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El fiscal pide confirmar las condenas de los ERE: "Todos sabían lo que estaba sucediendo"
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EL SUPREMO REVISA LOS RECURSOS

El fiscal pide confirmar las condenas de los ERE: "Todos sabían lo que estaba sucediendo"

Tras finalizar la vista, el Supremo comenzará una deliberación que se augura larga y cuyo pronunciamiento no se espera hasta pasadas las elecciones andaluzas del 19 de junio

Foto: os expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán (i). (EFE)
os expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (d) y José Antonio Griñán (i). (EFE)

El fiscal Fernando Prieto pidió este jueves al Tribunal Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre los ERE y rechace los recursos de los condenados. Entre ellos, los de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que piden su absolución. "Todos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo: la subvención se concedía sin fiscalización porque eran conscientes de cómo funcionaba y eran conscientes de que esa partida no era correcta ni adecuada", advirtió el fiscal. "¿Qué mensaje transmitimos al ciudadano? ¿Que nadie puede [actuar] en una administración cuando se comete una absoluta ilegalidad?".

La Audiencia Provincial de Sevilla sostiene que, entre los años 2000 y 2009, la entonces cúpula del PSOE andaluz urdió una trama que defraudó 680 millones de fondos públicos. La "absoluta falta de control" permitió que “se prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y pago de subvenciones”, favoreciendo así un constante desvío de dinero de la Junta a favor del clientelismo socialista. La sentencia considera que Griñán y Chaves eran "plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad" del procedimiento, una tesis que el fiscal hizo suya durante su intervención de este jueves.

Foto: Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en una de las sesiones del juicio de los ERE. (EFE)

Tras finalizar la vista, el tribunal comenzará una deliberación que se augura larga y cuyo pronunciamiento no se espera hasta pasadas las elecciones andaluzas del 19 de junio: como es habitual, el Supremo evita adoptar una decisión con trascendencia política cuando coincide con periodo electoral.

"Evitar cualquier tipo de control"

"Se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control", defendió el fiscal este jueves. "No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones, está expresamente prohibido". Frente a los recursos de los condenados, Prieto insistió en que "se olvidaron de los numerosos elementos de prueba", pues "ni uno solo de los 270 expedientes que obran en la causa cumplieron ni uno solo de los requisitos".

Foto: Ángel Rodríguez de la Borbolla, izquierda, durante la primera sesión del juicio por la tercera pieza de los ERE. (EFE/José Manuel Vidal

Para reforzar esta idea, apuntó a que se llegaron a conceder subvenciones sin que ni siquiera constara "una solicitud" previa, tras lo que puso el foco en las irregularidades del procedimiento: "No se aporta presupuesto desglosado y concepto de ingreso y gasto de lo que hay que subvencionar, no se aporta declaración del responsable, no se acredita la personalidad de las entidades solicitantes, no se aporta memoria que acredite la finalidad pública o las razones de interés social, no constan informes del gabinete jurídico de los convenios, no constan autorizaciones de las subvenciones por el consejo de gobierno por razón de la cuantía, que era obligado... ¡No consta nada!".

En el caso de Griñán, condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos, su responsabilidad se acota a la etapa en la que fue consejero de Hacienda, entre 2004 y 2009, cuando se emitieron varios informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en los ERE. "Desde el 2001 hasta el 2009 ya se les había advertido al consejero de Empleo y al consejero de Hacienda que el procedimiento no solamente era inadecuado, sino que se había prescindido de tal procedimiento en la concesión de las ayudas", recordó el fiscal. "Ninguno de los responsables de la Junta de Andalucía hizo ningún caso a esos informes".

"Reinterpretar la normativa"

Tras un breve receso, el fiscal Rafael Escobar tomó el relevo a su compañero: "Si se atiende a los recurrentes, parece que el sistema surge por generación espontánea, con una especie de ente que nadie conoce, pero no debemos de olvidar que estamos en sede de recurso de casación y que lo que le compete al alto tribunal es el control probatorio o, dicho de otra forma, si el expediente de la presunción de inocencia ha decaído por prueba válidamente practicada", advirtió nada más arrancar su intervención.

Foto: Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. (EFE)

Con ese razonamiento, Escobar echó por tierra recursos como el de Chaves, que argumenta que como presidente de la Junta "se limitó a participar en la formalización de la aprobación (...) de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles". De esta manera, trata de enmarcar los hechos enjuiciados como actos políticos y no administrativos, por lo que no sería aplicable el delito de prevaricación por el que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.

"Los recurrentes se preocupan, en abierta oposición al criterio del tribunal, a reinterpretar la normativa que les afectaba, a orillar las funciones específicas que les competían a cada uno de ellos y a ofrecer un ejercicio aséptico del cargo como si nada ocurriera", criticó el fiscal ante el Supremo. Pero frente a estas líneas de defensa, Escobar se mostró tajante: "Todo este sistema era prevaricador".

El fiscal Fernando Prieto pidió este jueves al Tribunal Supremo que confirme la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla sobre los ERE y rechace los recursos de los condenados. Entre ellos, los de los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, que piden su absolución. "Todos eran absolutamente conscientes de lo que estaba sucediendo: la subvención se concedía sin fiscalización porque eran conscientes de cómo funcionaba y eran conscientes de que esa partida no era correcta ni adecuada", advirtió el fiscal. "¿Qué mensaje transmitimos al ciudadano? ¿Que nadie puede [actuar] en una administración cuando se comete una absoluta ilegalidad?".

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