Las cuentas de Sánchez no cuadran: España no tiene margen para gastar más en Defensa

España es el tercer país de la OTAN con menor gasto militar, equivalente al 1% del PIB, solo por delante de Bélgica y Luxemburgo. Una posición que obliga al país a hacer un importante esfuerzo presupuestario para alcanzar el 2% del PIB, como reclama la alianza a sus miembros. El presidente del Gobierno se ha comprometido a que España llegue a este nivel hacia el año 2029.

Este es un compromiso muy ambicioso que tiene todas las circunstancias financieras en su contra. Un análisis fino a la situación presupuestaria de España muestra claramente que es una promesa que va camino del incumplimiento. Ni siquiera aunque la apruebe el Parlamento.

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En primer lugar, porque obliga a comprometer un gasto muy elevado. Un punto de PIB a los precios actuales supone unos 13.000 millones adicionales de gasto anual. Cifra que será superior en 2029 por la inflación y el crecimiento de la actividad. Esta cifra supone, por ejemplo, multiplicar por cinco el presupuesto del ingreso mínimo vital, con todo lo que costó poner en marcha esta medida contra la pobreza.

Otro ejemplo que permite comparar la magnitud de las cifras es la subida de cotizaciones sociales que aprobó el Gobierno en el llamado 'mecanismo de equidad intergeneracional'. Esta medida generó una gran polémica que hizo que la CEOE se desvinculara de la reforma de las pensiones y eso que la recaudación prevista será de apenas 0,2 puntos del PIB al año. También se puede comparar con la 'hucha de las pensiones' acumuladas durante la pandemia y cuya pérdida fue un 'shock' para la población española. En su momento de máxima dotación llegó a acumular 66.000 millones de euros, lo que significa que con un gasto adicional de 13.000 millones en Defensa se hubiese agotado en apenas cinco años.

Pero el problema para España es que la situación de partida ya es muy delicada, con un déficit estructural muy elevado que se ha incrementado rápidamente en los últimos años como consecuencia de las políticas de gasto del Gobierno. El déficit estructural de España se sitúa este año en el entorno del 3% del PIB, esto es, ya en el límite del déficit máximo permitido por las reglas fiscales europeas. Esto es, cualquier decisión de gasto tendría que venir acompañada de un alza de los ingresos en la misma cuantía.

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Pero además de la vulnerabilidad financiera de partida, España se encamina a varias décadas de crecimiento inercial del gasto público que ningún gobierno podrá frenar. Simplemente el envejecimiento de la población tensionará en gran medida las cuentas públicas. La indexación al IPC implica un incremento de al menos un punto en el déficit estructural de España. De hecho, a medida que la inflación se mantiene persistentemente alta, la revalorización será más cara.

En el año 2023 el incremento del gasto en pensiones supondrá en torno a 14.000 millones de euros de gasto adicional. Solo la partida de las pensiones se comerá todo el incremento del gasto corriente recomendado por la Comisión Europea a España. De hecho, solo en el año 2023 el incremento del gasto en pensiones será equivalente al que tendría que hacer España para cumplir con el compromiso de gasto en Defensa en 2029.

Pero el envejecimiento de la población también genera presión sobre otros gastos, en especial el sanitario y el de dependencia. Las comunidades autónomas ya han consolidado una parte del gasto sanitario de la pandemia para revertir los recortes de la última década. A medida que un mayor porcentaje de la población se encuentre en edades muy avanzadas, la demanda de servicios sanitarios seguirá creciendo.

Según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el gasto sanitario de las comunidades autónomas se mantendrá este año en el entorno de los 80.000 millones de euros. Esto es apenas un 1% menos que en 2021, a pesar de que la pandemia ya ha remitido. La consolidación del gasto sanitario aportará, al menos, entre tres y cuatro décimas del PIB al gasto estructural.

Más gastos

Otra de las partidas que el Gobierno no podrá frenar en los próximos años es la de los intereses de la deuda. La subida de tipos del Banco Central Europeo ha elevado ya de forma significativa el coste de las nuevas emisiones del Tesoro y, según las palabras de su presidenta, "esto es el inicio de un camino de normalización de la política monetaria".

España se enfrenta a este proceso de endurecimiento de los tipos de interés con una deuda que es casi 20 puntos del PIB superior a la existente antes de la pandemia. Esto es, un encarecimiento sostenido de las nuevas emisiones elevará rápidamente la factura de intereses por encima del 2% actual. Por ejemplo, una subida de solo 50 puntos básicos en el coste medio de la deuda (previsiblemente la subida que hará el BCE en julio) implica más de 5.000 millones de euros de gasto adicional al año.

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Otras políticas con las que hay que contar de cara a los próximos años son las de lucha contra la pobreza. España tiene una de las tasas más altas de toda Europa y recurrentemente los organismos internacionales piden al país que preste atención a los trabajadores con menos renta. El objetivo del Gobierno es potenciar el ingreso mínimo vital, tal y como exige la parte de Unidas Podemos dentro de la coalición. ¿Cómo podría justificar el Ejecutivo que se incrementa rápidamente el gasto en Defensa y se desatiende a las familias?

Los trabajadores públicos también se preparan para exigir al Gobierno una subida salarial que compense parte del gran poder adquisitivo que están perdiendo en 2022. El Ministerio de Hacienda subió las retribuciones un 2%, pero la inflación lleva una media anual superior al 8%. Las movilizaciones de funcionarios son una mina que le puede estallar en cualquier momento al Ejecutivo. Y además en un año electoral. Para desactivarla, el único camino es aprobar subidas de salarios superiores a la inflación, con un coste adicional para las arcas públicas.

En definitiva, el déficit estructural de España perfectamente podría situarse en el entorno del 5% del PIB en la salida de la pandemia. Un dato que no deja margen más que para los recortes o las subidas de impuestos. Es cierto que el ritmo tan elevado de la recaudación en el inicio del año está permitiendo al Gobierno reducir el déficit nominal rápidamente. Sin embargo, una vez más se trata de una mejoría que no está apoyada en cambios legales, sino en una elasticidad nunca vista en los impuestos frente al PIB.

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Esta elasticidad podría ser cíclica y desaparecer en los próximos trimestres a medida que la situación económica se normaliza. Por ejemplo, muchas empresas recuperaron a sus trabajadores de los ERTE rápidamente cuando mejoró la situación sanitaria, anticipando un crecimiento de su actividad que todavía no ha llegado. El riesgo de contar con estos ingresos como si fuesen estructurales no es más que lo que ocurrió durante la burbuja inmobiliaria.

Para financiar el gasto militar previsiblemente sea necesario subir los impuestos. Y esta es probablemente una de las narrativas más difíciles de construir para un gobierno. Sobre todo si es de izquierdas. Salvo que el conflicto militar actual de Ucrania gane escala, los incentivos a elevar el presupuesto militar serán muy inferiores a los desincentivos. Es muy posible, por lo tanto, que el gasto en Defensa se mantenga en torno a los niveles actuales o con pequeños avances.