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El Gobierno cede y ofrece modificar los tres decretos para atar los apoyos de sus socios
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Votación en el Congreso

El Gobierno cede y ofrece modificar los tres decretos para atar los apoyos de sus socios

A escasas horas para la votación del decreto de ahorro energético, el de coordinación ante incendios y autónomos, el Ejecutivo plantea a sus aliados tramitarlos como proyectos de ley

Foto: La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE/Chema Moya)
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE/Chema Moya)

De negarse a mover una sola coma durante semanas, a aceptar cambios 24 horas antes de que el real decreto-ley de medidas de ahorro energético llegue al pleno del Congreso. De destacar las medidas en materia de energía, a centrarse en las propuestas sobre becas y ayudas que recoge este decreto ómnibus. Y de desgastar a Alberto Núñez Feijóo por la amenaza de rebeldía de Isabel Díaz Ayuso, a centrar en el líder del PP todas las críticas, alertando de las graves consecuencias sociales de que vote contra esta norma.

Estas son algunas de las etapas del viaje emprendido por el Gobierno desde la aprobación de esta norma en Consejo de Ministros, el 1 de agosto, hasta la votación en pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados, este jueves. Y, según distintas fuentes parlamentarias, en esta travesía el Ejecutivo se ha visto obligado a autoenmendarse, para pasar a ofrecer que los tres reales decretos que deben ser convalidados sean tramitados como proyectos de ley.

Su objetivo era claro, según estas fuentes: salvar la votación del decreto de ahorro. Hoy, nadie asegura que finalmente se opte por esta vía, pero sí consideran que se trata del escenario más probable, al menos en lo que toca al real decreto de ahorro.

Foto: Aitor Esteban, en una imagen de archivo. (EFE/Chema Moya)

Las tres normas que se votan este jueves son el decreto energético, el de coordinación ante incendios y el que reforma el régimen de los trabajadores autónomos (que previsiblemente también se tramitará como proyecto de ley). Con este movimiento, el Ejecutivo ha pasado de negarse a modificar estas normas, a abrirse a que puedan ser enmendadas y, por tanto, puedan realizarse añadidos, sin que las medidas que ya están en vigor decaigan.

Tradicionalmente, por el propio carácter teóricamente urgente del real decreto, cuando el Gobierno remite una de estas normas a la Cámara, suele estar interesado en que esta sea ratificada lo antes posible, y son los socios quienes acostumbran a reclamar que se tramite como proyecto de ley, para poder hacer aportaciones. Hay varios precedentes en la legislatura, como puede ser el primer decreto de medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania, finalmente tramitado como proyecto de ley.

Foto: La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. (EFE/ David Arquimbau Sintes)

La novedad es que, en este caso, y aunque el Gobierno aseguró desde el primer minuto que esperaba contar con los socios parlamentarios habituales, hasta hace escasos días no existía certeza alguna de que la norma pudiera salir adelante, como reconoció el martes la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. En la tarde del martes, formalmente solo PNV, Más País y Compromís habían dejado claro que votarán a favor (si bien la formación jeltzale rechazará su tramitación como proyecto de ley).

ERC y Bildu han sugerido que no votarán en contra, que comparten buena parte de estas medidas, y hasta han llegado a celebrar que el Gobierno les permita aportar propuestas y mejorar esta norma: "No sería la primera vez que se presenta algo sin posibilidad de abrirlo", afirmaba el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián. Estas fuerzas no recibieron la llamada del Ejecutivo para negociar hasta la semana pasada; el PNV debió esperar hasta la mañana de este miércoles.

Foto: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños (d) y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas (i). EFE/Zipi

Horas después de esta comunicación, anunció su voto a favor y exigió como contrapartida que el Gobierno tenga en cuenta sus propuestas de cara a la aprobación del plan de contingencia que debe elevar a Bruselas, del que este decreto sirve como una suerte de avanzadilla. ERC y Bildu reclamaron, además de esa capacidad de enmendar esta norma, convertir en "estructurales" las medidas "temporales" y "coyunturales" que recoge.

Y todos criticaron las formas de un Ejecutivo que apenas se abrió a aceptar modificaciones con algunos de sus aliados escasas horas antes. Públicamente, si bien hubo un guiño de la ministra portavoz, el martes, hubo que esperar a que Teresa Ribera y Raquel Sánchez, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y la ministra de Transportes, respectivamente, abrieran esta vía en sendas entrevistas televisivas, durante la mañana del miércoles.

Foto: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al comité de dirección del partido. (EFE/PP/Tarek)

Todo, para garantizar un proyecto que el Ministerio de Transición Ecológica ha ido batallando argumentalmente en las últimas semanas. A las críticas sobre la falta de diálogo previo a la aprobación del decreto, Ribera respondió convocando una reunión técnica con las comunidades autónomas, responsables de controlar su aplicación, para después virar y convocar otra de carácter más político, ante las críticas.

Entonces no había cambios posibles, y la vicepresidenta criticó que las cinco comunidades gobernadas por el PP se limitaran a intentar tumbar el real decreto, sin aportar propuestas ni plantear dudas. El único marco posible para incorporar propuestas, además, era el propio plan de contingencia. Entre medias, Ribera ha reconocido que no hubo más diálogo porque tuvieron escasos días de margen desde la reunión en Bruselas el 26 de julio hasta el Consejo de Ministros del 1 de agosto. También ha ensalzado el trabajo del Gobierno vasco, en manos del PNV, el único que ha aportado propuestas concretas, según la vicepresidenta.

Foto: La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera. (EFE/Chema Moya)

Además, donde antes el Ejecutivo destacaba fundamentalmente el "sentido común" de las medidas de ahorro, los ministros han ido virando, para centrarse en advertir de los daños sociales que infligiría no aprobar este decreto ómnibus, sea a los estudiantes, a los transportistas o a los usuarios de trenes de cercanías. Hasta en lo que respecta al PP han mutado sus posiciones.

Hasta la fecha, las críticas iban dirigidas a destacar la falta de liderazgo de Feijóo, atropellado y opacado por la agresiva respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid frente a este decreto. En los últimos días, por contra, se han centrado en la actuación "obstruccionista" y "negacionista" del líder de los conservadores, en lo difícil que tendrá explicar su rechazo a las medidas que contiene esta norma en materia de becas o ayudas. La propia Ribera ha llegado a responder al PP que, quienes sí pueden llegar a necesitar "cartillas de racionamiento energético" son Alemania o Austria, por su mayor dependencia del gas ruso.

Foto: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez. (EFE/Mariscal)
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El Gobierno ha ido endureciendo posiciones, criticando al PP por instalarse en el rechazo a todas sus medidas, mientras los conservadores también subían el tono. El Ejecutivo, que les interpela públicamente todos los días para que apoyen el decreto, no ha llegado a llamarles para tratar sobre esta norma, como sí ha hecho con Ciudadanos. Tampoco ha hecho falta: en el PP se autoexcluyeron con su rechazo a la norma, sostienen, y los ministros se han servido de ello para erosionarlos.

Mientras tanto, distintas voces en Unidas Podemos pedían a su socio de gobierno que asuma que el PP no tiene interés alguno en firmar nada que no sean acuerdos acotados y puntuales. El socio minoritario lamentaba este miércoles los esfuerzos del PSOE por arrastrar al PP y sacarlo de sus posiciones, y le reclamaba que se centre en la mayoría de la investidura.

Foto: Teresa Ribera en el Congreso, en una imagen de archivo. EFE/ Javier Lizón

Es la mayoría que, como reconocía el portavoz del PSOE, Patxi López, previsiblemente hará posible este decreto. Y es la misma mayoría que necesitarán si quieren sacar adelante los presupuestos para 2023, que deberían aterrizar en la Cámara en poco más de un mes.

Para Unidas Podemos, no tiene sentido seguir tensionando a los socios parlamentarios con negociaciones in extremis, y menos en los primeros compases de un curso político que ni siquiera ha comenzado formalmente.

De negarse a mover una sola coma durante semanas, a aceptar cambios 24 horas antes de que el real decreto-ley de medidas de ahorro energético llegue al pleno del Congreso. De destacar las medidas en materia de energía, a centrarse en las propuestas sobre becas y ayudas que recoge este decreto ómnibus. Y de desgastar a Alberto Núñez Feijóo por la amenaza de rebeldía de Isabel Díaz Ayuso, a centrar en el líder del PP todas las críticas, alertando de las graves consecuencias sociales de que vote contra esta norma.

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