El Gobierno tensiona a los socios desde el inicio del curso y deja en sus manos el decreto energético

La ausencia de diálogo previo ha sido el reproche compartido entre todos los aliados parlamentarios del Gobierno durante la legislatura, y la votación del real decreto-ley de medidas de ahorro energético no tiene visos de ser una excepción. En pleno arranque del curso político, con buena parte de sus dirigentes y portavoces trabajando aún a medio gas tras el parón estival, los grupos parlamentarios deben votar este jueves el decreto que impone la temperatura de 27 grados para los aires acondicionados de distintos establecimientos o el apagado de los escaparates a partir de las 22:00 (medidas que anticipó El Confidencial).

Menos de 48 horas antes, al mediodía del martes, el Ejecutivo reconocía no contar aún con los apoyos suficientes. Solo tenía "constancia", en palabras de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, de la oposición del Partido Popular a esta norma, que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso amaga con recurrir ante el Tribunal Constitucional desde hace varias semanas.

Y, aproximadamente a la misma hora en la que la ministra portavoz decía que estaban "ultimando" las negociaciones con todas las fuerzas de la Cámara Baja, desde el grupo del PNV aseguraban no haber tenido contactos con el Ejecutivo sobre esta materia concreta. Ni siquiera les habían preguntado por esta votación, aseguraban. El Gobierno del lendakari Iñigo Urkullu se ha posicionado entre los críticos con el fondo y, sobre todo, con las formas del Gobierno central en los momentos posteriores a la aprobación de estas medidas, el 1 de agosto, si bien el grupo parlamentario no ha querido desvelar aún el sentido de su voto.

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Hace apenas tres semanas, el diagnóstico sobre la votación era más optimista, y el Ejecutivo ha ido virando su discurso por este motivo. ERC, otro de los socios clave, también ha criticado la improvisación del real decreto. No quieren anticipar qué votarán, pero los republicanos sí reconocen estar conversando con el Ejecutivo. Como ellos, Bildu, Compromís o Más País también han tenido contactos con el grupo socialista o con la Moncloa.

Bildu, como ERC, no desvela qué votará, pero da algunas pistas: dice compartir la necesidad "de reducir el consumo energético", tanto por la situación generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia como por la "emergencia climática", por una cuestión de pura "supervivencia" del planeta.

Aún están "valorando" el sentido de su voto, si bien recibieron la primera llamada del Ejecutivo hace apenas una semana, cuando se conoció que el pleno extraordinario se celebraría el 25 de agosto. Fuerzas como Más País reconocen los contactos a lo largo de todo el verano, y otras como Compromís ya avanzan que sí respaldarán esta norma.

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No obstante, la mayoría de los aliados destacan que esta situación se ha repetido demasiadas veces: el Gobierno aprueba un decreto con medidas de calado, necesarias pero susceptibles de matización, y lo hace sin negociar con ninguno de sus socios parlamentarios, como si gozara de una mayoría que no tiene, para después encomendarse a ellos y dejar la pelota en su tejado. Esto es, un texto legal armado y ya en vigor que no puede ser sometido a modificaciones directas.

El martes, la ministra portavoz también afirmó que durante el "parón de verano" intentaron contactar "con todos los grupos" y que, aunque el Gobierno no había "parado" en este periodo, las vacaciones de "sus señorías" dificultaron las negociaciones. Para Rodríguez, pero también para el resto del ala socialista en el Ejecutivo —Unidas Podemos permanece en un segundo plano en estas conversaciones—, la ciudadanía no comprendería el rechazo de ninguno de los grupos a normas que han contribuido a la reducción de un 9,5% de la demanda energética en su segunda semana de aplicación. Su diagnóstico: "No se entendería" un voto negativo.

Las medidas destinadas al ahorro energético son una suerte de avanzadilla, un anticipo del plan de contingencia para el que han emplazado a aportar propuestas a las comunidades autónomas, y que deben presentar ante Bruselas en septiembre, para garantizar esa reducción de un 7% del consumo energético que reclama a España el Ejecutivo comunitario. Este es el marco en el que el Gobierno está dispuesto a negociar, pero ya advierte de que el decreto "está hoy en el Parlamento para convalidarse".

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"Si se quiere otra cosa, hay otros procedimientos para hacerlo", argumentaba Rodríguez, recordando que el texto no es una "ocurrencia" del Gobierno, sino que surge de un pacto entre los Veintisiete, sellado el 26 de julio en Bruselas. Ni se ha contemplado ni se contempla hoy, según el Ejecutivo, una eventual retirada del decreto para, en su lugar, recoger parte de las medidas que contiene en una proposición de ley de los grupos parlamentarios. Primero, porque no convalidar el decreto supondría que estas medidas decayesen; segundo, porque llevaría varias semanas, y hasta meses, contar con un nuevo texto legal en vigor, por mucho que se facilitase su tramitación. Sí sería viable tramitarlo como proyecto de ley, lo que permitiría mantener en vigor estas medidas y formular enmiendas.

Conscientes del malestar generado en los socios, en la comparecencia de este martes, tanto la portavoz como la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ya no enfatizaron tanto las medidas de ahorro energético, sino toda la batería de medidas que contiene el decreto: partidas millonarias en materia de becas, ayudas a los transportistas y los bonos gratuitos de cercanías, y hoy es esta parte del decreto la que destaca el Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica, bajo el mando de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, recordaban el mismo martes todas las fechas en las que el Ejecutivo ha celebrado reuniones para explicar el contexto de la crisis energética, o para abordar las propias medidas, como pedían las propias CCAA, sin que ninguna de ellas plantease duda alguna sobre su aplicación, o aportara alternativas.

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En este punto, la exageración del Partido Popular en su rechazo a estas medidas —con amenaza de Ayuso de no aplicarlas incluida—, sí hay un atisbo de encuentro entre el Ejecutivo y socios como Bildu, y previsiblemente también lo habrá con el resto de aliados parlamentarios. Rodríguez denuncia el "obstruccionismo" del PP, pero también su "desconocimiento" sobre los procedimientos parlamentarios, su "desidia" y hasta sus "recetas del pasado", en relación con su propuesta de prolongar la vida de las centrales nucleares.

Preguntados por si cuentan con los apoyos parlamentarios necesarios, dentro y fuera de la Cámara, en el Gobierno señalan al PP, destacan las contradicciones de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y reclaman a los conservadores que aporten propuestas alternativas susceptibles de ser aplicadas de inmediato. "Las absurdas críticas que estamos viendo por parte de la derecha solo demuestran el negacionismo climático y la incapacidad absoluta de entender a qué nos enfrentamos", afirman fuentes de Bildu.

Y este rechazo a la actuación del PP en la oposición, sumado a las contrapartidas que pueda prometer el Gobierno a cambio del apoyo de los grupos, puede servir como una suerte de salvavidas de la norma. No es la primera vez que el Ejecutivo cierra un pacto con sus socios media hora antes de votar; por mucho que les tensione y les desagrade, nadie se atreve a descartar este escenario. Sería insólito que el Gobierno cosechara una derrota parlamentaria de esta envergadura.

Y aún más difícil sería que se produjera a las puertas de la negociación de los presupuestos para 2023, cuando las partidas de gasto aún están por cerrar y es posible acordar cambios, buscar puntos de encuentro. Es el mejor momento del año para negociar, y hoy por hoy ninguno de los aliados parece dispuesto a asestar este varapalo a Pedro Sánchez, cuando ni siquiera ha comenzado formalmente el nuevo curso político.