El funcionario ‘protegido’ relata el “negocio del siglo” con los cursos en Andalucía

“Preservada la imagen por mandato judicial”. Teodoro Montes, el funcionario que la juez Mercedes Alaya convirtió en testigo protegido después de que relatara ampliamente ante la instructora las interioridades de la formación en Andalucía, acudió a la comisión de investigación del Parlamento andaluz. Es la segunda vez que ha ido a la Cámara. La primera tuvo que marcharse precipitadamente por una indisposición. Esta vez sí que desveló todo lo que ya había contado ante la Guardia Civil y la anterior instructora del caso. Su relato impacta. Después de oír a los interventores y a los jefes de servicio restringiendo todo el caso a “irregularidades administrativas”, llama la atención lo que este trabajador de la Junta vio. Los cursos fueron “el negocio del siglo” y la Junta obtuvo “pingües beneficios”.

Montes sigue siendo jefe de departamento de la Formación Profesional Ocupacional, plaza a la que accedió por concurso de méritos en 1987, tiene una sentencia a su favor por acoso laboral del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En su relato aflora una administración en la que no había medios humanos ni técnicos para controlar el cumplimiento de las normas y el desarrollo de los cursos. Y con unos responsables al frente que no tenían, según su versión, ningún interés en que las cosas se hicieran bien. Lo peor, aseguró, era el “descontrol” de los alumnos. Y otra vía para investigar los cursos de la formación ocupacional, aquella que iba destinada a trabajadores, porque ahí “sí que no había ningún control”.

En la mudanza de los expedientes de los cursos, cuando la Junta decidió en 2011 frenar en seco la formación y cambiar las competencias de Empleo a Educación, se produjo un “verdadero desastre” y “un vacío administrativo sin parangón”. Montes aseguró que los cursos se programaban de manera “caprichosa”, con un resultado “desastroso”, donde abundó el “caos” y el “desastre”.

Un trabajador conflictivo, según el PSOE

El PSOE quiso mostrarlo como una persona conflictiva, incapaz de llevarse bien con ningún jefe, diana de las denuncias por difamación de compañeros y entidades. En un durísimo interrogatorio, lo acusó de ocultar información que había sido “sustraído ilegalmente” a la administración y ante cada pregunta insistían en pedirle “pruebas, pruebas”. Lo intentó retratar como una especie de trastornado que había emprendido una cruzada contra todos los funcionarios cumpliendo “órdenes ilegales” de todos sus superiores. Le advirtió de que tiene querellas por “difamación o calumnias” y una segunda sentencia en materia laboral en su contra que niega que no hubiera sido admitido según lo ordenado por el juez. El diputado socialista Rodrigo Sánchez-Haro recordó además que había sido denunciado por presuntamente haber ‘enchufado’ a su hija en un curso bajo su supervisión. Este fue uno de los momentos más tensos.

"Nada era imposible" para UGT, CCOO y la CEA a la hora de organizar y ejecutar los cursos

El funcionario de la formación explicó como los agentes sociales tenían un trato de favor en el control de los cursos. Se refirió en concreto a los sindicatos CCOO y UGT y a la Confederación de Empresarios de Andalucía. En sede judicial mantuvo que estas entidades se habían enriquecido de manera ilícita, e incluso apuntó que los sindicatos subcontrataban los cursos con una supuesta comisión del 20%. En el Parlamento, pese a la insistencia del PSOE para ponerlo contra las cuerdas, evitó ratificarse en esa acusación de enriquecimiento ilícito. Habló de un “atropello” y de un trato de favor “humillante” frente a otras empresas. “Nada es imposible para estas entidades”, sostuvo.

En teoría ningún técnico de la Junta destinado a supervisar los cursos podía repetir zona y empresas por más de dos años para evitar irregularidades. La realidad es que llevaban “hasta diez años” con las mismas entidades a su cargo. Los destinados a supervisar a los agentes sociales “había que consensuarlos con los jefes o las entidades ponían al jefe amigo”. “No había medios. Ni coches oficiales. Ni equipos informáticos. Nos quitaban impresoras. No había cartulinas de diplomas. No había espacio para almacenar expedientes”, relató Montes.

Los agujeros siguen sin tapar

Para este funcionario, destinado a controlar los cursos, “la norma tenía tantos agujeros como un colador y no se tapó ninguno”. Es más, sostuvo que en este momento siguen sin existir mecanismos de control eficientes. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado una nueva orden de ayudas para cursos de forma inmediata tras un lustro sin cursos en Andalucía. “Difícilmente se están subsanando los problemas y se está haciendo peor para un futuro inmediato”, mantuvo en el Parlamento.

"Decir que no tiene beneficio la formación es del género tonto, claro que lo tiene. Si no, acudirían los timoratos y acudieron los aguilillas"

“Hemos pagado millones de horas de cursos de formación que eran imposibles, legal y físicamente”, aseguró Montes. Como ejemplo la CEA, que “nunca justificó el gasto de esas horas por exceso pero las cobró”. “Triplicaban las horas en sedes gratuitas”, declaró. “Decir que no tiene beneficio la formación es del género tonto, claro que lo tiene. Si no, acudirían los timoratos y acudieron los aguilillas”, insistió. “Era un negocio tan lucrativo que en 2010 hubo tal avalancha de asociaciones que se quisieron homologar que el departamento no tuvo capacidad. Se tomó una solución salomónica: que hagan una declaración jurada y a partir de ahí arrancamos como si no pasara nada”, narró.

Otras de las partes más jugosas de su declaración se refirió a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una fundación pública que nació en 2003 de forma paralela al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y a la Consejería y que se hizo con la mayoría de las competencias en materia de formación. Denunció cómo se negó a emitir diplomas para “26 cursos fantasmas” y que finalmente los certificó después de que su superiora se lo ordenara por escrito. Todo lo relativo a esta fundación, relató, se convirtió en una “pantomima”. Sus trabajadores, según la versión de Montes, ejercían las competencias de los funcionarios y “manipulaban” los expedientes. Su reclamación más firme fue que le devuelvan los expedientes originales que la Junta ha enviado al Parlamento y que le impiden seguir trabajando. “Dudo que el envío de esos documentos sea legal”, advirtió.

La cuñada no sabía de Ojeda

Antes del funcionario Montes respondió a los diputados la exdirectora general de Formación, Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda, uno de los principales imputados en el caso. En su comparecencia aseguró que “no sabía que se dedicaba a la formación” pese a que el hermano de su marido captó hasta 50 millones de euros de fondos públicos y que ella se abstuvo de algunas adjudicaciones. Florido se quejó de su “artificiosa” detención y protagonizó, como hizo su cuñado, un duro rifirrafe con la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero.

Han sido ya 40 los comparecientes que han desfilado por la comisión y solo tres, el interventor de Huelva, un alumno y el funcionario Montes han relatado a bocajarro un cuadro dantesco sobre el control del dinero público. Para el resto de dirigentes públicos y empresarios todo era correcto. Según los datos del Gobierno andaluz, desde 2007 a 2013 en Andalucía se gastaron 2.327 millones de euros en más de 36.000 cursos de formación con 758.000 alumnos.