La bronca por la amnistía llega a Europa y Bruselas garantiza un análisis con "independencia"

Bruselas está bajo una enorme presión. Desde hace semanas, los servicios de la Comisión Europea reciben miles de mensajes de ciudadanos y organizaciones que denuncian el acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya. También muchos eurodiputados españoles del PP, Ciudadanos y Vox se han movilizado en estos últimos días. En un ambiente muy tenso, Didier Reynders, comisario de Justicia, ha garantizado este miércoles que los servicios jurídicos de la Comisión analizarán la ley de amnistía "con detenimiento, independencia y objetividad".

Lo ha hecho en un debate que se celebró este miércoles en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), una sesión marcada por la tensión, los señalamientos y las malas caras. El Partido Popular Europeo (PPE) lo incluyó en la agenda la semana pasada con el apoyo de los ultraconservadores (ERC e ID) y los liberales (Renew Europe), a pesar de las críticas de los socialdemócratas europeos (S&D), los ecologistas y la izquierda unitaria europea (GUE). Forma parte de los intentos de internacionalización por parte del Partido Popular español, que ha intentado llevar su oposición al acuerdo entre socialistas e independentistas catalanes a Europa. La internacionalización fue también una estrategia central en el procés y fue precisamente en el Parlamento Europeo donde tuvo su principal terreno de batalla. Ahora, en cierto modo, el PP intenta copiar la estrategia y construir un capital político en la Eurocámara.

El debate fue muy hispano-español, muy marcado por los cruces entre los oradores españoles, que fueron la inmensa mayoría. De los 15 primeros eurodiputados que intervinieron, 11 eran españoles. Reynders, que hizo una intervención inicial, se ajustó al guion previsto, haciendo mención al informe del Estado de derecho en 2022 y 2023 y a algunas de sus principales recomendaciones, como la necesidad de renovar y reformar urgentemente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Respecto a la ley de amnistía, el belga recordó que sus servicios jurídicos la están estudiando, y señaló que no emitirán ninguna opinión hasta que el texto haya completado el proceso legislativo y haya un documento final, ya que la ley puede sufrir modificaciones durante su recorrido por las Cortes.

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Pero, en todo caso, Reynders fue claro, poniendo el peso de la responsabilidad sobre el sistema democrático español. “El debate y el análisis van a ocurrir principalmente en España dentro de los procedimientos constitucionales españoles”, explicó el comisario de Justicia, que lleva años viéndose inmerso en los pulsos entre populares y socialistas para la renovación del CGPJ y que sabe que se trata de un terreno muy pantanoso en el que cada palabra será utilizada en el debate político nacional. Nadie quiere verse en realidad demasiado involucrado en un debate que prácticamente todos consideran interno de España.

El debate no servía para gran cosa. No tenía ninguna consecuencia jurídica, no había ninguna votación ni tampoco una especial expectación. El hemiciclo estaba prácticamente vacío y solamente un puñado de eurodiputados extranjeros ha intervenido en el debate. Pero el ruido de fondo de bronca está ahí. No es nada especialmente nuevo, porque la oposición lleva denunciando al Gobierno de Sánchez en Bruselas desde hace tiempo, como por ejemplo en el uso de los fondos europeos o con la reforma del Código Penal. En primavera de 2023, por ejemplo, ya se celebró un pleno sobre la situación del Estado de derecho en España.

Puigdemont no intervino en el debate, pero sí colgó un mensaje en redes sociales en el que ha asegurado que “es una seria erosión a la credibilidad de las instituciones europeas”. “En su deriva populista, [los populares europeos] están arrastrando a la Comisión y al propio Parlamento a una situación insólita, en la que un pacto de investidura firmado por dos partidos se convierte en un asunto europeo”, ha señalado el líder de Junts.

Cruce de acusaciones

El alemán Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo, ha comenzado su intervención leyendo el comunicado del CGPJ y también citando a Felipe González, un discurso muy político, en el que defendió que “tarde o temprano” Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno. El líder de los conservadores europeos ha asegurado que el acuerdo entre PSOE y Junts “está rompiendo el Estado de derecho”. “Comisario Reynders, los españoles esperan una Europa que proteja el Estado de derecho”, explicó Weber. En su mensaje en redes sociales, Puigdemont ha acusado a Weber de convertirse en un político más del PP español que no tiene problema en “compartir manifestaciones con fascistas y nazis”, una acusación grave teniendo en cuenta que se trata de un político destacado de los democristianos bávaros (CSU), que mantienen un cordón sanitario a la extrema derecha en Alemania.

Iratxe García, eurodiputada veterana y persona de confianza de Sánchez, presidenta de los socialdemócratas europeos y azote de Puigdemont desde 2017, tenía uno de los papeles más complicados. La española ha sido siempre muy dura contra Puigdemont, sus compañeros de partido lo saben, pero ahora tiene que defender el acuerdo. “Yo les voy a decir cuáles son las grandes amenazas a nuestra democracia. No asumir los resultados del 23-J y la mayoría absoluta que apoya al Gobierno es una grave amenaza a nuestra democracia”, ha señalado García, que ha acusado a los populares de “violar” la Constitución por no desbloquear la renovación del CGPJ.

Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y uno de los más activos en esta cuestión dentro de la Eurocámara, hizo hincapié en el giro de timón que ha tenido que hacer la líder de los socialdemócratas europeos. “Hasta la diputada Iratxe García le llamaba prófugo hasta hace algunas semanas”, explicó Vázquez en referencia a Puigdemont. “Ahora me dirijo a vosotros, eurodiputados socialistas, compañeros con los que hemos defendido el Estado de derecho en Hungría y Polonia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Alcen la voz, no frivolicen con este tema, porque ya sabemos cómo termina”, insistió el líder de Ciudadanos.

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Paulo Rangel, eurodiputado portugués del PPE, que estuvo en la protesta multitudinaria del domingo 12 de noviembre y que este miércoles habló en Estrasburgo en español, cargó contra García y contra la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, presente en el pleno y que había criticado la celebración del debate, recordando las palabras que la presidenta de los socialdemócratas europeos ha utilizado en otras ocasiones para justificar que se discuta sobre la situación del Estado de derecho en un país europeo. Después, Rangel se enzarzó con otro eurodiputado portugués, Pedro Marques, de los socialdemócratas europeos, a raíz de unas palabras de Weber sobre el Gobierno luso.

Por otro lado, Siegfried Mureșan, también del PPE, pidió a los españoles que sigan protestando. “Si estáis presentes y sois visibles, ganaréis. Sacad la bandera de España y la europea, no estáis solos, aquí estamos con vosotros”, señaló el eurodiputado rumano. “Europa escucha y ve a los millones de ciudadanos que defienden el Estado de derecho en España porque es un valor europeo”, subrayó, recordando que en 2019 hubo un intento de amnistía por parte del Gobierno socialista rumano para sacar a su líder de prisión, donde cumplía condena por corrupción. “Fuimos a las calles y ganamos”, recordó Mureșan.

El debate bronco, con algunos momentos de tensión, fue una nueva muestra de que la tensión de la política nacional se está trasladando poco a poco a la Eurocámara, donde hasta hace pocos años los eurodiputados de partidos rivales mantenían una buena cooperación. Ya se esperaba que fuera a ser un debate muy pasional, hasta tal punto que Evelyn Regner, vicepresidenta del Parlamento Europeo, al inicio de la sesión, ha solicitado a los eurodiputados que respetaran el código de conducta de la Cámara.