La caída del Jesús Gil de Badajoz, el hombre que ofrecía la gasolina más barata de España

“En lo bueno, sí me veo identificado. Era un tío ambicioso, como yo. Pero es verdad que se equivocó en cosas”. Joaquín Parra, presidente del CD Badajoz, realizaba estas declaraciones a ‘Badajoz Deportes’ en octubre de 2019. Hacía pocos meses que este empresario sevillano se había hecho con la dirección del club y comenzaba a poner los cimientos de un ilusionante proyecto deportivo. Fichajes, obras de remodelación, nuevos equipamientos y una proyección mediática adictiva para un ego alimentado con ciertas dosis de impunidad. Las comparaciones con Jesús Gil no solo eran recurrentes, sino que parecían obligadas. Pero los paralelismos con el fallecido presidente del Atlético de Madrid acabarían superando la simple admiración por un polémico personaje. Porque Parra, que presumía de ofrecer en sus gasolineras el combustible más barato de España, es considerado por la Guardia Civil el cabecilla de un doble entramado para defraudar impuestos con la compraventa de hidrocarburos y blanquear los fondos ilícitos a través de una red de sociedades a nombre de testaferros. Hechos similares por los que ya fue investigado por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) en la operación Drake y que le habrían reportado más de la mitad del supuesto dinero ilegal obtenido en el ejercicio de 2020.

Está cerca de cumplir su cuarto mes interno en la prisión de Alhaurín de la Torre mientras dicen que se queja amargamente de que le quieren quitar la fortuna amasada. No le falta razón, porque gracias a la investigación patrimonial de la Guardia Civil, muchos de sus bienes están inmovilizados. La autoridad judicial, en total, ha bloqueado 225 cuentas corrientes en España y tres en Portugal durante una investigación que arrancó a mediados de 2020, cuando su equipo de fútbol hacía soñar a toda una ciudad con un ascenso a Segunda División que se truncó en las últimas jornadas. También han sido intervenidos 36 inmuebles y embargados 49 vehículos —en su mayoría de alta gama—, así como dos embarcaciones de lujo, como el yate que tenía atracado en Puerto Banús y que trasladó a Puerto Sherry cuando en la exclusiva marina marbellí comenzaron a dejarse ver algunos vendedores ambulantes. Y la actuación no queda ahí: se ha pedido la enajenación del combustible que se almacena en las seis gasolineras del Grupo Derby —controlado por Parra—, en las que se formaban colas infinitas por sus precios inmejorables. Como ejemplo, en mayo de 2020, en la web de la cadena, publicitaban que un litro de diésel costaba 64,6 céntimos y el de gasolina se situaba en 77,6.

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Todo lo incautado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga se considera suficiente para hacer frente a lo supuestamente defraudado, sin contar las multas que podrían imponerle si es condenado junto a los otros 16 detenidos en la denominada operación Benzinium, en la que se les acusa de delitos contra la Hacienda pública, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

Conocido como el Jesús Gil de Badajoz, Joaquín Parra se paseaba en un Ferrari Superfast o un Bentley Bentayga —valorados en unos 340.000 euros— que reflejaban una cierta pulsión exhibicionista que no chirriaba en una sociedad pacense a la que tenía encandilada con sus promesas. Era su esperado rey Midas. Y tal vez por eso lo eligieron Rey Mago en la cabalgata del año pasado. Concretamente, Gaspar, con quien decía tener “hilo directo” para traer algún regalo navideño en forma de fichaje.

Parra era el esperado rey Midas de Badajoz, tal vez por eso fue Gaspar en la cabalgata

Un palco remodelado, autobús nuevo, marcador digital, 'jacuzzi' y gimnasio para los jugadores o una cocina-comedor en la que hacer grupo. Hasta césped nuevo, igualito que el instalado en el Wanda Metropolitano, pero en el estadio de un equipo de Segunda B. Sus vistosas inversiones fueron acogidas con agrado por una afición necesitada de alegrías deportivas que no quería verse reflejada en anteriores casos de mediáticos inversores que acabaron siendo un pufo. Al Thani, en el Málaga CF; Ahsan Ali Syed, al frente del Real Racing de Santander, o Slobodan Petrovic, en un Atlético Marbella subido a la estela del ‘gilismo’. ‘Tito Parra’, como también lo conocían, era diferente. Era serio, no iba a dejarles en la estacada. “Tengo empresas de construcción, de petróleo, agua, aceite, etc. Me dedico a muchos sectores”, presumía en la citada entrevista. Ilusiones.

“Hemos conseguido levantar el velo”, comentan a El Confidencial fuentes cercanas al caso, que detallan que la investigación que mantiene a Parra en una celda se inició cuando un expediente abierto en 2019 centró la atención de la Agencia Tributaria sobre un operador petrolífero domiciliado en Vélez-Málaga que había contraído una deuda por supuestos impagos fiscales. El importe no era suficiente para que se considerara delito, tan solo faltaban unos pocos miles de euros para alcanzar el mínimo de 120.000, pero gracias a este primer indicio se abrieron diligencias que permitieron detectar un mayor fraude.

El caso recayó en agentes de la comandancia de Málaga, que formaron un grupo multidisciplinar con peritos tributarios y la Fiscalía de Delitos Económicos. Las sospechas rápidamente se volcaron en Joaquín Parra. Y es que su pasado invitaba a ello. Investigado por presuntas actividades fraudulentas con Carburantes Nafta SL, otro operador de hidrocarburos vinculado a la mayor red de fraude del IVA detectada en este sector —cuantificado en 150 millones de euros—, los nuevos indicios lo situaban en la cúspide de dos entramados que comenzaban a aflorar.

Pero el empresario había aprendido de los errores pasados y supuestamente había refinado el 'modus operandi'. Su nombre no figuraba en ningún documento y una maraña de sociedades interpuestas difuminaba el rastro del dinero. Las pesquisas parecían enquistarse, aunque las piezas acabarían por encajar tras un año de análisis de documentación, seguimientos y testimonios.

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Un operador y testaferros

La organización presuntamente liderada por el Jesús Gil de Badajoz, de forma velada, se hizo con el control de un nuevo operador para, a través de cuatro sociedades o subcuentas, comercializar el combustible entre terceros y suministrarlo a la cadena de gasolineras controladas. El supuesto fraude estribaba en que, según informó días atrás el Instituto Armado, eludían el pago correspondiente al 21% de IVA que previamente sí cobraban a los clientes a los que vendían el producto.

Las fuentes consultadas precisan que las subcuentas “actuaban en nombre del operador”, pero eran entes ajenos, como subcontratas de una licencia que les permitían adquirir los carburantes que posteriormente comercializaban, y cuyo supuesto objetivo era “desviar la responsabilidad fiscal”. Hacían de escudo del operador, que es la empresa más importante del entramado, porque es la única autorizada para adquirir los hidrocarburos en los depósitos fiscales y la que necesita cumplir con unos requisitos más exigentes para su constitución. Eran sociedades de responsabilidad limitada, sin condicionantes exigentes para vender gasóleo, lo que permite que sean fácilmente intercambiables por otras similares.

Como testaferros se ha identificado a algunas personas con antecedentes policiales

Al frente de tres de las mismas se encontraban presuntos testaferros. Personas, algunas con antecedentes policiales, sin ningún conocimiento del sector, ni formación económica ni un patrimonio que justificara los más de 10 millones de media que ingresaron en cada sociedad que hipotéticamente les pertenecía. Simplemente aportaron su firma, eso sí, previsiblemente, a cambio de alguna pequeña compensación.

Una quinta empresa, según se desprende de las pesquisas, supuestamente se dedicaba en exclusividad a compensar el IVA con la emisión de facturas falsas. Era su única función.

La Guardia Civil calcula que la red habría dejado de ingresar en las arcas públicas más de 13 millones de euros del ejercicio fiscal 2020, cantidad derivada del impago del mencionado impuesto tras la venta de más de 63 millones de euros de combustible.

De esos 13 millones, más de tres se habrían desviado al CD Badajoz para sufragar “una gran reforma y reacondicionamiento del estadio Nuevo Vivero”, según la Guardia Civil. Mientras que los 10 restantes presuntamente se repartieron de la siguiente forma: más de la mitad para Joaquín Parra, con los que le achacan la compra de multitud de bienes, y el resto, entre sus personas de confianza y para mantener ‘engrasado’ un engranaje societario paralelo supuestamente dedicado a blanquear dinero negro.

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17 sociedades

La red de lavado estaba formada por al menos 17 sociedades con una triple función: recibir las cantidades defraudadas depositadas en el operador y moverlas de forma vertiginosa con transferencias que se justificaban con préstamos o entregas a cuenta, reintroducir en el circuito legal los fondos fraudulentos y titular bienes. Para ello, no recurrían a una sofisticada ingeniería financiera con fondos de inversión o empresas ‘offshore’ afincadas en paraísos fiscales. El ladrillo les ponía más. Como en la Marbella noventera. Así que adquirían casas.

Una de las inversiones más llamativas detectadas durante la investigación fue la de cuatro viviendas de lujo que el empresario construyó en un terreno de Dos Hermanas (Sevilla). Hasta ahí, todo normal, sino fuese porque los inmuebles acabaron poniéndose a nombre de una sociedad portuguesa presuntamente controlada por la organización que, a su vez, se los alquiló a otra supuestamente vinculada al entramado. Como es evidente, y aunque no estaban a su nombre, los investigadores piensan que el principal sospechoso presuntamente estaba detrás de esas firmas y que el sentido de esta operación era sortear un posible embargo en caso de ser descubierto, dificultando la trazabilidad del dinero y alejando el patrimonio que al parecer había sido obtenido ilícitamente.

De la investigación se desprende que el doble entramado comenzó a tejerse en 2019

Este, en el fondo, sería el cometido de cada una de las ‘truchas’ —sociedades pantalla— que formaban una tela de araña que presuntamente se empezó a tejer en 2019, poco después de que Joaquín Parra se viese envuelto en la operación Drake, y que comenzó a operar en marzo de 2020. “Todo estaba planificado”, apuntaron las fuentes consultadas, que señalaron que finalmente se logró identificar a los verdaderos beneficiarios de los fondos defraudados y que su análisis condujo a los bienes adquiridos con ellos.

Tito Parra, se desprende de las indagaciones, evolucionó hasta presuntamente hacerse con el “control total del circuito” del dinero. Consiguió “no depender de nadie” y abrir nuevas vías con las que incrementar notablemente sus ingresos. Se convirtió en proveedor de otras gasolineras, reventó el mercado con sus precios y dañó gravemente los intereses de una competencia que se ajustaba a las reglas. Muestra de la metamorfosis de sus métodos es que los indicios recabados apuntan a que trataba de hacerse con un nuevo operador después de que el otro finalmente fuese inhabilitado por la resolución del expediente que tenía abierto. Supuestamente, tenía la operación bastante avanzada, pero la autoridad judicial decidió actuar tras valorar que se podía producir una nueva pérdida de dinero público.

"Llegó en un deportivo y salió en un Land Rover de la Guardia Civil", comenta una fuente

El 27 de julio, cuando miembros de la Federación Española de Fútbol examinaban el Nuevo Vivero para que acogiera un partido de la Selección de Luis Enrique, era detenido tras una intervención que incluyó 17 registros domiciliarios en las provincias de Málaga, Sevilla, Badajoz, Madrid y Cádiz en los que colaboraron agentes de distintas comandancias. “Llegó en un deportivo y salió en un Land Rover de la Guardia Civil”, comenta una de las fuentes.

Joaquín Parra permanece en prisión desde entonces, a pesar de que sus abogados han solicitado en reiteradas ocasiones su puesta en libertad. Tuvo que ‘abandonar’ la presidencia del CD Badajoz, cuya gestión recayó en su hijo mayor, “su persona de confianza”, también investigado. El club se encuentra actualmente en venta después de que surgiesen los primeros impagos y la burbuja estallase. Las fotos con futbolistas como Joaquín o Raúl son recuerdo de un pasado trufado de postureo. Muchos de los bienes que se le imputan están inmovilizados y la sombra de una gran multa se suma a la de un horizonte carcelario que puede ser de 10 años si resulta condenado por todos los cargos. “Me lo quieren quitar todo”, dicen que se queja amargamente.