El daño económico de los ERE: la sentencia confirma el fraude de 680 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción cifró la malversación del caso ERE en 680 millones de euros entre los años 2000 y 2009. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla hace suyas las tesis de la Fiscalía y detalla el ‘modus operandi’ del desvío de dinero en la Junta propiciado por el clientelismo político del PSOE en Andalucía.

Entre 2000 y 2009, el montante global de los créditos presupuestarios de los programas 22E y 31L, que se dispuso año a año, para atender los compromisos asumidos frente a terceros, por ayudas sociolaborales, ayudas a empresas y otros conceptos, mediante el mecanismo de las transferencias de financiación a la agencia IFA/IDEA, tuvo este desglose:

2000: 6.977.751 euros.

2001: 86.022.863 euros.

2002: 66.538.654 euros.

2003: 55.646.899 euros.

2004: 42.472.719 euros.

2005: 73.061.471 euros.

2006: 86.591.000 euros.

2007: 86.656.003 euros.

2008: 94.744.185,09 euros.

2009: 80.720.634 euros.

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Como queda expuesto en la sentencia, este procedimiento de caudales de fondos públicos fue el que permitió nutrir la Dirección General de Trabajo y de la Seguridad Social de las cantidades de las que dispuso para atender los compromisos asumidos frente a terceros.

Chaves era “plenamente consciente” de la “patente ilegalidad” de los actos en los que participó. Relata que cuando se empezaron articular las primeras ayudas a trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial fue a finales de los noventa, y que en el año 2000 formaban parte de una “decisión del Gobierno en su conjunto”.

Eliminaron mecanismos de control

El sistema empleado para pagar las ayudas sociolaborales por parte de los responsables de la Junta de Andalucía fue ágil, pero esa agilidad tenía un reparo: se consiguieron “eliminar los mecanismos de control legalmente establecidos”.

En el ejercicio presupuestario 2002, se puso a disposición del acusado, Francisco Javier Guerrero Benítez, como director General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, la cifra de 93.000.614 euros, para que este pudiera disponer de la misma sin sujeción a la fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía y sin necesidad de tramitar expediente alguno, en este caso, el de subvenciones excepcionales.

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Empleo, carecía de "competencia legal para la concesión de subvenciones"

El Gobierno andaluz modificó presupuestos, ya el 18 de abril de 2000, lo que tuvo por objeto reducir la partida 472.00, que era la adecuada para la concesión de subvenciones. También se dotó de fondos a partidas que no existían en el presupuesto inicial aprobado, “y que no eran legalmente apropiadas para su otorgamiento", en concreto, la partida 440.01, 'Transferencia al IFA en materia de relaciones laborales'.

"Absoluta falta de control"

Guerrero carecía de "competencia legal para la concesión de subvenciones", aclara la sentencia, que también indicó cómo Griñán, en su etapa de consejero de Economía y Hacienda, siguió haciendo "este uso inadecuado" de las transferencias de financiación en las distintas modificaciones presupuestarias que se produjeron, incrementando el programa 31L, en lo relativo a las transferencias de financiación al IFA (Instituto de Fomento de Andalucía).

Una "absoluta falta de control", se detalla en la sentencia.