Fraude de los cursos: el gran caso, tras los ERE, sigue atrapado en los juzgados

Contaminó la Semana Santa de hace seis años. Fue la Operación Barrado, a finales de marzo de 2015, y acabó con la detención de los delegados de Educación y un total de 16 altos cargos. Fue el comienzo del caso del fraude de los cursos de formación, que la jueza Mercedes Alaya construyó con una arquitectura idéntica a la de los ERE: falta de control en las ayudas públicas y redes clientelares. Se habló de una estafa que implicaba 3.000 millones de euros de dinero público. La Junta reclamó en firme 150 millones en subvenciones por irregularidades.

La macroestafa, que en otra rama se llamó Operación Edu y también conllevó detenciones masivas por la Policía Nacional, acabó troceada en varias piezas en los tribunales sevillanos que siguen su curso. La principal, la matriz, la que montó la jueza Alaya, se archivó a petición de la propia Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia de Sevilla, en el verano de 2019, corrigió ese archivo y volvió a reabrirlo. Ahí sigue.

Andalucía, la comunidad con más paro de España, ha estado sin cursos de formación hasta ahora. En plena instrucción de los ERE, ante las primeras sospechas de que había agujeros en los controles del dinero repartido a empresarios y sindicatos para la formación de desempleados, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ordenó parar y suspendió los cursos. Ha sido hace pocos días cuando la Consejería de Empleo del Gobierno de PP y Cs ha revertido esa situación. Habían pasado ocho años. El nuevo modelo de formación desmonta el sistema de subvenciones y opta por las licitaciones públicas.

Una maraña sin desenredar

El Gobierno del cambio no ha sido capaz de hacer una foto fija de lo que encontró en los cajones. Los expedientes, muchos prescritos, eran miles. El anterior Ejecutivo hizo desfilar a los consejeros de Empleo, antes Educación, porque las competencias han bailado, por el Parlamento para informar de la revisión interna que se abrió ante las primeras detenciones. Los datos nunca llegaron a darse del todo. Siempre se guardaban parte alegando que había partes judicializadas.

A la pieza matriz, esa que apuntaba directamente a los altos cargos que repartieron el dinero de los cursos de formación, se sumaron otras con el mismo contenido. El exconsejero Ángel Ojeda tiene su propia causa, que se deslinda también en el caso Delphi, por el dinero supuestamente desviado de los cursos. Este caso sigue su curso en los juzgados sin que se haya parado de realizar diligencias, aseguran fuentes de la defensa de Ojeda, en los últimos tiempos.

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El exconsejero andaluz Ojeda fue situado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en "la cúspide de la organización que dirige y controla (...) todo un entramado empresarial ideado por él con la única finalidad de obtener el mayor número posible de subvenciones de la Junta" y para "enriquecerse por métodos irregulares e ilícitos". Ojeda, exconsejero de Hacienda en Andalucía entre 1987 y 1990, captó 52,6 millones de euros de fondos públicos gestionados por la Junta y destinados a formación para los parados andaluces. Sobre sus empresas recayeron los cursos a los extrabajadores de Delphi, en Cádiz. Siempre ha defendido su inocencia.

La Faffe y los puticlubs

La otra gran pata del fraude está en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde un funcionario, testigo protegido, relató que se hacía "el negocio del siglo" con los cursos. Se investiga el pago de servicios de un puticlub con una tarjeta de un directivo de esa fundación. Ese directivo, Fernando Villén, también aparece bien retratado en los correos electrónicos de Ojeda intervenidos por la policía. Hay abierta una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre esta fundación.

El exdirectivo de la Faffe no solo era gerente de una fundación pública sino también militante socialista muy conocido en Cádiz, bien arropado por la cúpula de Empleo, con Antonio Fernández, exconsejero imputado en los ERE, al frente; e incluso formó parte de la ejecutiva regional del PSOE andaluz.

La Guardia Civil señaló en un atestado que se hicieron 43 cargos en clubs de alterne en una de las tarjetas de crédito que tenía la Faffe para gastos de representación. Esos cargos se realizaron en diez visitas a cinco clubs de alterne en Sevilla, Cádiz y Córdoba. La factura más elevada, de casi 15.000 euros, se produjo en marzo de 2010, cuando se supo que iba a haber un cambio de Gobierno que daría salida al equipo de la Consejería de Empleo. Hay constancia del pago de otros 23.000 euros.

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Ante el juez, Villén, gerente de la extinta fundación de empleo Faffe, declaró que pagó diez veces en clubs de alterne "por error", al equivocarse de tarjeta de crédito, pero que devolvió todo el dinero a las arcas públicas y que no hay gastos indebidos o no justificados.

Los agentes de la UCO apuntan a una operación de maquillaje de los libros de contabilidad de la fundación, que permitiría que ese dinero saliera de una de las 13 cajas fuertes con dinero en efectivo que había en la Faffe. La Guardia Civil señaló en su último atestado que junto a estos gastos en prostíbulos figuran otros. Hay 21.725 euros en restaurantes y 11.262 euros en peajes, más otros 4.231 que no están justificados y de los que no hay más datos.

De la Faffe hay más. Lo que va más rápido es el procesamiento de Villén y del exalcalde socialista de la localidad sevillana de Lebrija Antonio Torres García por su supuesto "enchufe". Son los empleos ‘fantasma’ de la fundación. Torres cobraba 4.000 euros al mes (hasta 491.000 euros en total) por un trabajo por el que ni siquiera acudía a la oficina. Su presunto puesto era el de director de Asuntos Exteriores de la extinta fundación de la Junta.

El escándalo de los consorcios

La presunta estafa no acaba aquí. Hay piezas inolvidables como la que afecta al consorcio de formación Formades, en Almonte (Huelva). El sumario de este caso retrata el despilfarro durante años mientras la Junta, sostienen los investigadores, miraba hacia otro lado. Finalmente el Gobierno andaluz en 2012 cesó a la gerente, reclamó el reintegro de 1,7 millones de euros antes de proceder a la disolución del consorcio y llevó el caso a la Fiscalía. Ana María Orihuela, militante socialista que dirigió este consorcio, se sentará en el banquillo y el Ministerio Público pide seis años de cárcel por destinar el dinero de los cursos a otras actividades. Entre otras, 40.000 euros fueron a una cabalgata de Reyes en la que Orihuela encarnó a Melchor.

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Otro consorcio público de Málaga, Ciomijas, recibió en tres años –2008, 2009 y 2010– 8,6 millones de euros y destinó 6,3 millones a la empresa subcontratada, que justificó como gastos de acciones formativas solo 1,2 millones de euros. El resto del dinero sirvió para sufragar, según consta en la investigación policial, gastos protocolarios, dietas y gastos de locomoción, almuerzos... En los consorcios está uno de los agujeros negros del dinero de cursos de formación. Otros doce entes públicos estuvieron bajo secreto judicial y había 733 millones de euros pendientes de justificación, según apuntó en su momento la Junta forzada por las revelaciones judiciales.