Las opciones de Griñán de evitar la cárcel gracias a la petición de indulto

José Antonio Griñán tiene, gracias a la petición de indulto que pretende formalizar su familia el próximo septiembre, una opción de intentar evitar un ingreso en prisión que se preveía seguro. El expresidente de la Junta, condenado por el caso ERE, ve ahora cómo se le abre un resquicio para intentar dilatar la ejecución de su condena —que implicaría su entrada en la cárcel— en tanto se tramita la petición de gracia. Sin duda lo intentará, indican fuentes jurídicas consultadas, que señalan que los argumentos de la petición que se presentará ante el Ministerio de Justicia, firmada por los dos últimos presidentes socialistas, incluyen razonamientos que serían válidos para sustentar un recurso ante el Constitucional.

A pesar de todo, el éxito de su reclamación será complicado. El Tribunal Supremo adelantó el pasado julio el fallo por el que se confirmaba la condena impuesta en primera instancia por la Audiencia Provincial de Sevilla, pero no notificó la sentencia, que no se conocerá hasta el final del verano. Por tres votos a dos, el tribunal ratificó la condena de seis años de cárcel para Griñán por prevaricación y malversación de caudales públicos, así como la inhabilitación para Chaves por prevaricación. Sin resolución no hay posibilidad de recurso, y no será hasta entonces cuando el abogado podrá tratar de paralizar el cumplimiento de la pena. Esta tardanza es un plus para el condenado, que gana unas semanas y puede esgrimir también la espera a su favor.

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El letrado José María Calero tiene tres vías una vez pueda poner en marcha su estrategia legal. Pero ninguna de ellas es sencilla. En primer lugar, tiene previsto presentar un incidente de nulidad ante el propio TS. Este recurso solo puede solicitarse si existe una vulneración de un derecho fundamental o cuando el procedimiento haya incurrido en una serie de defectos formales que causen indefensión. Su éxito es muy improbable.

Además, recurrirá ante el Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos y, de forma paralela, solicitará la suspensión de la pena al tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Sevilla, con base en el indulto, cuya tramitación quedará en manos del ministerio que dirige Pilar Llop. La sola tramitación del indulto y las opciones evidentes de que el Gobierno socialista lo conceda refuerzan sus argumentos en al menos dos de estos tres frentes.

Ante el TC, sus opciones de suspender la condena eran escasas debido a la pena. No es habitual que el tribunal de garantías conceda este tipo de suspensiones si la mayor impuesta supera los dos años de prisión o si, en total, es mayor a los cinco años. Ante el tribunal sentenciador tampoco lo tiene fácil. La petición de indulto debe tramitarse y requiere un informe en el que se reflejará si procede o no congelar la condena mientras el Gobierno decide.

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La concesión del indulto es prerrogativa del Ejecutivo. El derecho de gracia está regulado en una ley de 1870, por la que se establecen reglas para concederlo. Corresponde al Rey previa tramitación del Ministerio de Justicia y el fin último es la extinción de la responsabilidad criminal, aunque pueden también conmutarse penas impuestas por otras menos graves, en lo que se conoce como indulto parcial. Como requisito previo, es necesario que exista una sentencia firme y se encuentren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la pena.

La posibilidad de reincidencia y el arrepentimiento son fundamentales para valorar su concesión. Sin embargo, el Gobierno estrenó en el caso de los políticos catalanes condenados por el 'procés' argumentos poco habituales. En el caso de Oriol Junqueras y el resto de penados por el proceso de independencia de Cataluña, consideró que "la paz social en Cataluña" era uno de los motivos fundamentales para concederlos.

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La familia de Griñán resume en una decena de puntos su reclamación de perdón. Alude a su edad, 76 años, y destaca —como ya hicieran distintos representantes del Gobierno, incluyendo a Pedro Sánchez— que no se enriqueció mediante el fraude en la concesión de ayudas sociolaborales que se prolongó durante años en Andalucía. También esgrime su honestidad en las distintas responsabilidades públicas que ha ido ocupando e indica que, en los últimos años, su patrimonio, lejos de aumentar, ha disminuido.

Los allegados del socialista se refieren también al sufrimiento añadido del expresidente andaluz a consecuencia de la larga duración de la instrucción, el posterior juicio y las sentencias que le siguieron. Señala el estrecho margen por el que se adoptó la decisión de confirmar las penas en el TS, con dos votos particulares en una sala de cinco magistrados. Por último, considera desproporcionados los seis años de cárcel si se compara su participación en los hechos con la de otros condenados que sí se enriquecieron con el sistema corrupto.

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La sentencia de la Audiencia, la única que se conoce de momento, aseguraba que Griñán fue "plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó" en su etapa de consejero de Hacienda. Añadía que conocía los métodos del Instituto de Fomento de Andalucía, el ente que concedía las ayudas, y aprobó gastos "ficticios" para equilibrar sus cuentas.

Las suspensiones de ejecución en función de un indulto no son nuevas. Aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la petición de esta gracia no suspenderá el cumplimiento de la sentencia firme, se han establecido excepciones que han prosperado en algunos casos. Por ejemplo, en 2014, la Audiencia de Castellón congeló la entrada en prisión de Carlos Fabra, que había sido condenado a cuatro años por defraudar a Hacienda. La Audiencia Nacional también dejó paralizado el ingreso en la cárcel de los condenados por el asalto al Parlament. En este último caso, sus penas prescribieron mientras gozaban de la suspensión.