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La atención primaria colapsa y pone la puntilla a un modelo sanitario agotado
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La sanidad, a examen

La atención primaria colapsa y pone la puntilla a un modelo sanitario agotado

El sistema está al límite aquejado por la jubilación de profesionales y la falta de médicos por los bajos sueldos. La huelga de Madrid, foco de la crisis, se repite en Cantabria y se barrunta en Navarra y Aragón

Foto: Manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid. (Getty/Europa Press/Alejandro Martínez Vélez)
Manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid. (Getty/Europa Press/Alejandro Martínez Vélez)
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Las costuras de la sanidad pública han saltado por la atención primaria. El foco está en la Comunidad de Madrid, donde la reorganización de las urgencias extrahospitalarias ha provocado un maremoto, pero muchos de los problemas de los centros de salud son comunes a los ambulatorios y consultorios de todo el país. La jubilación de los profesionales que armaron el sistema, allá por los años 80, se une a la falta de médicos, ya que muchos han buscado fuera de España mejores condiciones laborales. Y a ese cóctel hay que sumar el envejecimiento de la población y la necesidad de reformar un modelo que ya daba signos de agotamiento antes de la pandemia y que hoy está a punto de estallar.

La gestión de Isabel Díaz Ayuso acapara toda la atención, a pesar de que la presidenta madrileña achaca la crisis a una campaña política de la izquierda. El Colegio de Médicos, sindicatos y sociedades científicas de la comunidad han cifrado en 480 el número de profesionales que serían necesarios para un funcionamiento óptimo de los 80 centros de urgencias que se reabrieron a finales de octubre y que han provocado una crisis en el Gobierno autonómico. El plan del Ejecutivo autonómico cuenta ahora mismo con 210, pero hay una guerra de cifras constante.

Foto: Una protesta de médicos en el hospital Nuestra Señora de La Candelaria de Tenerife. (EFE/Ramón de la Rocha)
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La propia presidenta de la Comunidad de Madrid insistió este jueves en la idea de que todo el ruido generado desde hace días es fruto de un boicot contra Madrid a las puertas del ciclo electoral. De hecho, trató de limitar los problemas en los denominados puntos de atención continuada (PAC) a la ausencia de 34 médicos en determinados centros, en alusión al plan de consultas telemáticas propuesto por la Consejería de Sanidad, que prevé dejar sin facultativos a ese número de espacios, tal y como trasladó la semana pasada a los sindicatos. "¿34 médicos dan para una huelga, un boicot y manifestaciones?", dijo la dirigente durante el pleno de la Asamblea, que lleva días acusando al Gobierno de Pedro Sánchez y a Más Madrid de instigar las protestas. También están convocados a la huelga más de dos mil profesionales del Summa 112 y de las urgencias de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.

No es la primera vez que un cambio en el modelo organizativo de su sistema de salud pone a un Gobierno regional contra las cuerdas. En 2017, Susana Díaz tuvo que cambiar al consejero del ramo en un intento por aplacar las protestas de profesionales sanitarios. La chispa que encendió esas movilizaciones, que sacaron a decenas de miles de personas a las calles, fue la reorganización de la atención hospitalaria que puso en marcha la hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era titular de Salud en Andalucía. Hay consenso entre los analistas al afirmar que ese descontento fue uno de los motivos que acabaron con el PSOE fuera de la Junta en las elecciones de 2018 después de 37 años en el poder.

Huelga en Cantabria y Navarra

El problema organizativo que ha desembocado en una huelga entre los profesionales sanitarios de la atención primaria en Madrid es un añadido a ese mal endémico que sufre la atención primaria en todo el país y que tiene en la falta de profesionales a su principal problema. El paro de la capital también se desarrolla en Cantabria y está previsto en Navarra, a pesar de que no son precisamente las comunidades donde el gasto en primaria es menor. En ambos casos le dedican un porcentaje de sus presupuestos sanitarios por encima de la media estatal (14,5% y 15% frente al 13,9% del conjunto del país).

Los médicos cántabros comenzaron el pasado lunes su paro en protesta por las condiciones en las que trabajan. En las manifestaciones se oyeron quejas porque hay jornadas en las que un médico de familia atiende a 60 pacientes por jornada. La propuesta de los sanitarios es que se tope en un máximo de 35 consultas al día, con un mínimo de 10 minutos para cada uno. En Aragón, donde comparten la misma queja, todavía no han puesto fecha al paro, pero los profesionales amenazan con hacer lo propio.

En Navarra han convocado la huelga para febrero, pero el Sindicato Médico no descarta adelantar la fecha si las negociaciones con el Gobierno de la socialista María Chivite encallan. Junto con la saturación, los facultativos navarros se quejan de que se están cubriendo las bajas con la contratación del personal ya en plantilla fuera de su horario laboral, una práctica que no era habitual, pero que, aseguran, se ha generalizado.

Voluntarios en Andalucía

Esta fue la fórmula que utilizó el Gobierno andaluz para atajar la crisis que generó la última gran oleada de covid, a principios del año pasado. El entonces titular de Salud, Jesús Aguirre, convenció a unos 2.800 facultativos para doblar sus jornadas laborales —a cambio de un complemento— para cubrir las vacantes. Con esta idea, la Junta intentó cubrir uno de los problemas crónicos de la atención primaria, la falta de médicos en las bolsas de trabajo. Con este objetivo también ha hecho contrataciones de galenos de fuera de la UE, aunque para ello tienen que pasar por un proceso de homologación de sus conocimientos.

La Consejería andaluza de Salud admite que hoy en día no tienen facultativos en cartera. Solo hay que recordar que todos los médicos contratados para los refuerzos covid que han querido se han quedado en la sanidad pública andaluza. Todavía quedan 12.000 de estos profesionales, muy pocos de ellos médicos, que no saben qué ocurrirá con su futuro, aunque la Junta asegura que su intención en mantenerlos en la plantilla.

Lo concretarán con los sindicatos en una reunión que se celebrará en los próximos días. En cualquier caso, no se esperan las protestas registradas en 2021 después de que Juanma Moreno, poco antes de las elecciones del pasado junio, alcanzase un acuerdo para mejorar los sueldos de más de 90.000 de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que cuenta con una plantilla de unos 120.000 trabajadores.

Foto: Un asistente a una de las manifestaciones convocadas en Madrid en defensa de la Sanidad pública. (EFE/Fernando Villar)

En la mayoría de las comunidades, muchos de estos trabajadores de refuerzo se han incorporado para ir cubriendo las necesidades. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, han sido renovados hasta el 30 de junio de 2023 mientras el departamento regional de salud estudia las necesidades que hay para hacer estructurales a los profesionales que necesiten. Esta labor ya la han adelantado en Valencia, donde han mantenido a 6.000 de los 9.000 empleados públicos que estuvieron contratados en 2022.

Calma en Valencia

El Consell valenciano que preside el socialista Ximo Puig vivió tensiones con el colectivo médico durante los peores meses del covid. Los grupos más combativos, como el agrupado en torno al Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM, incluso recurrieron a los tribunales para reclamar compensaciones económicas por los contagios. Arrancaron tras sentencias en primera instancia a su favor, pero el Tribunal Superior de Justicia las ha tumbado argumentando que la Conselleria de Sanidad no podía prever la pandemia y dentro de sus posibilidades hizo los esfuerzos por proporcionar material de protección a los sanitarios, informa Víctor Romero.

Superada la pandemia, la sanidad valenciana ha aflorado también los problemas comunes al sistema nacional de salud, como atascos en el área de primaria o retrasos en las listas de espera. Con el fin de apaciguar ánimos y reconciliarse con los sanitarios, Puig aprovechó el nombramiento de la consellera Ana Barceló como portavoz socialista en las Cortes para encargar la gestión de la pospandemia a Miguel Mínguez, un médico sin experiencia en gestión política, pero respetado entre sus colegas del sistema valenciano.

El Foro de Atención Primaria y el sindicato médico CESM insisten en que el principal problema de la atención primaria es la falta de médicos. Mínguez ha retomado planes de su antecesora, como la revisión de necesidades y la creación de más 6.000 plazas estructurales, tanto de facultativos como de enfermería y otros servicios, que han servido para dar opción de reincorporación a los sanitarios que se contrataron para reforzar plantillas durante el covid. Por ahora, se han cubierto ya 5.166 plazas y hay otras 850 en fase de tramitación.

Foto: Ximo Puig y la 'consellera' valenciana de Sanidad, Ana Barceló. (EFE/Kai Försterling)

Mínguez ha presupuestado casi 1.000 plazas más para 2023 para tratar tanto la demora quirúrgica como la de las pruebas complementarias, la de la atención primaria y la de la atención especializada. Del mismo modo, se ha anunciado un plan de choque en colaboración con la sanidad privada implantada en la Comunidad Valenciana para traspasar la atención cuando las listas de espera superen los dos meses.

Sanidad asegura que está negociando con los profesionales el nuevo plan de primaria. “Se está ejecutando con ellos. Hay 15 grupos de trabajo en los que están participando”, señalan. Por ahora no se percibe el nivel de beligerancia y malestar que ha provocado el plan de la Comunidad de Madrid y que ha llevado a los médicos a organizar huelgas y enfrentarse con la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La necesaria "refundación"

La paradoja es que esta situación se produce cuando las plantillas sanitarias son las más numerosas de la historia del sistema, gracias a varios años de crecimiento económico y presupuestos expansivos en todas las comunidades. Según los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, en 2021 había 29.601 médicos de familia en los equipos de atención primaria del país. Una década antes eran 24.224, por lo que se ha registrado un crecimiento del 22% a pesar de que hubo una crisis económica y financiera por medio que dejó raquíticas las tasas de reposición de profesionales. "En esa época no se crearon las plazas MIR necesarias", lamenta Joan Carles March, experto en Salud Pública y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).

Este médico catalán afincado en Granada, considera que la primaria está "muy tocada" porque no se está produciendo la reposición de "los médicos que la generaron, hace 35 años". "La gente se quiere ir al hospital a investigar, no estar en un constante de ver a 30 o 40 pacientes al día", explica March. Pilar Terceño, presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc), admite que la situación "no es una sorpresa". "A corto plazo no hay ninguna solución, no puedes inventarte a los médicos", sentencia esta facultativa.

Terceño tiene claro que la solución es "pagar lo que están pagando fuera", tanto en otros países como en la medicina privada. Aunque hay que tener en cuenta que hay diferencias llamativas dentro de España. Y no solo hay que tener en cuenta el sueldo, apunta esta médica, que recuerda que en Andalucía "se siguen haciendo contratos por meses". Terceño también sugiere otras ideas que servirían para fijar a los potenciales médicos, como facilitar la acogida en el centro de salud asignado a los trabajadores que lleguen de otra localidad.

Joan Carles March apunta en este mismo sentido y pone el foco fuera de las capitales y las grandes ciudades. "En los centros de salud de las zonas rurales y en los hospitales comarcales lo están pasando mal", lamenta el profesor de la EASP, que apunta a la necesidad de "refundar" el modelo para incorporar a nuevos profesionales, como trabajadores sociales, fisioterapeutas o psicólogos en los centros de salud. "Lo ideal es que haya una estrategia global, pero es cierto que tenemos la sanidad transferida", señala este médico, que reconoce la dificultad de afrontar reformas estructurales en un país "cada vez más polarizado".

Las costuras de la sanidad pública han saltado por la atención primaria. El foco está en la Comunidad de Madrid, donde la reorganización de las urgencias extrahospitalarias ha provocado un maremoto, pero muchos de los problemas de los centros de salud son comunes a los ambulatorios y consultorios de todo el país. La jubilación de los profesionales que armaron el sistema, allá por los años 80, se une a la falta de médicos, ya que muchos han buscado fuera de España mejores condiciones laborales. Y a ese cóctel hay que sumar el envejecimiento de la población y la necesidad de reformar un modelo que ya daba signos de agotamiento antes de la pandemia y que hoy está a punto de estallar.

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