Atrapados en los cursos: cuatro años después, la Junta sigue revisando ayudas

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ordenó en septiembre de 2013 parar toda la formación en Andalucía. La Policía había detenido a decenas de cargos públicos en una gran operación, llamada Edu, sobre los cursos de formación en Andalucía. El caso ERE estaba aún en su máximo apogeo.

Díaz acababa de ser investida presidenta y prometió abrir puertas y ventanas, derribar muros... Los cursos estaban paralizados tras las primeras sospechas aunque aún nadie ha asumido abiertamente haber dado la orden. Ese septiembre de 2013, el entonces consejero de Educación, Luciano Alonso, anunció que se iban a revisar los 8.505 expedientes de subvenciones de formación aprobados desde 2007 a 2012. Se comprometió además a comparecer periódicamente en el Parlamento para dar cuentas.

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I. Morillo. Sevilla

Tres consejeros después y dos mudanzas de departamento más tarde, con todas las reticencias posibles, el actual consejero de Empleo, Javier Carnero, ha comparecido este jueves en el Parlamento con nuevos datos. Y no hay nada cerrado. Los tribunales han desinflado gran parte de la causa de formación, restringida ahora al ámbito administrativo, y la Junta en una nueva estrategia de comunicación, tras cerrar también sin consecuencias una comisión de investigación al respecto, está atrapada en sus propias promesas a favor de la transparencia.

149 millones de euros

Es inexplicable pero ha convocado, tras cinco años de parón, nuevos cursos sin tener este capítulo de la revisión cerrado. La situación actual es esta: de 8.505 expedientes, con un importe total de 1.613 millones en subvenciones, hay revisados 6.501 y de estos se piden reintegros, por irregularidades, en 1.750. En firme, la administración reclama 149 millones de euros.

A finales del pasado año, el anterior consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó de reintegros en 1.621 expedientes y la reclamación de 143 millones de euros. La revisión, pese a la importancia del asunto, va a cuentagotas. Además de estas cantidades reclamadas, la Junta sólo ha logrado recuperar de verdad 8,7 millones de euros. Este dato que dio Maldonado sobre recaudación real no lo ha ofrecido su sucesor, que remite ahora a la Consejería de Hacienda y calla sobre las cifras reales recuperadas.

La Junta se comprometió a tener revisados todos los expedientes en septiembre de 2015. Dos años después, pese a un refuerzo de funcionarios, quedan más de 2.000 por examinar. ¿Por qué? Nadie responde a eso. El PP insinúa una dilación intencionada para permitir que los casos más cercanos, tipo UGT o Aulen Cinco, empresa de la mujer que fuera número dos del PSOE-A, Rafael Velasco, prescriban. Empleo niega categóricamente que haya riesgo de prescripciones y asegura que se empezó por el año 2007 precisamente para evitar eso. Como estrategia política es inexplicable. Si quieren pasar página deberían cerrar este capítulo.

El consejero de Empleo insistió en que los tribunales ya han acreditado que "no hubo fraude masivo" y acusó al PP de volver sobre este asunto para "intentar alargar artificialmente" este asunto. La diputada popular Teresa Ruiz Sillero lo acusó de tener una actitud "chulesca" y de ocultar información de forma deliberada, recordándole además que fue Susana Díaz la que decidió revisar los expedientes y bloquear los cursos cinco años.

El consejero de Empleo insistió en que los tribunales ya han acreditado que "no hubo fraude masivo" y acusó al PP de volver sobre este asunto

El asunto se complica porque la Junta de Andalucía, en la comunidad con la tasa de paro más alta de España, mantuvo desde 2012 congeladas todas las convocatorias de formación para esclarecer qué estaba pasando. Una nueva ley, con más controles, permitió volver a convocar los cursos este mismo año, en 2017. Ahora hay 273 acciones formativas en marcha para 4.000 desempleados. Queda resolver la convocatoria de las escuelas taller que darán cobertura a otros 2.700 andaluces.

La Junta defiende además que ha librado 11 millones para las empresas que organiza los cursos de los 15,5 millones que supondrían todos los anticipos de la convocatoria. Desde Ciudadanos el diputado Carlos Hernández advirtió de "las deficiencias" en el arranque de los cursos y pidió tener en cuenta las circunstancias de las empresas. Muchas no pueden concurrir a la nueva convocatoria porque tienen pendiente de revisar los expedientes de convocatorias anteriores. Ciudadanos denunció "un exceso de burocracia" y "una interpretación arbitraria de la orden". De hecho, la patronal de las empresas de formación, tras un lustro de parón, ha anunciado que estudia llevar a la Junta a los tribunales por el caos en el que están atrapados. Así lo anunció días atrás el presidente de la Confederación de Empresas de la Formación de Andalucía (Cecap-A), Antonio Naranjo, en declaraciones al periódico La Razón.