El Gobierno recorta su previsión de PIB para 2023 y sube un 1,1% el techo de gasto

Los riesgos económicos previstos al inicio de la guerra en Ucrania se han materializado durante los últimos meses, lo que ha provocado una desaceleración que ha obligado al Gobierno a revisar a la baja su previsión de PIB para el año 2023. El año 2022 resistirá gracias a la intensa recuperación del turismo, las exportaciones y la inversión, pero el próximo año será menos dinámico de lo esperado, y eso que las previsiones ya apuntaban a una brusca desaceleración de la actividad. El Gobierno prevé que el PIB crezca un 4,3% este año y que se frene hasta el 2,7% en 2023. Esto es casi un punto menos (ocho décimas) de su previsión incorporada al Programa de Estabilidad elaborado en abril.

En este difícil contexto, el Gobierno está preparando los presupuestos generales del Estado para el próximo año con el objetivo de reducir el déficit público manteniendo al mismo tiempo la expansión fiscal. En otras palabras, aumenta el gasto, pero a un ritmo inferior al de la recaudación, de modo que el déficit total se reduce. El Consejo de Ministros ha aprobado un techo de gasto de 198.221 millones de euros (incluyendo los fondos europeos), lo que supone un nuevo récord histórico con un crecimiento del 1,1% respecto al año 2022. Este techo de gasto no incluye el gasto en pensiones, ya que esa partida la sufraga la Seguridad Social, pero sí la transferencia que hace el Estado para cubrir los denominados gastos impropios del sistema, y que en 2023 asciende a casi 20.000 millones de euros.

Este techo (técnicamente límite de gasto no financiero) será de 173.065 millones de euros si se descuentan los recursos procedentes de la UE para el plan de recuperación, lo que supone un mayor crecimiento de los recursos 'nacionales', del 1,9%. Esta cifra implica "alcanzar una cifra récord, pero ello no impedirá que sigamos reduciendo nuestro déficit", ha explicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En esta cifra de gasto del Estado, de 173.000 millones de euros, el Gobierno tiene que encajar también el incremento del gasto en defensa.

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Esta contención del gasto público debería permitir a España reducir el déficit público hasta el 3,9% del PIB, un descenso del 1,1 puntos del PIB respecto a la previsión de cierre para este ejercicio. Esta reducción del déficit estará impulsada por el crecimiento de la recaudación y del PIB nominal gracias a la inflación y la recuperación económica. De hecho, a pesar de la revisión a la baja del PIB para 2023, el elevado ritmo de la recaudación permite al Gobierno mantener la senda de ajuste presentada a Bruselas en el Programa de Estabilidad. Esto significa que la inflación debería compensar el efecto negativo de un crecimiento en desaceleración.

Calviño ha explicado que, a pesar del "shock' exógeno", la economía española apunta a "un fuerte crecimiento económico", con un "excelente comportamiento del mercado de trabajo" y la "recuperación de la inversión". Calviño ha recordado que todos los países y organismos están revisando a la baja las previsiones económicas, pero que España será una de las economías más dinámicas en este año 2022. También es uno de los países que más retrasado va en su recuperación, de modo que es comprensible que esté recortando algo de terreno respecto a sus competidores.

Aunque la revisión a la baja de la previsión de crecimiento para el año 2023 sea consecuencia de "la injustificada invasión de Ucrania", la realidad es que el indicador que ha recortado el Gobierno es el del consumo de las familias. Este escenario de pérdida de poder adquisitivo e incertidumbre está provocando un pobre comportamiento del gasto de las familias. De hecho, el consumo privado ya sufrió una inesperada contracción en el inicio del año, lo que indica que los hogares están optando por la prudencia en esta fase de la crisis. Economía ha recortado su previsión de crecimiento del consumo privado del 4,1% al 3% para este año y extiende las malas noticias a 2023 con un incremento del 2,5% frente al 2,7% proyectado en el Programa de Estabilidad.

A pesar del recorte del 'cuadro macro', el Gobierno se sitúa en la franja de previsiones más optimistas de todo el consenso de mercado. Por ejemplo, el FMI ha actualizado también este martes su previsión, con una importante bajada para 2022 y 2023, situándolas en el 4% y el 2% respectivamente. La Comisión Europea prevé un crecimiento del 4% para este año y del 2,1% en 2023; ambos por debajo de la cifra del Gobierno. El Panel de Funcas, que incorpora varias de las principales casas de análisis privadas, estima un crecimiento del 4,2% en 2022 y del 2,5% en 2023. En cualquier caso, todas estas cifras cambiarán la próxima semana, ya que el INE publica el dato adelantado del PIB del segundo trimestre del año el viernes día 29 de julio.

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Nada ha adelantado el Gobierno respecto a las medidas fiscales anticrisis que están vigentes actualmente, como la subvención a los combustibles, el descuento en los abonos transporte o la ayuda directa a los hogares vulnerables. Lo que sí ha explicado Montero es que la Administración central cederá dos décimas adicionales de déficit a las comunidades autónomas respecto al plan inicial. En 2023 seguirá vigente la suspensión de las reglas fiscales, pero, en la tasa de referencia que determina el ministerio (nivel que no es de obligatorio cumplimiento, sino una guía), marcará un déficit del 0,3% del PIB. Ese déficit sale de la Administración central que, sin embargo, acapara la mayor parte del desequilibrio.

Hacienda estima que la Administración central tendrá 3,2 puntos del PIB de déficit de los 3,9 puntos previstos para el conjunto de administraciones públicas. La Seguridad Social contará con un nivel de referencia de 0,5 puntos. Y eso a pesar de la histórica transferencia que recibirá del Estado y que asciende a 19.888 millones de euros para cubrir el déficit del sistema (los denominados gastos impropios). Ni con esas consigue el Gobierno eliminar el déficit de la Seguridad Social, ya que el gasto se disparará en unos 15.000 millones de euros en 2023 para cubrir la revalorización de las pensiones con el IPC.

Con la aprobación del techo de gasto y la comunicación a las comunidades autónomas de la referencia del déficit, el Ministerio de Hacienda pone en marcha el ciclo para la elaboración de los presupuestos para 2023. Esta misma semana reunirá al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para informar a las CCAA sobre los niveles de déficit y la liquidación del sistema de financiación. Ahora comienza el plazo para la negociación dentro del Gobierno y con sus socios externos para cerrar el proyecto de los PGE.