82 detenidos y falsos agricultores: golpe a una trama fraudulenta de compraventa de aguacate

“¿Quién iba a pensar que el cultivo de aguacate podía dejar más margen de beneficio que la marihuana?”. Esta pregunta con sorna la formula uno de los agentes que durante años han estado investigando una trama de fraude fiscal, falsedad documental y blanqueo de capitales en la compraventa de fruta subtropical en la comarca malagueña de la Axarquía. Delitos que gravitaban en torno a uno de los grandes transatlánticos del sector: Frutas Montosa.

El entramado, formado por multitud de personas físicas y jurídicas, supuestamente se dedicaba a defraudar “sistemáticamente” a la Hacienda Pública con una red de facturación falsa de los gastos generados por la compañía. Unos hechos que han desembocado en la detención de 82 personas, entre ellas, José Luis M., el fundador de la empresa, que se encuentra en libertad tras abonar una fianza de 200.000 euros.

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“Ha sido un trabajo muy sesudo”, que ha requerido “muchos codos” para evitar que los sospechosos sorteasen la investigación tratando de regularizar su situación fiscal. “Exactamente igual” que hizo el rey emérito Juan Carlos, que abonó 4,4 millones de euros por rentas no tributadas, señalaron las fuentes consultadas, que explicaron que las presuntas irregularidades que hubiese podido cometer la trama antes de 2017 “están prescritas”. “Las indagaciones se han centrado en los últimos cinco años”, aclararon, ya que es el periodo que han intentado normalizar para dejar sin efecto las pesquisas policiales y judiciales llevadas a cabo por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez-Málaga.

La historia de Frutas Montosa se remonta a finales de los setenta y principios de los ochenta, años en los que José Luis, en un terreno de poco más de 400 metros cuadrados con y tres o cuatro empleados, puso el germen de la que acabaría convirtiéndose en la empresa hortofrutícola más importante de la zona. Fue en 1982 cuando se constituyó oficialmente y cuatro décadas después dispone de una fábrica de 15.000 metros cuadrados y una plantilla que supera los 300 trabajadores. Un hito logrado tras el revés que supuso el incendio que en 2004 arrasó las instalaciones y obligó a empezar prácticamente de cero.

Frutas Montosa pasó de un almacén de poco más de 400 metros a una planta de 15.000

Con una producción de más de 25 millones de kilos de aguacates y mango, y unos ingresos estimados en unos 100 millones de euros anuales, su trasformación de empresa familiar en compañía internacional vino de la mano de los acuerdos comerciales sellados con importantes distribuidoras del sector de la alimentación. Aunque las exportaciones a países europeos han ido copando espacio en su volumen de negocio, los supermercados se convirtieron —prácticamente— en clientes prioritarios de la firma y convirtieron en todo un éxito el guacamole fabricado en la planta construida en la finca El Molino de Valle Niza.

La empresa malagueña emitió un comunicado cuando trascendieron las últimas detenciones, del que se hizo eco la publicación especializada 'Mercados', en el que aseguraba que la operación policial “no afecta en absoluto a la operatividad de la compañía y a nuestra solvencia empresarial”, para después condenar “cualquier información tergiversada que ponga en duda la profesionalidad de nuestros directivos y empleados”.

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La firma aseguró que actúa “siempre desde el máximo respeto a la legalidad vigente” y reiteró su “plena voluntad de colaboración con las autoridades”.

Falsos agricultores

¿Pero en qué consiste el entramado destapado por las fuerzas de seguridad? El ‘modus operandi’ que se confeccionó alrededor de su actividad consistía, fundamentalmente, en generar compras ficticias por las que se abonaban cuotas de IVA indebidas, con el consiguiente fraude a la Hacienda Pública en diferentes tributos y ejercicios fiscales. La certeza de la falsedad de esas transacciones se fundamentó en que, una vez abonadas las facturas por la sociedad, el dinero retornaba a una caja B de efectivo en poder de la organización, según informaron este miércoles ambos cuerpos policiales.

La "trama criminal'" contaba con un gran número de personas, de muy variada ocupación y clase social, entre ellas empresarios del sector, un director de un banco, empleados de gestorías, corredores e intermediarios de fruta, agricultores locales y más de 400 testaferros.

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La investigación se inició cuando agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil detectaron que, por parte de intermediarios en el comercio de frutas de la Axarquía, estaban facturando la venta de grandes cantidades de fruta subtropical de procedencia desconocida a empresas del sector, utilizando para ello la interposición de personas de escasos recursos sin vinculación con el mundo agrario: “Falsos agricultores a los que la trama facturaba fruta que realmente había sido producida y entregada en la mayorista frutícola por productores locales que no deseaban declararla”.

Esos falsos agricultores, que aportaban su documentación a cambio de una pequeña prestación económica, eran dados de alta en el régimen agrario por la organización criminal, que falsificaba los documentos de compraventa de la fruta subtropical a fin de dar a la actividad apariencia legal e introducir los productos en el mercado.

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En la red también se encontraban numerosos productores agrícolas, dados de alta legalmente en el régimen establecido, que no deseaban facturar toda su producción para no declarar legalmente la verdadera cosecha y así obtener diversos beneficios fiscales.

Una operación en dos fases

Entre febrero y marzo de 2021, se llevó a cabo la primera fase operativa, que condujo a la detención de 55 personas y la práctica de ocho registros domiciliarios. Gracias a ella, se intervinieron 770.585 euros en efectivo, se bloquearon cuentas bancarias con un saldo de 360.403,69 euros, se embargaron un gran número de bienes muebles e inmuebles, así como se intervino un importante volumen de documentación física y digital.

Desde ese momento, agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial de Málaga iniciaron un análisis documental que permitió escalar en el entramado, hallando indicios de la implicación tanto del propietario de la empresa líder del mercado de fruta subtropical como de varios trabajadores. Ese estudio fundamentó una segunda fase, que se extendió a fechas recientes, en la que se actuó contra la dirección de la organización criminal y la red de transportistas emisores de facturación falsa.

A la causa se incorporó un especialista en auxilio judicial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que, junto con el trabajo de los investigadores policiales, permitió aflorar un fraude millonario a la Hacienda Pública mediante una extensa red de facturación falsa y el empleo de personas interpuestas o testaferros, tanto en el mercado de fruta como en el de otros servicios de soporte al mismo.

Los responsables del caso aún no lo dan por cerrado y prosiguen las indagaciones

En esta segunda intervención se practicaron una veintena de registros en domicilios de personas físicas y jurídicas —incluido el llevado a cabo en la sede social de la compañía líder en venta de frutas subtropicales—, así como la detención de 27 personas, la intervención de 991.855 euros en efectivo y cinco coches de alta gama, el bloqueo de productos financieros de los investigados y las mercantiles controladas por la red por valor de un millón y medio de euros, y el embargo preventivo de más de un centenar de bienes muebles e inmuebles, valorados en 13 millones de euros.

Entre los investigados figura un director de una sucursal bancaria en la que se abonaban los cheques con destino fraudulento, unos talones emitidos a favor de los falsos agricultores y que eran cobrados por la organización en una entidad de Vélez-Málaga. También un alto cargo de la empresa del principal sospechoso, que se encargaría de la contabilidad y de la gestión de la caja B en efectivo de la organización.

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Se calcula que el importe defraudado a la Hacienda Pública supera los cuatro millones de euros por delitos fiscales en el impuesto de sociedades y el IVA. A esta cantidad hay que sumar las relativas a importantes regularizaciones voluntarias efectuadas, en su momento, por los principales investigados como consecuencia de una primera fase de la intervención.

La operación se ha extendido por las localidades malagueñas de Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Benamocarra, Málaga capital, Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga. Las fuentes consultadas por este periódico recalcaron que la investigación sigue abierta y que la documentación y archivos informáticos incautados se siguen analizando, por lo que no se descarta que pueda haber una tercera fase.