La rebeldía de Ayuso con el plan de ahorro del Gobierno tensiona al PP

El PP ha hecho un importante ejercicio de equilibrio en las últimas horas para evitar alinearse con la última salida de tono de Isabel Díaz Ayuso y, al mismo tiempo, no enmendar a la presidenta. Teresa Ribera apenas había finalizado este lunes su comparecencia en Moncloa para detallar el plan de ahorro de energía del Gobierno cuando la dirigente madrileña volvía a desatar un huracán político. "Madrid no se apaga", escribió en Twitter, una frase que promete convertir en lema de su nuevo desafío al Ejecutivo. La dureza de la mandataria volvió a chocar con la moderación, en las formas y en el fondo, en que se intentan quedar Génova y otras regiones gobernadas por los populares que, en algunos casos, han optado por no entrar en una nueva 'bronca' política.

Ayuso fue la primera mandataria autonómica que se rebeló contra el nuevo decreto de medidas de ahorro energético aprobado por el Consejo de Ministros, que obliga a apagar edificios públicos, escaparates comerciales y monumentos a partir de las 10 de la noche y durante 16 meses, como medida de contención ante la situación "crítica" de la que ya advierte el Gobierno por la amenaza de un corte de gas procedente de Rusia. "Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará", retó Ayuso. La mandataria se vio obligada a pisar el freno este martes, matizando que primero analizarán "en profundidad" el decreto para decidir si "aplican o no" las medidas.

En la Puerta del Sol ya manejan como posibilidad llevar al Gobierno a los tribunales por un decreto que "genera inseguridad", que "espanta el turismo y el consumo" y que "provoca oscuridad, pobreza y tristeza". La vehemencia de Isabel Díaz Ayuso tensiona el resto del partido con un escenario que aún ni se había planteado. En líneas generales, en las filas populares consideran muy prematura la apertura de la batalla jurídica que ya ha comenzado a abanderar la mandataria madrileña. "Aún es pronto", coinciden en autonomías como Galicia, Castilla y León o Andalucía, donde se sitúan un par de peldaños por debajo de Isabel Díaz Ayuso y evitan avanzar actuaciones contra un decreto del que aún están leyéndose la letra pequeña.

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Los populares no han ahorrado en críticas contra el Gobierno, pero sin llegar a los decibelios de su mandataria más intransigente. Tanto Génova como las comunidades del PP han centrado sus quejas en la falta de consenso con que el Gobierno ha elaborado el plan de ahorro energético, "a espaldas de las autonomías y de los sectores afectados". Pero las baronías populares dejaron claro que la última afrenta de Ayuso no responde a una acción coordinada del partido, sino más bien a una estrategia unilateral de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ya avanzó que su comunidad autónoma no entraría en rebeldía y avisó de que, "se estudie lo que se estudie", un recurso "no exime" del "cumplimiento" del decreto. "Las normas son las normas", advirtió.

La última afrenta de Ayuso no responde a una acción coordinada de partido, sino a una estrategia unilateral

Los populares andaluces se desmarcan de la polémica y aseguran que Andalucía no participará en la guerra iniciada por Isabel Díaz Ayuso, y por el momento tampoco en los tribunales. Es un discurso parecido al que pronuncian en la Xunta de Galicia, capitaneada ahora por Alfonso Rueda. "No habrá una oposición frontal", avanzan en el PP gallego, que ve con buenos ojos todas aquellas medidas de ahorro que "sumen" para frenar una posible emergencia por la amenaza de un corte del gas ruso. Sí subrayan en todo caso el carácter "estético" de la hoja de ruta del Gobierno por la renuncia a acometer reformas más profundas, como el alargamiento de la vida útil de las nucleares para garantizar el suministro o nuevas rebajas fiscales para paliar el previsible impacto en los bolsillos que tendrá la crisis energética.

La Región de Murcia sí decidió subirse al carro de la mandataria madrileña de forma mucho más clara. Horas después de que estallase la polémica, el Ejecutivo liderado por Fernando López Miras hizo público un comunicado en el que avanzaba que no estaban de acuerdo con el contenido del decreto conocido hasta el momento, y estudiarían su "margen competencial" para aplicar o no las medidas que parten de Moncloa. Pese a la dureza del tono, Murcia descarta abrir el horizonte judicial que sí abrazan sus homólogos madrileños. "Es muy poco probable", confirman fuentes regionales.

Barones del PP evitan seguir a Ayuso y descartan llevar el decreto al Tribunal Constitucional

Nada más publicar el controvertido mensaje en redes sociales en la noche del lunes, el entorno de Isabel Díaz Ayuso elevó el tono y advirtió de que para obligar al cumplimiento de la norma, el Gobierno tendría que "sacar al Ejército a la calle" y declarar el estado de excepción. Horas después, el Gobierno madrileño suavizó el tono y se comprometió a "cumplir las leyes", no sin antes dar todas las batallas que estén a su alcance. Deslizan, además, que su posible recurso tendría recorrido en el Tribunal Constitucional, que ya ha declarado "ilegales" otras leyes del Gobierno de "tinte autoritario", como es el caso de los estados de alarma. Desde el Ejecutivo, no tardaron en llover las críticas contra Isabel Díaz Ayuso, incluidas las del propio Sánchez, que advirtió a la madrileña de que "la ley en España se cumple".

En el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, mantienen también la prudencia hasta conocer el texto completo, y se aferran al plan de eficiencia y ahorro energético que aprobaron el pasado mes de junio y que incluye medidas para recortar costes en edificios municipales, en una línea similar con la propuesta del Ejecutivo. En el entorno de Ayuso señalan que aún no se han puesto en contacto con el regidor para comandar una ofensiva conjunta contra el Gobierno, ya que no cuentan con información respecto al reparto de competencias y cómo se controlará que se cumple el decreto gubernamental.

Feijóo pidió 'apagar' edificios públicos

La impronta de Isabel Díaz Ayuso choca con el discurso energético que el propio Alberto Núñez Feijóo defendió hace menos de dos semanas. Durante un acto en la Comunidad Valenciana, el jefe de la oposición hizo un llamamiento a impulsar un plan de ahorro para atesorar energía con medidas parecidas a las que aparecen en el nuevo decreto del Ejecutivo. "Me parecen bien los planes que señalan límites para activar los aires acondicionados en verano y la calefacción en invierno. Debemos rebajar el consumo energético innecesario y pactar con los ayuntamientos un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventualidades", señaló.

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No en vano, y más allá del 'apagón' en edificios públicos, el decreto del Gobierno obliga a establecimientos como comercios, hoteles o cines a limitar a 19 grados la calefacción en invierno y a 27 el aire acondicionado en verano. El plan también se aplicará a los hogares, aunque en forma de recomendaciones. En los últimos días, Génova venía defendiendo en sus argumentarios internos la necesidad de un plan de ahorro para "minimizar el riesgo de recurrir a racionamientos energéticos en el futuro", pero el sobrevenido desafío planteado por Isabel Díaz Ayuso ha marcado el camino a Génova, hasta el punto de tener que matizar su discurso.

Fuentes de la dirección nacional niegan fisuras y subrayan que lo que hizo Feijóo fue "desglosar medidas que deberían haberse tomado hace tiempo". Se refirió, dicen, a "edificios oficiales", pero "nunca dijo que los comercios cerrasen a las 10". Insisten en todo caso en que la postura de Génova es que el Gobierno, antes de imponer restricciones energéticas a las empresas, debería aplicarse recortes a sí mismo y disminuir el "gasto superfluo" de la estructura gubernamental, aunque por el momento no transitarán la vía de los tribunales pese al desafío de Ayuso, en línea con el resto de barones del PP.

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Preguntado también por estas discrepancias, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, defendió que las comunidades autónomas del PP tienen "libertad" para emprender las acciones que estimen oportunas contra la "improvisación" del Gobierno, y aseguró "entender" la "desesperación" de aquellos líderes autonómicos ante lo que ha resultado ser una "imposición" sin el consenso de los territorios. "Los alcaldes y los presidentes de las comunidades autónomas tienen autonomía para aplicar el decreto del Gobierno. El PP no es un partido monolítico", subrayó este miércoles, durante una entrevista en TVE.

Modelos enfrentados en el PP

Las fallas en el discurso energético del PP ya se producían antes de que Ayuso se declarase en rebeldía. Las diferencias se producen, sobre todo, en los modelos que defienden la presidenta de la Comunidad de Madrid y su homólogo en Andalucía, Juan Manuel Moreno, que se ha convertido en adalid de una 'revolución verde' en la que pide priorizar las energías renovables por encima de otras fuentes. "Andalucía no quiere energía nuclear", llegó a afirmar el barón andaluz en más de una ocasión.

A diferencia de su compañera de filas, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una prioridad para el barón andaluz. En Madrid, Ayuso lleva meses defendiendo la necesidad de agotar los recursos con los que cuenta España en una situación de emergencia energética, entre cuyas medidas estrella destaca la de alargar la vida útil de las nucleares e, incluso, construir reactores nuevos, como ya plantean otros países de Europa. Al menos en esta propuesta, Ayuso sí cuenta con el respaldo de Feijóo, que no tardó en llevar esa misma iniciativa a la arena nacional.