Día clave para la huida de Puigdemont: la Justicia europea decide si respalda a Llarena

• La UE limita los motivos por los que Bélgica puede rechazar la entrega de Puigdemont

Tras un sinfín de quiebros por parte de los jueces belgas, el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, confía en que la Justicia europea avale este martes su actuación y allane el camino para poner fin a la huida de Carles Puigdemont.

La clave se encuentra en la resolución que notificará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En ella, el tribunal de Luxemburgo debe responder a las preguntas que Llarena le trasladó en febrero de 2021 sobre el alcance de las euroórdenes contra los líderes independentistas fugados. En concreto, sobre la que afectaba al exconseller Lluís Puig. Si el pronunciamiento del TJUE es favorable a los intereses del Supremo, pondría coto a los motivos por los que países como Bélgica pueden negarse a la entrega de Puigdemont en el futuro.

El laberinto de la Justicia europea, sin embargo, en ningún caso llegará a su fin con esta resolución. A falta de conocer si el TJUE respalda a Llarena, la defensa de Puigdemont seguiría contando con un as en la manga: el TJUE decidió devolverle de modo cautelar la inmunidad como eurodiputado en mayo de 2022. En los próximos meses, el TJUE debe decidir si el proceso por el que el Parlamento Europeo le retiró esta especial protección en marzo de 2021 fue justo, pero hasta entonces, el expresidente catalán está blindado frente a Llarena.

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El recurso que tanto Puigdemont como los también huidos Toni Comín y Clara Ponsatí interpusieron para recuperar su inmunidad de forma cautelar ha provocado un proceso paralelo ante los tribunales europeos. De esta manera, el posible espaldarazo del TJUE a las euroórdenes de Llarena este martes no entraría en su especial protección, sino que la misma aún debe resolverse de manera separada.

Puig, un caso distinto

La maniobra de Llarena de implicar a la Justicia europea se remonta a enero de 2021, cuando el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó entregar a Lluís Puig. Sus razones fueron dos: consideraba que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña era el órgano competente para la solicitud y alegaba que los derechos fundamentales de Puig no estaban garantizados, apuntando para ello a un informe de 2019 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

No conforme con esta decisión, Llarena decidió llevar la polémica hasta el TJUE para aclarar dos aspectos: por un lado, si la autoridad judicial encargada de ejecutar una euroorden puede negarse con base en un motivo que ni siquiera está recogido en las normas que rigen las mismas y, por otro, hasta qué punto cabe basar su decisión en apreciaciones sobre la competencia de la autoridad emisora o incluso en una supuesta vulneración de los derechos fundamentales.

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El abogado general de la Unión Europea, Richard de la Tour, ya emitió su opinión al respecto en julio y se alineó con Llarena: “Una autoridad judicial no puede denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en el riesgo de vulneración del derecho a un proceso equitativo de la persona reclamada si no se demuestra la existencia de deficiencias sistémicas o generalizadas que afecten al sistema judicial del Estado miembro emisor”, subrayó en su dictamen.

La opinión del abogado general de la UE no es vinculante para el TJUE, pero tiende a ser atendida por el mismo. Su informe sirve como un primer esbozo de la argumentación jurídica para facilitar el trabajo al organismo decisor. Si este sigue la misma línea, Llarena vería reforzada su postura a la hora de pedir la entrega.

La inmunidad de Puigdemont, aún pendiente

En cuanto al siguiente paso, el del procedimiento paralelo que sigue el TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí, el TJUE ya celebró la correspondiente vista el pasado noviembre. Durante la misma, la defensa señaló que había sesgos ideológicos por parte de quienes pilotaron el procedimiento: el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, de Ciudadanos, y el búlgaro Angel Dzhambazki, del mismo grupo que Vox.

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Frente a este razonamiento, el Parlamento Europeo se alineó completamente con la tesis de que el suplicatorio para levantar su inmunidad había sido limpio. "El Parlamento no podría identificar a un ponente supuestamente imparcial, porque todos los miembros del Parlamento tienen sus ideas políticas en cuestiones que les importan tanto como a los demandantes con la independencia de Cataluña", señaló el abogado de la Eurocámara.

Con ambas posturas sobre la mesa, el TJUE tomará una decisión al respecto en los próximos meses. Si esta es que el proceso del suplicatorio fue justo y los tres huidos de la Justicia española pierden la inmunidad, entonces Llarena podría reactivar las euroórdenes. Aquí es donde el caso Puig se conecta con el de Puigdemont. Si este martes el TJUE considera que las autoridades españolas llevan la razón y que las belgas han aplicado mal las euroórdenes, las posibilidades de éxito para lograr la entrega del expresidente catalán aumentarían.