Los inspectores de Hacienda piden la "muerte civil" para los grandes defraudadores

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha aprovechado su XXXI congreso, celebrado esta vez en Vigo, para pedir nuevos esfuerzos y capacidades en la lucha contra el fraude. Una de las actuaciones que solicitan los inspectores es la “muerte civil” para los mayores defraudadores, así como dos nuevos delitos fiscales, para las personas con “tenencia injustificable de bienes o derechos” y para sus colaboradores.

El organismo de este colectivo de 25.000 funcionarios de élite de Hacienda ha emitido un documento que incluye propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de la Administración pública. En una de las sugerencias, la asociación aboga por introducir en la Ley General Tributaria (LGT) un procedimiento especial que se aplicará “en los fraudes más graves o de carácter organizado: una especie de ‘muerte civil”.

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Este concepto de 'muerte civil' implicaría la imposibilidad de expedir facturas, no poder tener contratos con la Administración, imposibilidad de recibir subvenciones o ayudas públicas, el cierre total de la operativa financiera (ya que el NIF estaría revocado), el cierre total de los registros públicos (excepto el civil) y la imposibilidad de realizar escrituras notariales de contenido económico, salvo las que estén dirigidas a cancelar deudas fiscales.

Se trataría de una medida drástica que estaría reservada para los principales defraudadores, tratando así de endurecer las consecuencias de los delitos fiscales. Así, dentro de la propuesta, el régimen de muerte civil sería para personas o entidades "ilocalizables o que no comparecen reiteradamente, a pesar de haber sido notificadas al efecto"; testaferros, sociedades pantalla, personas o entidades interpuestas, etc., o que figuren en una trama organizada de defraudación, lo que implicará la confección de un censo de este tipo de personas, bajo determinados criterios que permitan "concluir que se trata de ese tipo de sujetos"; personas físicas o jurídicas "declaradas responsables solidarias en los procedimientos tributarios de otras personas o entidades cuya deuda no haya sido ingresada"; personas sancionadas por infracciones tributarias firmes en vía administrativa si estas superan un importe mínimo que habría que fijar; personas condenadas por delito frente a Hacienda, o ante impagos tras sentencia firme de frustración de la ejecución o insolvencia punible, y, por último, condenadas por delito frente a la Hacienda Pública, frustración de la ejecución o insolvencia punible por sentencia firme.

Nuevos delitos fiscales

Dentro de la lucha contra el fraude, otra solución por la que optan los inspectores es la creación de dos delitos fiscales. Uno de ellos ya ha sido propuesto por la OCDE, la "tenencia injustificable de bienes o derechos". "Se trata de atacar la riqueza acumulada por personas cuyas actividades conocidas o sus rentas declaradas no justifiquen su patrimonio". El segundo está ligado al anterior, ya que se refiere a tipificar "la conducta del ofrecimiento de servicios e instrumentos para cometer el delito fiscal", dado que consideran que en la mayoría de los casos los defraudadores reciben asesoramiento especializado para realizar el fraude. También piden que la Agencia Tributaria (AEAT) ataque el blanqueo de capitales (competencia del Sepblac, dependiente de Economía y del Banco de España), al compartir lazos con el fraude fiscal.

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Los inspectores de Hacienda sostienen que hay "dificultad por reprimir ciertos fraudes", lo que haría necesarias nuevas medidas. Además de la citada muerte civil para casos especiales, la asociación presidida por Julio Ransés también aboga por incrementar la seguridad jurídica de las actuaciones presenciales con la obligación de preservar algunos documentos, y nuevas facultades en el proceso de inspección. Entre ellas, explicitan poder "realizar actuaciones sin conocimiento del obligado tributario, y en el caso de grandes fraudes, el pago a confidentes para permitir la denuncia de estos delitos".

Dentro de la lucha contra el fraude, la asociación apunta a varias potenciales mejoras. Una de ellas es la estadística. La Ley 11/2021 de medidas de prevención de la lucha contra el fraude ha aprobado la realización de un estudio para cuantificar la economía sumergida, y los inspectores creen que debería ser un informe periódico dentro del Plan Estadístico Nacional. También defienden completar el indicador de renta declarada en el IRPF. Y apuntan al acercamiento al ciudadano, haciendo referencia a "programas sistemáticos de educación cívico-tributaria" y a mejoras en la comunicación, algo que tiene proyectado Hacienda en el marco de facilitar los canales de comunicación, como la creación de la Administración Digital Integral (ADI), un mostrador virtual que funciona 'online' y por teléfono para toda España desde dos oficinas, Valencia y Vigo, abiertas este año a la espera de abrir una tercera hacia 2023 en Andalucía.

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La asociación también hace hincapié en la residencia fiscal de los contribuyentes para evitar falsos desplazamientos o controlar las deducciones en IVA, cercando el fraude fiscal en este impuesto, así como en el de hidrocarburos. Mientras que, en el fraude recaudatorio, apuestan por "elevar a rango legal los supuestos de inadmisión de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas regulados reglamentariamente", y en materia concursal "reforzar la recuperación de deudas, con la inhabilitación de los administradores de entidades jurídicas insolventes que no hayan solicitado en plazo el proceso concursal".

Nacionalizar la AEAT

Los inspectores de Hacienda consideran que la organización actual de la Agencia Tributaria es ineficiente. Un ejemplo es que en Asturias hay inspectores suficientes para inspeccionar cada tres años a todas las empresas, mientras que en otras comunidades autónomas ocurre lo contrario y no hay recursos suficientes. El argumento que sostiene la asociación es que, con los medios telemáticos y las capacidades actuales de la AEAT, sería más óptimo nacionalizar el funcionamiento de la inspección, y que todos los inspectores trabajen para todo el territorio nacional.

Por otro lado, proponen la creación de un órgano especial dentro de la AEAT, dependiente del Departamento de Inspección, que "analizará expedientes complejos, entramados de sociedades y nuevas formas de defraudación, conjuntamente con otros temas conexos como la corrupción, el blanqueo de capitales o el contrabando y de la que dependería una policía fiscal creada al efecto". Sería una oficina nacional antifraude. Otro órgano propuesto es una oficina de evaluación de políticas tributarias para analizar el funcionamiento de la Administración Tributaria.

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En el congreso que se está celebrando en Vigo, el alcalde Abel Caballero, también presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha señalado la labor tanto de los ayuntamientos como de los inspectores de Hacienda como vertebradores de España, y ha argumentado que el fallo del Constitucional sobre la plusvalía es justo, ya que había una parte confiscatoria en el impuesto. No obstante, también ha defendido que los ayuntamientos, como suelen pedir las comunidades autónomas, deben ser compensados por la pérdida de ingresos derivados del tributo, que puede alcanzar el 40%, por lo que la FEMP propondrá enmiendas a todos los partidos sobre el proyecto de presupuestos de 2022 cuando llegue al Senado.

Otro punto destacado en el congreso ha sido la participación de varios funcionarios de alto nivel criticando el proyecto de reforma de las oposiciones que encabeza el ministro Miquel Iceta. Federico Andrés López de la Riva Carrasco, secretario del Ayuntamiento de Madrid, ha defendido el modelo actual y ha criticado que se hable de forma despectiva de puertas giratorias en las excedencias, que alcanzan, según los datos que ha enumerado, al 18%, llegando al 47% en el colectivo de abogados del Estado. "La Oficina de Conflictos de Interés, que parece que es la que impulsa la reforma, en 15 años ha tramitado 653 expedientes de ex altos cargos que han pedido el visto bueno para pasar a la vida privada. Y solo se han registrado 14 incompatibilidades", ha argumentado.