El caso del matadero de Fuente Obejuna: una miniatura de los ERE que nos lo explica todo

La causa de los ERE llegó a acumular dos millones de folios durante la instrucción realizada por la jueza Mercedes Alaya. Luego, como en una salsa, el fuego de la investigación fue reduciéndolos hasta quedarse en 1.700 páginas de sentencia; del mismo modo, cientos de empresas y personas inicialmente investigadas fueron acotándose hasta conformar el esqueleto de una organización que, entre los años 2000 y 2009, malversó casi 680 millones de euros destinados a los desempleados o empresas en situación de crisis.

En última instancia fueron 21 las personas condenadas. Entre ellas, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que ayer recibieron del Tribunal Supremo la confirmación de sus respectivas penas de inhabilitación y prisión.

Han sido dos décadas de un engrudo judicial, político y social que ha enfangado la vida en Andalucía. Tras miles de noticias, últimas horas, titulares y declaraciones, en la calle era difícil saber en qué punto de la investigación estaban, cuánta gente estaba realmente implicada, quién había hecho qué o cuándo acabarían pagando los culpables. La macrocausa de los ERE ha acabado siendo un runrún que sonaba de fondo en la radio de la cocina. Hasta ahora.

Si pudiéramos meter la cuchara en ese profundo puchero judicial, removerlo todo y sacar solo una pequeña cantidad a modo de degustación, esta tendría todos los ingredientes y sabor del caso del matadero de Fuente Obejuna. Ahí está todo el universo de los ERE concentrado, los personajes —16 de los 21 implicados ya aparecen en esta causa separada, que fue una de las primeras en tener lugar cronológicamente— y el 'modus operandi' característico del mayor caso de corrupción registrado hasta la fecha.

Preámbulo

Las primeras noticias sobre el matadero datan de los años sesenta, cuando un grupo de ganaderos de la zona montó una cooperativa y levantó unas instalaciones a la entrada del pueblo inmortalizado por la obra de teatro de Lope de Vega. Sin embargo, no fue hasta 1976 cuando entran en escena Carnes Estellés, unos charcuteros valencianos que logran impulsar la empresa y convertirla en el motor de la economía local. Según relataba el camionero Rafael Capilla al 'Diario Córdoba' en 1990, "el matadero suponía el 67% de la economía de Fuente Obejuna".

En su momento, cuentan, trabajaban en el matadero 250 personas que sacrificaban hasta 2.500 cerdos diarios, y otras 50 que repartían y vendían la carne, pero la suerte del matadero fue agotándose con el paso de los años. Una fuerte crisis del sector abocó a los Estellés a echar el cierre de la fábrica el 19 de mayo de 1990. Algunos lograron recolocarse en otras cárnicas fuera del pueblo y, finalmente, un centenar de trabajadores constituyeron un año después una sociedad anónima laboral, Mafusal, para aprovechar los rescoldos del negocio. Aguantaron siete años y bajaron por fin los brazos en junio de 1998, solicitando un ERE que les fue concedido.

Con aquellas circunstancias no podían hacer milagros, pero aunque aún no lo sabían, aquellos trabajadores se habían convertido en el perfecto objeto de deseo de un sindicalista llamado Juan Lanzas, que captó a la legua el olor a crisis que emanaba la empresa y la oportunidad que se le presentaba.

Acto I

Cuando Lanzas entró en Fuente Obejuna aquel día de hace 20 años, aún estaba lejos de la fama que posteriormente consiguió. Es el hombre que acuñó la frase “yo no trabajo, soy millonario”. Aquel al que la Guardia Civil le encontró 82.000 euros en billetes de 500 bajo un colchón de su casa en Albánchez de Mágina, el pueblo de Jaén por el que su madre pregonaba que el hijo "tenía dinero pa’ asar una vaca". El sospechoso de amasar 13 millones de euros en comisiones ilegales. En definitiva, el ‘conseguidor de los ERE’ y hombre clave en el gigantesco caso de corrupción que dio la vuelta al tablero político en Andalucía despojando al PSOE del poder tras casi 40 años.

Por entonces, Lanzas era simplemente un sindicalista especializado en empresas alimentarias. Había entrado en UGT a mediados de los ochenta y ascendido rápidamente gracias a su labia. Venía de negociar en 1999 dos ERE harto ventajosos para los trabajadores, los de la aceitera Coosur y la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina, primera donde Lanzas coincidió con Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, cerebro de los ERE, fallecido de un infarto en 2020 y aquel a quien su chófer acusó de gastarse el dinero de las subvenciones en cocaína y fiestas.

Para los trabajadores del matadero de Fuente Obejuna, la llegada de Lanzas fue como un milagro, aunque en realidad hoy nadie quiere hablar de ello en el pueblo. Gran parte de los detalles está recogida en la instrucción de la causa separada que la magistrada María Núñez Bolaños declaró de "especial complejidad" en 2017, pero El Confidencial quiso tratar de recabar versiones de extrabajadores, criadores de cerdos que trabajaron en el matadero, empleados municipales o vecinos, topándose en todos los casos con una amnesia colectiva casi completa. Habitualmente, en pueblos pequeños no resulta sugerente la idea de hablar con periodistas, porque siempre que vamos a los pueblos es por algo malo. Además, mientras el periodista se vuelve a la capital, ellos se quedan allí.

En este caso, ni siquiera el garantizado anonimato les sirve para recordar. "Hace ya mucho de eso" o "no conozco a nadie que estuviera ahí". Algunos prometen preguntar a terceras personas que nunca devuelven la llamada. Finalmente, una vecina recuerda un detalle. Cuando Lanzas se reunió con los extrabajadores del matadero para ofrecerles la posibilidad de que la Junta de Andalucía les concediera, gracias a sus influencias, ayudas públicas para la prejubilación, "la cola daba la vuelta al edificio", recuerda. El edificio era la Casa del Pueblo, la sede que la agrupación socialista de Fuente Obejuna comparte con UGT.

Pese a que han pasado 20 años, en el pueblo nadie quiere hablar de aquello

Como la empresa que gestionó el matadero estaba ya extinta, se creó la Asociación para la Promoción Socio-Laboral de los Extrabajadores de Matadero de Fuente Obejuna, una sociedad anónima laboral que vehicularía el pago de las subvenciones. Como su tesorero declaró en sede judicial, "se indicaba a los afectados qué parte del documento tenían que firmar, pasando uno detrás de otro". Todo lo que les iban poniendo por delante lo rubricaban, aseguró.

Acto II

Finalmente, fueron una veintena los que entraron en aquel esquema para acceder a una paga mensual hasta los 65 años, financiada por la Junta de Andalucía con 2.528.258,63 euros.

Sin embargo, surgió un problema insalvable: hacía más de tres meses que esos extrabajadores habían dejado de percibir el subsidio de desempleo, lo que les impedía ser admitidos en el proceso de prejubilación. Además, si no hacían algo para evitarlo, en su futura pensión de jubilación todos estos años habrían registrado la base mínima de cotización. Ahí es donde aparece de nuevo Lanzas y, en febrero de 2001, se presenta en Fuente Obejuna con un autobús.

Se los llevó a todos a Belmez de la Moraleda, donde las famosas caras y apenas a 30 kilómetros de su pueblo natal, y les dio de alta "entre 16 y 21 días" como trabajadores de la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas. Durante años, Lanzas formó parte de una cooperativa olivarera que hacía negocios de compraventa de aceite con esta otra empresa, cuya administradora única, Juana Pilar Viedma, era hija de Juan José, un compañero de caza habitual del sindicalista durante años. Ella acabó formando parte del ERE del matadero de Fuente Obejuna. Pese a tener apenas 30 años, acabó cobrando 111.684 euros de una póliza pensada para prejubilados.

Lanzas, como la justicia fue demostrando en posteriores causas relacionadas con los ERE, aprovechaba este tipo de situaciones para devolver favores. Entre los agraciados, también figuraban como 'intrusos' Adoración, la mujer de Viedma, Florencia, la esposa del presidente de la asociación de extrabajadores, o el jiennense Mariano Martínez, que nunca trabajó en el matadero de Fuente Obejuna, pero sí en Hijos de Andrés Molina, otra cárnica cuyo ERE gestionó el conseguidor. En total, a Martínez le tocaron 120.202 euros, o, dicho de otro modo, entre 1.860 y 2.054 euros al mes, aunque su responsabilidad criminal se extinguió tras su muerte en 2016.

Acto III

Para que todo esto fuera posible, no solo fue necesaria la dejación de funciones. Como Lanzas aseguró a los extrabajadores del matadero, contaba con contactos en la Administración.

El procedimiento fue el siguiente: en primer lugar, la asociación de extrabajadores no tenía muy claro cómo comenzar todo el proceso, pero por suerte el sindicalista les suministró una hoja de ruta impecable. Primero puso a su disposición a un abogado, Carlos Leal Bonmatí, de Estudios Jurídicos Villasís, para que les asesorara legalmente en el procedimiento. Más tarde supimos que Leal y Lanzas tenían una productiva simbiosis: uno proporcionaba clientes al despacho de abogados, "en virtud de sus extensas relaciones en el mundo sindical, empresarial y con la Junta de Andalucía", y el otro proporcionaba a Lanzas la cobertura legal necesaria para realizar sus funciones de conseguidor.

Lo primero era contratar las pólizas de seguros, y lo hicieron, como les fue recomendado, con las aseguradoras Personal Life y Fortia Vida, ligadas a la empresa mediadora Vitalia Vida, con la que Juan Lanzas colaboraba desde 1999 y por tanto presente en otras causas de los ERE. La mediadora era la encargada de realizar los informes actuariales y calcular el pago de las primas que les correspondían. El trabajador de Vitalia Jesús Bordallo, también investigado en este procedimiento, fue el encargado de firmar el estudio que, en mayo de 2002, analiza a las personas para las que se proponía la extinción de su puesto de trabajo. Se incluye una lista de 22 personas, dos de las cuales nunca habían trabajado en la empresa y otra que había fallecido. Pese a las deficiencias formales, estiman una propuesta de financiación de 1,95 millones de euros.

Once días más tarde, Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández —consejero andaluz de Empleo y director del IFA, luego rebautizado como agencia IDEA por Manuel Chaves— suscriben un convenio para asumir el compromiso de facilitar las ayudas a los trabajadores del matadero. Como hizo constar más tarde la jueza Alaya, el convenio no recoge ni siquiera "el listado de las personas beneficiarias de tal ayuda".

Pese a que el convenio incluía a 22 extrabajadores, la póliza de seguro que se suscribe con Personal Life en julio de ese año incluye a 23 personas. Los tres intrusos que nunca habían pisado el matadero tuvieron, además, condiciones más ventajosas que los extrabajadores reales.

A partir de aquí, en 2003, 2007 y 2009, Guerrero suscribe nuevos convenios relacionados con esta póliza que engrosan las ayudas y el número de intrusos. Además de Florencia, también acabaron cobrando irregularmente dos trabajadores que ya estaban cobrando una pensión por incapacidad, lo que no les permitía figurar en el citado ERE.

Este mismo patrón que vemos en el caso del Matadero de Fuente Obejuna se repitió más tarde. En total, los tres jueces que han llevado este caso durante más de una década han identificado 126 casos de intrusos como estos, y otros 141 que no eran intrusos pero acabaron cobrando más prejubilación de la que les correspondía, incluidos ocho militantes del PSOE y un exconcejal del PP en La Carolina, Jaén. El silencio en Fuente Obejuna, o mejor dicho la amnesia, y en todos los demás pueblos que Lanza visitó con su maletín de vendedor de crecepelo para empresas muertas nos muestra hasta qué punto los tentáculos de los ERE, allí donde agarraban, acababan enraizándose.

Nadie estaba, pero todo el mundo conocía a alguien que estuvo.