Una consejera de Cs deja claro que solo ficha militantes en sus delegaciones

“Quiero militantes, gente de base, afiliados de Ciudadanos en las delegaciones”. La frase es de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales del Gobierno andaluz, Rocío Ruiz, de Cs, que en un encuentro virtual con militantes el pasado miércoles destapó el debate interno y los tirones que hay en el Gobierno andaluz con este tema.

Su intervención, a preguntas de un militante, no deja lugar a dudas sobre las tensiones que existen dentro del Gobierno de coalición de PP y Cs con los contratos en las delegaciones provinciales de la Junta. Tanto, que se ha parado una remodelación del organigrama en marcha, confirman fuentes del Ejecutivo.

“Llegamos a un acuerdo de que tenía que ser gente del partido, afiliados de base, quiero que esté la gente de base trabajando en mi equipo. Que no me pongan condiciones, como que tengan que ser funcionarios aludiendo a un coste cero, porque no es verdad. Yo soy funcionaria y mi plaza la tienen que cubrir con otra persona, y son al final dos sueldos. El mío y el de mi sustituta. He solicitado a gente preparada, con mérito y capacidad, pero gente nuestra, de los equipos que están ahí en las provincias, y en ese sentido empezamos a buscar personas, a hablar con las agrupaciones, y nos aportaban nombres y empezamos a hacer entrevistas”, desveló.

La consejera de Igualdad asegura que ese proceso se ha parado porque le piden que sean funcionarios quienes se designen en las delegaciones de la Junta. A lo que ella se opone. Todo esto se enmarca no solo en las tensiones propias de un Gobierno de coalición entre PP y Cs, sino sobre todo en las fricciones dentro del mismo equipo naranja. Ruiz es rival del vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, cada vez más lejos de la dirección nacional de Inés Arrimadas, con quien suma en las últimas semanas importantes encontronazos. El último roce precisamente ha sido por la orden expresa desde Madrid de nombrar a la mujer de Hervías, Virginia Millán Salmerón, adjunta al Defensor del Pueblo andaluz. El martes, se espera en comisión parlamentaria su formalización.

Perjudicada en la crisis

La consejera de Igualdad, muy próxima al senador Fran Hervías, sufrió hace pocos meses un vaciamiento de sus competencias tras una remodelación del Gobierno andaluz impulsada por Marín. Entre otras competencias, perdió el Instituto Andaluz de la Juventud, que pasó al organigrama de Empleo, lo que conllevó el cese de todos sus directivos en la sede central y las provincias. Entre otros, el cuñado de Hervías, que con 25 años y recién licenciado, sin experiencia previa, fue contratado como asesor por 41.500 euros anuales. La renovación de la cúpula del Instituto Andaluz de la Juventud supuso el cambio de ocho de 11 directivos. Hervías denunció públicamente “una purga” y el apoyo de dirigentes destacados como el portavoz parlamentario, Sergio Romero, a esa denuncia motivó un seísmo en el grupo parlamentario.

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El debate viene de lejos. El Gobierno del cambio, de PP y Cs, prometió reducir la Administración y recortar gastos. Redujo consejerías, de 13 a 11, pero sobre todo agrupó las delegaciones de la Junta en las provincias. Eso llevó a que la representación de Educación e Igualdad y Políticas Sociales se unificara en una sola persona en cada provincia andaluza.

Muy pronto, el Gobierno andaluz admitió que había sido un error. Había ocasionado muchos atascos y sumado ineficacia, reconocieron hace ya más de un año desde el núcleo duro de San Telmo. A finales de agosto, el Gobierno aprobó una reestructuración que supuso poco más que un baile de competencias y ajustes que afectaron especialmente a Cs. El PP, que se resistía a esa crisis de Gobierno, cedió, pero descafeinó de forma importante lo que querían sus socios. El pasado febrero, el Ejecutivo autonómico aprobó una nueva reforma y en esa ocasión desdobló, con la figura del coordinador, las delegaciones de Justicia y Medio Ambiente. Se creaban 16 nuevos eventuales que elevaban a 232 este tipo de cargos, aún por debajo de los 267 del anterior Gobierno socialista.

No obstante, el Observatorio Económico de Andalucía (OEA) subrayó en su análisis del proyecto de Presupuesto de Andalucía para 2021 el gasto en alta dirección, que se sitúa en 209,24 millones de euros, un 6% menos que el incluido en las cuentas aún en vigor, de 222,58 millones, aunque en la comparativa con el Presupuesto de 2018, último de los gobiernos socialistas, supone un incremento del 40%.

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Extrañó entonces que esa figura del coordinador no se incluyera para otras delegaciones que se sabían igualmente colapsadas. Es el caso de las de Educación e Igualdad y Políticas Sociales. Esta última consejería, la que dirige Ruiz, lleva asuntos que generan cientos de expedientes, menores, mayores, dependencia, renta mínima o acogimiento familiar. “Es brutal el trabajo que hacen”, defendió la consejera ante sus militantes.

"Un gran error"

“Al principio del Gobierno, las delegaciones se compactaron por un ahorro que realmente no fue tal ahorro. Que las delegaciones de Educación e Igualdad y Políticas Sociales estén juntas fue un gran error, porque tienen un trabajo inmenso de gestión. Desde el primer momento, solicitamos [Javier] Imbroda [consejero de Educación] y yo misma que un delegado era fundamental, separarlos. Durante mucho tiempo, y hasta ahora, decían que iba a ser posible, que no era un gasto grande para el trabajo que hacen”, explicó Ruiz en ese café virtual de Cs celebrado el miércoles.

Ahora ya sabemos, además, por qué no se desdoblaron esas delegaciones. Se les exigió fichar funcionarios y la titular de la consejería se opuso. “Estábamos en el camino de seleccionar a gente estupenda, pero el proceso se ha parado. Quiero a gente nuestra, con mérito y capacidad, pero militantes y afiliados en los equipos de los delegados. Es importante para que puedan comunicar lo que se está haciendo en nuestra consejería, que es marca Cs cien por cien. Yo voy a seguir luchando para que pueda tener a mis delegados, no te quepa la menor duda”, añade la consejera.

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Su discurso choca frontalmente con la promesa de “despolitización” de la Administración y de “regeneración democrática” que impregnó el discurso de Cs desde 2015 en Andalucía, en contra del "enchufismo" y "las redes clientelares" que señalaban como marca del PSOE andaluz. De hecho, en el pacto para el Gobierno de coalición firmado con el PP hace ahora dos años, estos apartados ocupaban gran parte. Se prometió “un proyecto de ley de despolitización de la Junta de Andalucía que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas”. Nada se sabe de él. También se firmó que se definiría “la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político”.

El acuerdo de PP y Cs prometió asimismo “una ley de función pública de la Junta de Andalucía que siente las bases de una Administración pública cada vez más moderna, eficaz y profesional”. “Queremos apostar por el mérito, la capacidad y la formación continua de nuestros funcionarios para responder a las exigencias de calidad en los servicios públicos. Restringiremos el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad”, señala ese documento.

Desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, aseguran que su titular no ha hecho nada distinto al resto y animaron a examinar los nombramientos del PP en sus delegaciones provinciales, para dejar claro, así, que todos son excargos populares o militantes destacados del partido. Explican que Ruiz es una consejera que “va de frente” y dice abiertamente lo que piensa. Ella misma entró como independiente, recuerdan, y se afilió con posterioridad.