Las promesas de gasto para 2023 costarían más de 1.100 euros en impuestos por hogar

El problema de las grandes cifras de los presupuestos generales del Estado está en su magnitud. La cuantía es tan elevada que es complicado comprender qué suponen, por ejemplo, los 14.000 millones de euros de gasto público que implicará la revalorización de las pensiones con el IPC en 2023. Para bajar estas cifras al suelo, es más útil compararlas con el esfuerzo fiscal que tendría que hacer cada hogar para soportar estas partidas. Las promesas y compromisos de gasto asumidos por el Gobierno para el próximo ejercicio implicarían una subida de impuestos de algo más de 1.100 euros por hogar. En total, unos 22.000 millones de euros que habrá que afrontar con impuestos o deuda (impuestos futuros).

Este dato permite tomar consciencia de la magnitud del gasto público previsto para el año 2023. Y esto es solo una parte del esfuerzo presupuestario que quiere llevar a cabo el Gobierno con las tres principales partidas de gasto para los próximos años: Defensa, Seguridad Social y sueldos públicos. De hecho, la coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos está negociando otros incrementos presupuestarios, cuya cuantía aún se desconoce, vinculados al gasto social.

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En el próximo año se producirá algo que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva advirtiendo varios meses: el gasto público va con retraso frente a los ingresos en episodios inflacionistas. Mientras que las subidas de precios y de salarios repercuten inmediatamente en la recaudación, las partidas de gasto vinculadas al IPC lo hacen con un decalaje de un año. De ahí que, en ausencia de un pacto de rentas que incluya las rentas públicas, las presiones de gasto vayan a ser de gran magnitud.

La partida que se llevará la mayor parte del nuevo gasto público volverá a ser la de pensiones. Esta será la tónica para España durante las próximas décadas: aumentar continuamente el presupuesto público para financiar el gasto en jubilación. Tras la indexación al IPC, el gasto en pensiones se disparará en unos 15.000 millones de euros el próximo año. De estos, unos 14.000 millones serán la factura de la revalorización con el IPC y el resto, las nuevas pensiones.

La partida que se llevará la mayor parte del nuevo gasto público volverá a ser la de pensiones, disparándose en 15.000 millones en 2023

El capítulo de salarios también se llevará una parte importante del nuevo gasto corriente. Los trabajadores públicos ya están sufriendo una gran merma de poder adquisitivo este año, porque la subida salarial de 2021 fue del 2%, esto es, una cifra que es apenas una cuarta parte de la inflación media. Los sindicatos de la función pública ya han realizado algunas movilizaciones en protesta contra el Ministerio de Hacienda y todo apunta a que finalmente torcerán su brazo. Sobre todo, si se tiene en cuenta que 2023 es año electoral. De hecho, en el programa de estabilidad remitido a Bruselas en abril, Hacienda ya reconocía que a partir de 2023 se recuperará la revalorización de los salarios públicos con el IPC.

Una revalorización de los salarios públicos del 4%, la mitad de la inflación de 2022, implicaría un incremento del gasto de unos 6.000 millones de euros. Esta cifra incluye a todas las administraciones públicas, esto es, además del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la Seguridad Social. Aun así, este 4% podría quedarse corto si la inflación no remite. A medida que avanza el año y las tensiones de precios se mantienen persistentes, los economistas dudan sobre cuánto tiempo durarán. Ya no está claro que el IPC vaya a remitir en la segunda mitad del año, de hecho, el principal factor de riesgo es un cierre del gas ruso durante el invierno que reactive las tensiones inflacionistas.

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Por si estas dos partidas no exigiesen ya un importante esfuerzo fiscal, el Gobierno se ha comprometido a elevar en 1.000 millones de euros su gasto en Defensa. Y eso a pesar de que este año el Gobierno ya está aprobando créditos extraordinarios para reforzar esta partida con el objetivo de que alcance el 2% del PIB en 2029.

La suma de estas tres partidas alcanza los 22.000 millones de euros. Si se reparten entre los 19,1 millones de hogares que hay en España (dato EPA), el resultado es que cada uno tendría que pagar un extra de 1.150 euros en impuestos al año para sufragar este incremento presupuestario. Es evidente que en ningún caso el esfuerzo sería homogéneo por familias, ya que las más pudientes soportarían un pago superior y las bajas, inferior. El dato sirve para comprender la magnitud de las cifras de gasto público previstas para el próximo ejercicio.

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De hecho, el Gobierno ya está estudiando no hacer ninguna subida de impuestos en 2023, en contra de lo que prometió a Bruselas en el marco del plan de recuperación. En año electoral, elevar la presión fiscal sobre los hogares siempre es políticamente complicado. Pero eso no hará que vaya a renunciar a sus promesas de gasto. En definitiva, se producirá un nuevo deterioro del déficit estructural de las cuentas públicas.

El Gobierno fiará este gasto estructural al aumento cíclico de la recaudación. El propio Ministerio de Hacienda no se atreve a afirmar que el aumento de los ingresos fiscales sea consecuencia de un cambio estructural en la economía española, porque aún es demasiado pronto para comprender cuáles son las causas del incremento de las bases imponibles. Sin embargo, no parece dudar en financiar con esos gastos de naturaleza desconocida el aumento del gasto corriente estructural. Unas prácticas que ya realizó España en el pasado, durante el 'boom' inmobiliario, y que dieron como resultado el crecimiento de un déficit latente que se mostró cuando estalló la burbuja.

Para corregir esos desequilibrios fue necesario recortar el gasto público y subir los impuestos. Quedó patente durante esos años que el gasto público, que no se financia con ingresos en el corto plazo, lo acaba haciendo en el largo. O lo que es lo mismo, tarde o temprano hay que subir los impuestos a las familias para soportar el ensanchamiento del presupuesto.