' de las políticas de medio ambiente en este segundo mandato es el reconocimiento de un error por parte del presidente andaluz. En su primer gabinete, más pequeño que el actual, optó por sumar estas competencias con las de agricultura, pesca y ganadería. El resultado fue una macroconsejería que tuvo que dividirse en sus delegaciones territoriales por el exceso de trabajo. Y ciertos problemas de gestión que llevaron a dudar de la continuidad de Carmen Crespo en el Ejecutivo. La almeriense sigue, pero solo con las competencias de Agua y Agricultura.

Los mayores dolores de cabeza para Crespo llegaron por la vía del medio ambiente, concretamente del Plan Infoca, el dispositivo contra incendios de la Junta, con una plantilla de 4.700 trabajadores que ha batallado por sus condiciones laborales desde la etapa socialista. Fernández Pacheco se quedará con el control del Infoca, igual que con parte de las competencias en materia de puertos, de ahí el apellido de Economía Azul para la consejería.

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Esa apuesta por la economía azul, la actividad productiva que tiene relación con el mar, y por el impulso de las energías renovables de la mano del sector privado, da pistas del importante matiz económico que tienen para Moreno las políticas medioambientales. "Tenemos condiciones inigualables para generar proyectos, riqueza y miles de empleos verdes vinculados a la energía sostenible", expresó el presidente de la Junta durante su primera intervención en su debate de investidura.

El aumento de la potencia renovable, según dijo Moreno, irá aparejado a la inversión de 12.000 millones por parte de la iniciativa privada y la creación de 30.000 empleos en la construcción de esas plantas fotovoltaicas o eólicas. Ante el relevante papel que el presidente da a las empresas en esta apuesta, resulta lógico que su prioridad pase por reducir trabas y facilitar la llegada de estas compañías. Hasta cierto punto, resulta llamativo que las medidas esbozadas por el político malagueño a mediados de julio sean algunas de las defendidas por su consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela, para afrontar la crisis energética.

Una revolución verde... oscura

En el debate de investidura, Moreno habló también aumentar las plantaciones y para ampliar el sumidero de CO₂ de los bosques andaluces y de reforzar el mensaje andaluz en la cumbre del clima que se celebrará el próximo noviembre en Egipto y en la que la comunidad tiene previsto estar presente. Pero es cierto que hay alguna mácula en esta apuesta de Moreno. El presidente ya tuvo que crear a mitad de la legislatura un Comisionado para el Cambio Climático en la persona de Juan Manuel Muñoz, un fichaje del sector privado que ha sido nombrado secretario general de Presidencia en este nuevo Ejecutivo.

No hay dudas sobre el compromiso ecologista del presidente. Quien lo conoce sabe que tiene interés real por la situación climática gracias, sobre todo, a su afición por el mundo rural. Pero la propuesta del PP para ampliar la superficie regable en el entorno de Doñana hizo sonar todas las alarmas. Primero, en Bruselas, casi antes que en el Gobierno central, que se posicionó radicalmente en contra de la proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox, que acabó en el cajón con el adelanto electoral.

Moreno también aludió al asunto en el Pleno de investidura, aunque el PP lleva en su programa recuperar la norma que provocó una amenaza de multa por parte de la UE por el incumplimiento de la protección de Doñana. "El Gobierno buscará una solución definitiva, clara y legal para los agricultores de la Corona Norte de Doñana", dijo el jefe del Ejecutivo. La elección de la palabra legal no es baladí, ya que el problema para Bruselas es que el texto que se estaba tramitando en el Parlamento era contraria a la normativa europea.

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En la polémica de Doñana se cruzan dos políticas relacionadas, las de agua y medio ambiente, que con división de la consejería se separan en su gestión. Y esto también está directamente relacionado con el cariz económico que Moreno da a sus políticas medioambientales. Más allá de las alertas por la sequía y la necesidad de que haya infraestructuras para riego y consumo de la población, llama la atención el mensaje lanzado por el presidente en una entrevista con Efe hace unos días. Además del efecto que la falta de agua tiene en el sector agrícola e industrial, Moreno puso el foco en una parte del sector turístico, el de los campos de golf. "Tengo ya conocimiento de que hay campos de golf que se están secando porque no hay agua para regarlos", se lamentó el presidente en la entrevista.