La Guardia Civil desmonta la versión oficial de los ERE y apunta a Zarrías

“Descontrol”, “falta de normas”, “parcheo”... Tras las declaraciones de los 22 ex altos cargos imputados en los ERE, llegó el turno de los testigos. Y abrió la ronda un agente de la UCO de la Guardia Civil, cuerpo que supervisó parte de la instrucción del caso bajo las órdenes de la jueza Mercedes Alaya.

El testimonio de este teniente, que coordinó varios atestados, contradice el relato de los exdirigentes políticos, que han declarado ante el tribunal que no sabían nada del procedimiento de concesión de las ayudas ni de los presuntos tejemanejes sobre este fondo que durante 10 años repartió 741 millones de euros.

El agente de la UCO declaró que Gaspar Zarrías, que fue consejero de la Presidencia durante más de una década, de 1996 a 2009, sabía, igual que “el Consejo de Gobierno”, del procedimiento de concesión de las ayudas. A preguntas del fiscal anticorrupción, el testigo sostuvo que no había ninguna norma reguladora para repartir estas subvenciones y que nunca pudo conocer con qué requisitos y criterios se concedían durante todo el tiempo que duró la fase de instrucción del caso. La jueza Alaya comenzó a investigar en 2011.

El papel del 'consejillo'

En concreto, ratificó el atestado enviado al Supremo y entregado en abril de 2015 al instructor Alberto Jorge Barreiro. En esa documentación, se sostenía que el consejero de Presidencia presidía la reunión semanal de viceconsejeros, lo que se denomina ‘consejillo’, y que en ese cónclave se dieron instrucciones concretas sobre ayudas a empresas como Pickman o Anovo. Según el testimonio de este agente, esas ayudas se suspendieron y trocearon en cantidades menores para que se pudieran pagar sin tener que pasar por el Consejo de Gobierno. También expuso que fue intencionado, “no interesaba”, que no se aprobaran varios decretos debatidos para regularizar este fondo 31.L.

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En su declaración, insistió en que el Consejo de Gobierno sí sabía cómo se pagaban los ERE con detalles concretos del procedimiento y a quiénes iban dirigidas las ayudas. Ante la pregunta de si lo sabían los expresidentes Chaves y Griñán, indicó que hablaba del Gobierno “en general”. Eso ha reiterado el testigo de la UCO a preguntas del abogado del PP y de la defensa del exconsejero Antonio Fernández, que fue interrumpida en varias ocasiones por el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle. Zarrías sabía de los expedientes de Jaén así como otros consejeros de sus provincias, señaló.

Ni control ni seguimiento

También declaró este agente de la Guardia Civil que no sóolo no había criterios para el reparto sino que tampoco había seguimiento posterior de las ayudas ni se verificaba nada al respecto. “No soo se omitía la fiscalización de las ayudas sino también el control posterior”, sostuvo. “Hubo una decisión política” sobre el sistema de pago, recalcó. No solo implicó a Zarrias sino también a los exconsejeros de Hacienda Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán y al exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

Bajo su relato, el Gobierno andaluz utilizó el Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, como “caja pagadora” para “agilizar” los trámites y eludir los controles. El agente de la UCO se remitió a la primera ayuda pagada con este sistema de los ERE, en concreto la que financió la póliza de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), conocida como Cárnicas Molina. En 1999, se pagó parte de esta ayuda, según su testimonio, y fue después del desembolso de 75 millones de pesetas cuando se firmó el convenio que supuestamente establecía el sistema de ayudas. Esa primera ayuda buscó otra fórmula para eludir las objeciones que ponía la Intervención General de la Junta alegando que las situaciones de crisis necesitaban que la Junta actuara con celeridad.

El agente de la Guardia Civil señaló que el sistema se ideó "desde arriba" y le vino dado al ex director general de Trabajo Javier Guerrero

El responsable de la UCO señaló que el sistema no lo ideó el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, sino que le vino dado “desde arriba” y que eran sus superiores quienes también le indicaban buena parte de los expedientes que debía atender. El agente, en este punto, no especificó quiénes eran esos superiores.

Un lucrativo negocio

“Necesitaban ERE para ganar dinero”, explicó, especificando que eran los conseguidores los que buscaban empresas y comités de empresas para ofrecerles las ayudas y así embolsarse comisiones. Buscaban empresas y ofrecían dinero de la Junta para que realizaran ajustes en las plantillas, señaló.

En la presunta trama señalada por la guardia civil aparece un nombre clave y es el exsindicalista de UGT Juan Lanzas, de origen jiennense y del que su madre dijo que “tenía dinero para asar una vaca”. El agente señaló que los ERE se convirtieron en un negocio, puesto que cuantas más pólizas se financiaban, más dinero conseguían las compañías aseguradoras que se llevaban comisión, los despachos de abogados que asesoraban los expedientes y los conseguidores. En concreto, señaló a Lanzas, las aseguradoras Uniter y Vitalia y el gabinete Estudios Jurídicos Villasis. Hubo pagos efectivos, dijo, a comisionistas y sindicatos, y “transferencias directas a Guerrero, a Lanzas y sobres con dinero para pagos a los señores del sur” y “listas de regalos” para políticos de la Junta.

Los comisionistas buscaban empresas a las que ofrecer dinero público a cambio de un ERE para seguir ganando dinero, según este testigo

En otro momento, también respondió sobre la presunta conexión de Lanzas con Zarrías, ambos de Jaén, y por un SMS enviado cuando se negociaba el ERE de la empresa Dhul donde instan al exugetista a felicitar por su cumpleaños “a su jefe G. Z.”, siglas que correspondían con el exconsejero de la Presidencia.

Fue el “descontrol” en las ayudas, según este guardia civil, lo que motivó lo que se conoce como el sistema de “pagos cruzados”. Atendiendo a la versión que ofreció al tribunal, se daban ayudas por encima del dinero presupuestado y eso motivaba que se fueran dando órdenes a las aseguradoras y “parcheando” sobre qué expedientes debían pagarse. El IFA, sostuvo, en muchas ocasiones “pagaba sin respaldo presupuestario”. Su declaración, la primera de 150 testigos, está previsto que continúe este martes.