Andalucía y Valencia maniobran para sofocar el malestar de los sanitarios y evitar la huelga

El eco de la manifestación que llenó Madrid de personas en protesta por la situación de la sanidad pública resuena en los dos grandes bastiones regionales de PSOE y PP. En Andalucía, Juanma Moreno intenta granjearse el apoyo de los sindicatos mayoritarios. O al menos no ganarse su rechazo, ya que tiene en el horizonte cercano, el sábado, la protesta que la marea blanca ha situado en la misma puerta de San Telmo. En Valencia, Ximo Puig ha ido capeando cada temporal con más o menos éxito, pero la chispa madrileña ha encendido las reivindicaciones de los facultativos. El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM ya plantea la posibilidad de una huelga que no ha encontrado apoyos en el resto de centrales por el momento.

El presidente andaluz convocó el viernes pasado la mesa del diálogo social para este lunes. Lo hizo cuando han pasado más de nueve meses desde la última reunión con los líderes de UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). De por medio, Moreno ganó por mayoría absoluta y armó un Gobierno monocolor que ya ha cumplido 100 días y está a punto de sacar adelante su primer presupuesto en solitario. El encuentro se produce a pocas horas de una protesta que no tendrá los números de la registrada en la capital, pero que preocupa en el equipo del malagueño.

TE PUEDE INTERESAR

Fin al exceso de citas e incentivos a los MIR: nuevas ofertas de Ayuso para acabar con la huelga de médicos

EFE

Moreno sabe el peligro que supone para un Gobierno que el descontento sanitario contagie al conjunto de la población. En San Telmo, se han mostrado críticos con la gestión que ha hecho Isabel Díaz Ayuso de las protestas de sus médicos y por eso insisten en su apuesta por el diálogo. "Respetamos todas las protestas", advirtió el martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, que después glosó los datos que el Gobierno del PP utiliza para defenderse de los ataques: presupuesto récord, con más de 13.800 millones de euros en 2023, aumento de las retribuciones y crecimiento inédito de la plantilla, con 125.000 trabajadores en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y picos de 130.000 en momentos concretos.

Estos datos no son incompatibles con que casi el 10% de los trabajadores sanitarios, 12.000 concretamente, tiene fecha de caducidad en sus contratos. Y no está lejos, ya que se trata de los profesionales incorporados como refuerzo para el covid, pero que los sindicatos reclaman que sean estructurales. El 31 de diciembre es la fecha límite, pero la Consejería de Salud y Consumo, que dirige Lina García, está en negociaciones en la mesa sectorial, donde están precisamente UGT, CCOO y otros sindicatos como CSIF, el Sindicato Médico y Satse. La Junta asegura que tiene intención de mantener a estos empleados en plantilla, pero no aclara si durante todo 2023 o con un contrato de seis meses.

Moreno negocia con los sindicatos mantener 12.000 sanitarios de refuerzo covid y Puig ha hecho estructurales a 6.000 de 9.000 que tenía

La marea blanca, que ha convocado la marcha del próximo 26 de noviembre en Sevilla (y el resto de capitales), está formada por UGT y CCOO, pero también por los partidos de izquierda, como el PSOE, IU y Podemos. El líder de la oposición, Juan Espadas, acudirá a la marcha de la ciudad hispalense "a título personal", explican desde la cúpula socialista. Esto significa que no se espera una pancarta con la marca del puño y la rosa, pero se da por hecho que las fuerzas de izquierda animarán la protesta para que sea un éxito. La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, recordó a esta redacción que ya hubo unas grandes manifestaciones sanitarias en Andalucía el pasado febrero, con más de 70.000 personas en la calle. El mensaje que se destila de las fuerzas de izquierda es en cierto modo prudente e incluye siempre un matiz para recordar que la marcha de este sábado en la comunidad andaluza no será tan numerosa como la de Madrid.

El Gobierno de Juanma Moreno se ha afanado en sus casi cuatro años de trayectoria en apagar el descontento social. Tienen en la memoria el recuerdo de las marchas sanitarias que erosionaron al último Ejecutivo socialista, con Susana Díaz al frente. Entonces, se produjo el contagio de los profesionales a la ciudadanía que ahora quiere evitar el líder popular. Sobre todo si se tiene en cuenta que España afronta un periodo de alta frecuentación de las urgencias, que recibirán la presión de la epidemia de gripe, los retazos del covid y la nueva amenaza que provoca la bronquiolitis, que ha llenado los centros de salud de niños de corta edad. La última oleada de covid, en el paso de 2021 a 2022, generó precisamente esa sensación de saturación en los centros de salud que sirvió de caldo de cultivo para las protestas del pasado febrero.

Más allá de estos problemas estacionales, Andalucía comparte el mal endémico con el resto del país que supone la falta de médicos de familia. Las bolsas de facultativos para estas categorías están vacías en el SAS y en la Junta admiten la dificultad de atraer a más médicos, a pesar de las mejoras en la contratación que puso en marcha el Gobierno del PP y Cs en la pasada legislatura. Entre esas mejoras, destaca el acuerdo alcanzado por Moreno con los sindicatos sanitarios para extender el complemento de la carrera profesional y otras medidas para colectivos como las enfermeras de hospital. La firma se produjo el día antes de la convocatoria electoral, a finales de abril, lo que da cuenta de la relevancia que da el Ejecutivo andaluz a aplacar el descontento de los profesionales sanitarios, que son más de un tercio de todos los empleados públicos de la Junta.

Una solución "a la cántabra" en Valencia

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM, el más representativo entre el colectivo de facultativos en la sanidad valenciana, ha comenzado a elevar el tono a raíz de las protestas que ha habido en la Comunidad de Madrid o en Cantabria por la situación de la atención primaria. Esta organización sostiene que la problemática es común en el conjunto de las autonomías y no descarta impulsar movilizaciones si la Conselleria de Sanidad no atiende sus reivindicaciones.

El sindicato ha lanzado una encuesta digital entre sus afiliados (unos 800, según sus cifras) en la que el 89% se muestra partidario incluso de secundar una huelga, si bien, por ahora, otras organizaciones con representación en la comunidad sanitaria, como UGT, CCOO, CSIF o Satse no se plantean este tipo de medidas.

TE PUEDE INTERESAR

Ximo Puig completa la crisis de Consell con un médico para gestionar la pospandemia

Víctor Romero. Valencia

El secretario general del CESM-CV, Víctor Pedrera, señaló a El Confidencial que tiene previsto remitirle una carta este miércoles al conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, para solicitarle una reunión antes de poner en marcha las movilizaciones con el fin de tratar de encontrar soluciones a lo que considera una situación de “colapso” de la atención primaria. “La pandemia ha desnudado problemas crónicos. La situación actual es igual o anterior que antes de que llegase el covid y los médicos están muy quemados”, señala.

Los facultativos apuntan al acuerdo que ha servido para desactivar la huelga en Cantabria como una vía a seguir también en la Comunidad Valenciana. Especialmente, señalan la decisión de topar o limitar a 35 el número de pacientes que puede atender a diario un médico o pediatra en un centro de salud, sumando citas previas, visitas domiciliarias o urgencias. Los médicos admiten que no siempre se supera actualmente esa cifra en todas las áreas de atención primaria, pero sostiene que generaría previsibilidad, y proponen dar cobertura a las listas de espera que pudieran generarse con el tope a través de horas extra voluntarias, que se pagarían aparte a aquellos profesionales que quisieran asumirlas.

El sindicato quiere, además, que las 1.000 plazas nuevas que Sanidad ha anunciado que se crearán el año que viene sean íntegramente para médicos, especialistas en medicina de familia y pediatría. Pedrera sostiene que el déficit de profesionales que hay no es por falta de demanda, sino porque no se generan las condiciones laborales para atraer médicos. Poder obtener una plaza fija en el sistema público, dice, es un elemento de atracción. “Se tardarán tres meses o seis, pero las plazas al final se cubrirán”, señala el secretario del CESM. Recuerda, además, que el director general de Salud de Cantabria que ha firmado el acuerdo es Rafael Sotoca, quien ocupó el mismo cargo en la Conselleria de Sanidad durante la etapa de Carmen Montón como consellera.

La Generalitat, que preside el barón socialista, ha logrado hasta ahora ir apagando los incendios en el ámbito sanitario, en el que, antes y después del estallido de la pandemia, eran habituales las crisis, que pueden llegar por una proliferación de gripe que sature las urgencias o por bajas de especialistas en hospitales comarcales que obliguen a suspender tratamientos. Tras el covid, la Conselleria de Sanidad, que sostiene que está abierta al diálogo con las organizaciones sindicales, recuerda que, al contrario que autonomías como Madrid o Andalucía, optó por crear más de 6.000 nuevas plazas tras hacer un análisis de necesidades con el fin de mejorar la atención y dar a los sanitarios contratados por la pandemia la oportunidad de consolidar su relación laboral. “De las 6.008 plazas creadas, 1.142, el 19%, son de médicos”, señalan fuentes del departamento de Mínguez, que destacan que ninguna otra autonomía “ha aumentado plazas estructurales de la plantilla y en esta cantidad tras la pandemia”.

El tope de 35 pacientes diarios por médico de familia es uno de los objetivos que el Sindicato Médico reclama en Valencia para evitar la huelga

Sobre las ratios en atención primaria, que los médicos quieren topar, Sanidad sostiene que con las nuevas plazas se quedarían en 1.328 pacientes por médico de familia y 768 niños por pediatra en las consultas de primaria, por debajo de las cifras recomendadas de 1.500 y 1.000. Sobre la reivindicación del Sindicato Médico de asignar todas las nuevas 1.000 plazas a médicos, afirman que también son necesarios enfermeros y auxiliares y deslizan que los facultativos no están teniendo una visión global del sistema, sino exclusivamente de lo que les atañe a ellos como colectivo.