Ayuso contra el Gobierno: ocho procesos judiciales desde que estalló la pandemia

Isabel Díaz Ayuso colecciona polémicas y choques con Pedro Sánchez. También en los tribunales. La Comunidad de Madrid ha abierto hasta ocho procedimientos judiciales contra el Gobierno central en los dos últimos años, con la pandemia como punto de inflexión, con recursos que abarcan desde los cierres decretados por el Ministerio de Sanidad durante la pandemia a los precios públicos universitarios. Una ofensiva con resultados dispares que esta semana sumó un nuevo frente a cuenta de los currículos de Bachillerato, ya admitida a trámite por el Tribunal Supremo. Es Ayuso contra el Gobierno.

"Nosotros no queremos judicializarlo todo, pero esta vez no hemos tenido otra opción", señalaba esta semana una fuente de la Consejería de Educación, preguntada por el escrito presentado ante el Tribunal Supremo por el Bachillerato. La explicación se asemeja al discurso pronunciado innumerables veces por Ayuso en cada episodio de confrontación. Las acciones durante la crisis del covid-19 son el mejor ejemplo, especialmente después del primer estado de alarma, con una pelea que va más allá de la arena política.

TE PUEDE INTERESAR

Ayuso pide la suspensión de los currículos de Bachillerato: "Politizan todo"

Ignacio S. Calleja

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid tiene en este momento dos procedimientos abiertos contra las órdenes del Ministerio de Sanidad. Desde el departamento, dependiente de la Consejería de Presidencia, especifican que son las que se dictaron para declarar actuaciones coordinadas en materia de salud pública, cuyo conflicto remite a la falta de consenso en el Consejo Interterritorial. Por un lado, contra el cierre del puente de octubre de 2020, decretado el 30 de septiembre; y el cierre de Semana Santa de 2021, dictaminado el 11 de marzo. Ambos se dirimen en la Audiencia Nacional.

La pandemia aumentó los recursos de la Comunidad de Madrid contra el Ejecutivo, pero no únicamente en materia sanitaria. Uno de los más sonados fue el presentado contra el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gestionados por el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, desde la Administración regional consideran que hubo un reparto discrecional de 9 millones de euros en favor de comunidades controladas por el PSOE.

El PSOE reduce el impacto de los recursos a una sucesión de titulares y "polémicas estériles": "Si Sánchez dice una cosa, ella hace la contraria"

La dirección nacional del PP, entonces con Pablo Casado al frente, inició a principios de año una ofensiva contra Sánchez por el reparto de los fondos europeos. Tanto, que semanas después incluso enviaron una delegación de alcaldes a Bruselas para elevar sus quejas. Ayuso, sin embargo, alimentó la sensación de ir por libre ante sus jefes y fue la primera en dar el paso y llevar el tema a los tribunales. Una posición diferente a la del resto de barones territoriales, que optaron por mantener un perfil más bajo para evitar "líos" con Europa. Sea como fuere, desde la Comunidad de Madrid aseguran que irán hasta el final.

Fondos europeos

Como informó El Confidencial, el escrito presentado ante el Supremo denunció que no estaba suficientemente motivado por qué se habían elegido a cuatro comunidades por el procedimiento de concesión directa, supuestamente saltándose los métodos establecidos para favorecer a regiones gobernadas por el PSOE y el PNV frente a otras. También se acusó al Ejecutivo de ignorar sus propias reglas. "Aunque el preámbulo del RD 902/2021 alude al interés público para justificar esa distribución, no es razón suficiente esa invocación genérica cuando, como se ha dicho anteriormente, se utiliza un procedimiento de concesión excepcional (directa) que requiere un plus de motivación en su utilización que, en el caso de autos, brilla por su ausencia", alegó la Comunidad de Madrid. El proceso sigue abierto.

Durante la pandemia también se recurrió ante la Audiencia Nacional la orden del 4 de junio de 2020, sobre las restricciones en la hostelería, uno de los principales escenarios de batalla durante lo peor del covid-19 y eje de la campaña de Ayuso en las elecciones del 4-M, cuando arrasó. La Abogacía General de la Comunidad de Madrid, no obstante, indica que el procedimiento ya se cerró, al estimarse entonces la suspensión cautelarísima solicitada por el Gobierno autonómico.

TE PUEDE INTERESAR

El recurso de Ayuso por el reparto de fondos europeos: "La motivación brilla por su ausencia"

Pilar Gómez

El PSOE rebaja el posible impacto de la estrategia de Isabel Díaz Ayuso y reduce su impacto real a una sucesión de titulares y "polémicas prefabricadas y estériles". "Siempre es igual, si el Gobierno dice una cosa, ella automáticamente dice lo contrario. Da igual que sea con los fondos europeos, con las vacunas o con las obras públicas. Es muy previsible", apuntan fuentes del grupo socialista en la Asamblea. Una teoría que comparten plenamente en el Ejecutivo central, con varias declaraciones públicas en ese sentido. "Me duele que desde la administración madrileña se esté intentando hacer ruido y crispar con algo tan importante como es la educación", dijo esta semana la ministra de Educación, Pilar Alegría, tras el recurso de Madrid ante el Supremo por el currículo de Bachillerato.

Este es el último procedimiento abierto. La Comunidad de Madrid ha impugnado el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, que establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de Bachillerato. Ayuso lleva más de una semana con este tema, con un guion especialmente beligerante. Insiste en que conceptos en los libros de texto como "Matemáticas de género", "ciudadanía resiliente" o que los Borbones implantaron el centralismo administrativo son un "adoctrinamiento" que no se puede permitir. "Se cuestiona, a falta de proceder a su estudio en fase de demanda, la extralimitación del Estado como legislador básico, al no dejar margen de desarrollo de la materia. Además, la vulneración de los principios constitucionales y educativos esenciales en la definición del contenido de las materias educativas", explican desde el equipo de la baronesa madrileña. El Gobierno autonómico estudia también llevar el caso al Tribunal Constitucional.

Malas expectativas

Las expectativas de la Comunidad de Madrid no son las mejores en algunos de los procedimientos en curso. Un ejemplo es el conflicto por las entregas a cuenta en los presupuestos de 2019, donde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sostiene que hay una diferencia de 53 millones de euros entre la cantidad prevista y la finalmente abonada por la Administración central. El caso está pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional, con "pronóstico desfavorable", según las fuentes consultadas.

Las previsiones no son mejores en otro de los procesos abiertos en materia de Educación. Se trata del interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, del 27 de mayo de 2020, que fija los precios públicos correspondientes a los servicios universitarios. Como en tantas ocasiones, la posición de la Comunidad de Madrid es la opuesta a la del Ejecutivo de Sánchez y no está de acuerdo con los importes que se fijaron. "No responden a la realidad de esta Administración y no respetan la correlación mínima necesaria entre el corte del servicio y el precio", argumentó el Gobierno madrileño en su escrito. Remitido ya a la Audiencia Nacional, aunque no ha aceptado todavía su competencia, "su viabilidad resulta dudosa".

TE PUEDE INTERESAR

Los barones del Partido Popular frenan la ofensiva en los tribunales por los fondos europeos

Pilar Gómez

La Comunidad de Madrid sí ganó la batalla por el IVA de 2017. El conflicto deriva de la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas por el impuesto de ese año. La Comunidad de Madrid, que no lo denunció hasta 2020, reclamó que como consecuencia de un ajuste en el tributo, solo se le abonó el importe de once mensualidades, como al resto de territorios. El procedimiento concluyó por satisfacción extraprocesal, después de que el pasado 31 de marzo se abonaran un total de 425 millones de euros.

Los procesos judiciales son solo una parte de la estrategia de acoso y derribo de Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez. Los choques se cuentan por decenas, semana a semana y con multitud de polémicas. La última es por el anuncio del presidente del Gobierno de que Madrid no será la sede de la NASA española. "Una decisión que denuncio por opaca, precipitada y con un claro componente sectario, pues ni tan siquiera se ha constituido la comisión evaluadora para seleccionar el mejor destino para esta agencia", subrayó la baronesa madrileña el pasado viernes. En pleno ciclo electoral, no será la última.