Fraude formación

Ojeda pasa de 'capo' de los cursos a víctima de la "prevaricación" de la Junta

El exconsejero andaluz abre una dura ofensiva y se querella contra el Gobierno andaluz y la cúpula policial para presentarse como víctima de una conspiración política

Foto: El exconsejero andaluz Ángel Ojeda Avilés, de pie. (Foto: Ayto. Sanlúcar de Barrameda)
El exconsejero andaluz Ángel Ojeda Avilés, de pie. (Foto: Ayto. Sanlúcar de Barrameda)

El principal empresario y exalto cargo socialista imputado en Andalucía en el fraude de la formación ha pasado al ataque. Ángel Ojeda Avilés, que fue consejero del Gobierno andaluz a finales de los 80 y beneficiario de 50 millones de euros de fondos públicos destinados a cursos, quiere pasar de ser ‘el capo del fraude de los cursos’ a empresario ejemplar y víctima de la Junta y de una operación política orquestada por el Gobierno del PP. Se ha querellado por la vía penal contra el Ejecutivo andaluz por “prevaricación de manera masiva”. También sentará este lunes ante el juez al mando policial que lo detuvo en agosto de 2014. Ese mismo día Ojeda declarará ante la comisión de investigación del Parlamento andaluz y la semana próxima ante la juez Núñez Bolaños, que tomó el testigo de Mercedes Alaya.

Ojeda acusa al Gobierno andaluz de haber frenado la liquidación de las subvenciones a los empresarios de la formación “de manera consciente y dolosa” para evitar que estos beneficiarios “cobraran lo que se les debía”. En su cruzada contra la Policía, apunta a la designación por libre designación de los mandos policiales que montaron la Operación Edu en Andalucía coincidiendo con la campaña de las elecciones andaluzas, según subraya. La denuncia contra la Junta, admitida a trámite el pasado octubre en el juzgado número 20 de Sevilla, abre una cruzada contra el Gobierno andaluz que decidió en 2011 interrumpir esta línea de ayudas. Justo esta semana ha anunciado que los cursos se retomarán, tras cuatro años de parón, el próximo mes de mayo con 142,5 millones de euros.

La presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta andaluza, Susana Díaz. (EFE)

Una vez que estalló el caso, con Susana Díaz ya en la presidencia, abrió una investigación interna de los 8.505  expedientes desde 2007 y 2011. Aún no hay cifras definitivas pero el último dato ofrecido por el Gobierno andaluz, en julio de 2015, desvelaba la reclamación de 72 millones de euros por irregularidades. Con el procedimiento seguido, la Junta pagaba el 75% de la subvención y se retenía el 25% hasta que el beneficiario demostraba que todo estaba en orden. Todo apunta a que el caos y el descontrol se apoderó de las ayudas. Los cientos de millones llegados desde la UE a Andalucía comenzaron a otorgarse sin supervisión final. La Junta firmó miles de exoneraciones que permitían a los empresarios seguir concurriendo a las subvenciones sin justificar los cursos.

La Junta niega el fraude

La Junta y Ojeda coinciden en que “no se puede hablar de menoscabo de fondos públicos” porque los expedientes aún están vivos y las reclamaciones a los empresarios abiertas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya ha dado la razón al empresario en algunas de sus reclamaciones al Gobierno andaluz por la vía administrativa y obliga a que se le liquiden las subvenciones otorgadas. Los responsables de la intervención que han desfilado por el Parlamento, salvo el interventor de Huelva que ha alertado de “un cien por cien” de irregularidades en los expedientes supervisados, han coincidido en negar que hubiera fraude. Sin embargo, varios responsables de la Intervención elaboraron el informe de actuación reservado para casos de fraude.

Ojeda montó un complicado entramado societario con varias fundaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que captaron 50 millones en ayudas

Ojeda estuvo al frente de un complejo entramado de empresas y fundaciones beneficiarias de ayudas para formación. Integradas en el grupo Prescal, las asociaciones AEA, Humanitas, Innova y Natura, que formaban junto a muchas otras entidades como la aeronáutica Hasa un alambicado sistema societario, recibieron más de 33 millones de euros solo en 2008 y 2009 y encargos tan importantes como el de los cursos de Delphi. La juez Núñez Bolaños investiga desde Sevilla si hubo falsos contratos con los extrabajadores de la factoría gaditana. “Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos para la realización del curso en el entramado de sociedades y asociaciones vinculadas a Ángel Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi”, sostiene en uno de sus autos.

El principal empresario en el epicentro del fraude de la formación fue consejero de Hacienda del Gobierno andaluz de 1987 a 1990. Su cuñada, Teresa Florido, también detenida en este caso, fue directora general de Formación desde 2011 a 2013 aunque una sentencia del TSJA considera probado que “se abstuvo” en todas las concesiones de ayudas que afectaban a Ojeda. Tras su detención, la UDEF destapó movimientos bancarios por 10 millones de euros en Chile y una cuenta de más de 7 millones de euros presuntamente administrada por testaferros y localizada en Luxemburgo.

El exconsejero rompe su silencio

El exdirigente socialista ha roto su silencio y pasa al ataque. Este lunes dará todos los detalles que le pidan los grupos políticos en la comisión de investigación. “Va preparado y contestará a todas las preguntas”, aseguran fuentes próximas al empresario. Este viernes en una entrevista en la ‘Cope’ aseguró que todos los cursos por los que ha cobrado subvenciones se han ejecutado y negó el fraude. Defendió que estaba al frente de un grupo empresarial “internacional y muy diversificado” que llegó a tener “17.000 clientes privados, más de 3.000 trabajadores y unos 3.000 proveedores”. La formación, aseguró, era sólo una de sus actividades e impartió cursos en toda España, con adjudicaciones del Gobierno central y de los ejecutivos del PP en Extremadura, Valencia, Galicia o Castilla y León. “Después de año y medio investigando se demuestra que todo es absolutamente legal. Todos los cursos se han realizado, se han pagado y todo está justificado. Es la Junta la que le debe a los empresarios todo el dinero”, sostuvo Ojeda.

El lunes el inspector jefe de la Udef se sentará ante una juez en Cádiz investigado por "falsedad documental" y Ojeda estará en el Parlamento

Sobre su detención, el exconsejero socialista avanzó que sumará una denuncia por “detención ilegal” a la que llevará este lunes ante el juez al inspector jefe de la UDEF que declarará investigado por falsedad documental, tal y como adelantó ‘El Mundo’. “Es un inspector jefe de grupo de libre designación nombrado en una fecha muy concreta”, señaló Ojeda. “Detuvo a 400 empresarios coincidiendo con la campaña electoral de la Junta. En febrero hubo 90 detenidos y en marzo, en plena campaña, 110 detenidos”, agregó. Fuentes policiales aseguran que la denuncia contra el mando de la Udef “no les preocupa” y que las pruebas contra Ojeda son “muy sólidas”.

En la denuncia, Ojeda alega que el inspector jefe presentó de forma intencionada el modelo 347 de una de sus empresas, Humanitas, registrada como ONG sin ánimo de lucro, para demostrar un beneficio de 3,7 millones de euros, cuando con el modelo 200, relativo al impuesto de Sociedades, “se hubiera demostrado que imputando gastos y salarios de personal el beneficio fue cero”, alegan fuentes cercanas a Ojeda. Desde la UDEF recuerdan que Rosa María Tejero, que figuraba como secretaria de Humanitas junto a un hijo de Ojeda en la vicepresidencia, se identificó como testaferro del empresario y aseguró firmar siempre “a sus órdenes”.

En ese sentido, fuentes policiales se preguntan sobre el valor que podría tener un documento que se sabe elaborado por orden del detenido. Insisten además en que la detención de Ojeda se basa en “hasta 15 conclusiones” que apuntarían a una supuesta actividad ilícita. Una de las más claras, insisten, reside en la empresa Serpro, Servicios Docentes Profesionales, que facturaba las nóminas del personal docente. Varios profesores ya habían denunciado y declarado en un juzgado de Algeciras sobre un sistema de facturas y contrafacturas que permitían al empresario declarar que pagaba una cantidad a los profesores para justificar las subvenciones, obligando después a éstos a devolver casi el 50% de la nómina supuestamente abonada.

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