Caso ERE: condenan a año y medio de cárcel al hermano del expresidente Borbolla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un año, seis meses y un día de cárcel a Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra y hermano del que fuera presidente de la Junta de Andalucía con el PSOE, José Rodríguez de la Borbolla. La sentencia se enmarca en una pieza separada del caso ERE y condena al empresario como cooperador necesario de un delito de prevaricación en concurso con otro de malversación. Los magistrados apuntan para ello a los más de 8,4 millones de euros que obtuvo de la Junta en ayudas al sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, cantidad que él mismo tendrá que pagar como indemnización.

“Controlaba y dirigía, al menos desde comienzos de los años 2000, un grupo de empresas conectadas geográficamente a la Sierra Norte de Sevilla, concretamente a las localidades de Cazalla de la Sierra y El Pedroso, dedicadas al sector del corcho en sus distintos ámbitos productivos y de negocio”, advierte la sentencia, que es recurrible ante el Supremo. El condenado era socio de todas ellas y, cuando estas “atravesaban una mala situación económica que las abocaba al cierre y liquidación”, aprovechó sus contactos con distintos cargos públicos del PSOE en la Junta de Andalucía para obtener las correspondientes ayudas y subvenciones de manera irregular.

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El tribunal incide en que era “consciente” de que las ayudas “no se habían anunciado ni publicitado en lugar alguno, lo que impedía a otras empresas concurrir". Las obtuvo, por tanto, "tras simples conversaciones y en cantidades a tanto alzado, sin llegar a presentar siquiera una solicitud formal ni aportar documentación mínimamente seria sobre la situación económica de las empresas, sin aportar tampoco cuentas auditadas y depositadas en el Registro Mercantil, certificación de deudas con Hacienda y Seguridad Social, el objeto o destino de las ayudas ni un auténtico proyecto que garantizara el adecuado uso de esos fondos para la supervivencia de las empresas".

Como exalcalde de Cazalla de la Sierra y exdiputado provincial del PSOE, "conocía a muchos de sus cargos públicos", lo que le permitió estar informado sobre las ayudas y subvenciones que la Consejería de Empleo “venía otorgando o se proponía otorgar (...) a fondo perdido a algunas empresas”. De esta manera, puso en marcha su red de contactos para acceder a los fondos cuando "no se dictaba una resolución propiamente dicha" y sin tener que "justificar posteriormente el destino del dinero".

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“Por este sistema”, el grupo de empresas “controlado y dirigido” por Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla obtuvo ayudas o subvenciones por un montante total de 8.408.096,42 euros, y el acusado era “conocedor” de que las mismas “se debían exclusivamente a la libérrima voluntad de los cargos públicos con los que contactó y que acabaron beneficiando” a las empresas y sociedades “participadas y dirigidas” por él mismo. En cuanto al destino final que dio a estos fondos, "al menos en su mayor parte se empleó en gastos corrientes de las empresas, así como en pagos a acreedores en general —entre ellos algunos públicos— y singularmente a proveedores”.

Frente al argumento esgrimido por la defensa de que no tenía por qué conocer "las condiciones legalmente exigibles para obtener una subvención o los documentos que habría de aportar y el iter procedimental", el tribunal se muestra tajante y lo sitúa en el centro de la trama: “Desempeñó un papel harto relevante en relación con las ayudas o subvenciones, hasta el punto de que la comisión de los delitos hubiera sido imposible sin su concurso, pues él fue quien procuró el contacto con los responsables políticos y quien con sus continuas demandas de dinero público propició y permitió que este acabara en las cuentas de las sociedades que controlaba y dirigía".

Pese a ello, los magistrados sí absuelven a los otros cuatro acusados al concluir que se limitaron a seguir órdenes de sus superiores o por "ni siquiera haber participado personalmente en los hechos”. En cuanto a los 8,4 millones de indemnización que Ángel Antonio Rodríguez de la Borbolla tendrá que pagar como indemnización a la Junta, la sentencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de una serie de sociedades mercantiles: Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa) por 3.003.036,21 euros, Corchos de Cazalla por 3.003.036,21 euros, Servicios y Mantenimientos de Cazalla por 601.012 euros, Enoworld por 1.200.000 euros y Corchos Higuera S.L. por 601.012 euros.