El PP se aleja de Ayuso, pero es crítico con el ahorro energético: "Son medidas cosméticas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a desatar la polémica con sus últimas declaraciones. La madrileña arremetió en sus redes sociales contra la decisión de apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y eliminar la iluminación de edificios públicos que en ese momento no estén en uso. "Madrid no se apaga", sentenció en su cuenta de Twitter. Pero otros compañeros de su propio partido, el PP, se desmarcaron de las declaraciones de Ayuso, que directamente aseguró negarse a cumplir estas medidas del Gobierno central para el ahorro energético.

Mantienen, eso sí, el tono crítico con las propuestas de Pedro Sánchez. En otras comunidades también gobernadas por el Partido Popular como Galicia o Murcia, sostienen que, antes de decidir si las cumplen o no, como ya hizo la presidenta de la CAM, van a estudiarlas. "Tendremos que analizar el decreto y ver si jurídicamente existe la opción de no adoptar estas medidas", explicó el consejero de Presidencia y responsable de Turismo de la Región de Murcia, el popular Marcos Ortuño. No obstante, el político murciano tampoco ve con buenos ojos las iniciativas anunciadas por el Ministerio de Teresa Ribera.

"Son medidas cosméticas e intervencionistas", aseveró, manteniéndose crítico con un Gobierno que "impone constantemente medidas, pero se autoexige poco". Afirmó que en Murcia se está trabajando en un plan alternativo para reducir la factura de la luz, pero solo en edificios públicos pertenecientes a la comunidad autónoma.

En la Xunta de Galicia, también a cargo del PP —y, hasta hace muy poco, dirigida por el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo—, tampoco terminan de subirse al carro de Ayuso. Coincidieron con el Ejecutivo murciano en la idea de esperar a que sus equipos analicen, por un lado, el posible impacto y, por otro, los términos jurídicos en los que se han de aplicar estas medidas en las comunidades.

"El Gobierno está perdiendo una oportunidad para el diálogo", consideró esta mañana el 'conselleiro' de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde. El también vicepresidente primero de la Xunta se mostró sorprendido porque "la semana pasada mantuvimos una reunión de la Conferencia Sectorial de Energía en la que el Gobierno no trasladó ningún tipo de medida de las que ahora quiere elevar al BOE".

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En ambos gobiernos autonómicos populares, pero también en Andalucía con Juan Manuel Moreno Bonilla, aseguraron que Sánchez había aprobado esta batería de propuestas sin haberlas consultado antes con las comunidades, pese a que en última instancia serán estas las que deban encargarse de supervisar su cumplimiento en negocios o establecimientos. "Lamentamos que no se haya consensuado el decreto con las autonomías y el sector", indicó esta mañana el consejero de Presidencia de la Junta, Antonio Sanz, que mostró la "preocupación" del Ejecutivo andaluz por "cómo debe reaccionar" para "desarrollar el modelo que haga frente a las necesidades que tenemos como comunidad, y las que tiene el país".

El presidente andaluz es, junto a Ayuso, uno de los principales avales del Partido Popular. Ambos candidatos tienen gobiernos fuertes en sus respectivas comunidades, pero el tono de su discurso es prácticamente antagónico. La madrileña opta por un perfil más duro y polemista contra el Gobierno central, mientras que Moreno intenta cosechar un perfil moderado, en consonancia con el relato de Núñez Feijóo.

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El actual coordinador general del PP, Elías Bendodo, que en su día fue 'hombre fuerte' del presidente andaluz hasta ser ascendido por Feijóo a la dirección nacional, también ha entrado de lleno en la polémica. Este martes declaró que “un país serio no puede limitarse a decirle a la gente que baje la calefacción, que apague los escaparates o que se quite la corbata”.

Es “una provocación para las familias que lo están pasando mal”, afirmó, para después mostrarse comprensivo con la posición insumisa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aseguró que entiende la “desesperación” de Ayuso ante los “bandazos” del Gobierno, porque “lo que antes eran unas recomendaciones ahora nos la imponen por decreto”. “Hace falta un plan serio, consensuado, hablado con las comunidades y los ayuntamientos, y no un refrito”, se quejó, antes de criticar que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos “siga apretando el cinturón de los ciudadanos, pero no el suyo”, informa Pablo D. Almoguera.

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Reacciones en otras comunidades

Más allá de los gobiernos populares, desde otras comunidades se hizo un primer balance de las medidas de ahorro energético que tendrán que adoptar. Por ejemplo, desde Cataluña —a la que pertenece otra de las grandes ciudades españolas, Barcelona—, el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), se sumó esta mañana a los planes de ahorro del Gobierno central, para los que "habrá medidas que ya estamos aplicando". Aragonès aseguró que el Govern también favorecería otras iniciativas de ahorro energético "con una convocatoria de 27 millones de euros para apoyar el autoconsumo y, entre otros, la biomasa y el biogás".

El objetivo, apuntó el líder catalán, es reducir el coste de la energía e incorporar líneas de ayudas a familias y sectores económicos en riesgo, y no "entrar en un conflicto competencial". "Lo importante es que las medidas de ahorro funcionen, dada la gravedad de la situación actual", concluyó Aragonès, quien también afirmó que "el suministro energético en Cataluña no está en riesgo" y que por ello hay que "apoyar medidas de ahorro", informa Marcos Lamelas.

Desde el Gobierno de Aragón, que ostenta el PSOE en coalición con otras formaciones, explicaron a este periódico que muchas de las medidas anunciadas ya son aplicadas en su territorio desde el año 2015 y, aunque por el momento prefieren no entrar en valoraciones políticas, el planteamiento técnico de este paquete de propuestas de ahorro energético les resulta "muy lógico".

El Ejecutivo aragonés estima un ahorro energético de "más del 30%" desde la puesta en marcha de estas medidas, con iniciativas como el establecer límites a las temperaturas máximas y mínimas en edificios administrativos, o la implantación de placas solares.

En otra comunidad gobernada por los socialistas, Extremadura, el Gobierno también apoya las propuestas del Estado en materia de ahorro energético. Desde la Junta las consideraron "ineludibles" para reducir el gasto, en un momento clave por la guerra de Ucrania y "los cortes de suministro a países de la Unión Europea". Además, defendieron el plan del Ministerio de Transición Ecológica como forma de "concienciar a toda la ciudadanía ante una economía de guerra que puede alterar en los próximos meses nuestro sistema de vida".