CAOS ADMINISTRATIVO Y FALTA DE MEDIOS

Funcionarios imputados por los cursos preparan los expedientes para el Parlamento

La comisión aprobada hace más de dos meses hace aguas, está estancada por las peticiones de información de la oposición y colapsa de nuevo el trabajo de la Consejería de Empleo

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

El caos administrativo y la falta de medios que supuestamente permitieron el fraude con los fondos de formación en Andalucía, según admiten en privado desde el propio Gobierno andaluz, está volviendo a reproducirse. Supuestamente fue la avalancha de expedientes y la falta de recursos humanos y materiales lo que llevó al Gobierno andaluz a firmar en diciembre de 2012 un total de 2.895 exoneraciones a 1.159 empresas beneficiarias de las ayudas que se libraron de justificar el destino de estos fondos antes de seguir optando a nuevas subvenciones. Hoy el panorama varía poco.

No hay personal en la Junta para atender las demandas de información sobre los miles de expedientes con supuestas irregularidades, no hay medios para digitalizar los documentos y los mismos funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y técnicos imputados en el supuesto fraude son los que están manejando los documentos bajo sospecha. El Parlamento andaluz aprobó el pasado mes de septiembre poner en marcha una comisión de investigación sobre el fraude de los cursos de formación en la comunidad. Desde entonces, se ha avanzado muy poco aunque la foto fija es reveladora.

La presidencia de la comisión quedó en manos de Ciudadanos, con el apoyo del PSOE, y la oposición aprobó solicitar al Gobierno todos los expedientes aprobados desde 2002. El Gobierno andaluz avisó: son 160 toneladas de papel y 31 millones de folios. A partir de ahí soltó un ‘ellos lo han querido’. Y lo que está ocurriendo es el caos. Una sala habilitada en el Parlamento con cámara de seguridad, vigilancia permanente y varias vitrinas donde se van amontonando cajas llenas de papel.

La supuesta información se ha convertido en desinformación. El diputado de Podemos Juan Manuel Moreno Yagüe ha grabado un vídeo desde la sala de marras para denunciar la falta de medios para trabajar. No hay fotocopiadora ni se pueden sacar los expedientes. Por faltar, no hay, denuncia, ni una mesa de trabajo en condiciones para tomar anotaciones. Los diputados de Podemos son, de momento, los únicos que se han trasladado a las dependencias de la Consejería de Empleo para hablar con los funcionarios. No pudieron hacerlo, explican, por requerírseles un permiso previo.

Fuentes del Servicio Andaluz de Empleo y de la propia consejería admiten que son los mismos funcionarios imputados tras declarar por el presunto fraude los responsables de recopilar y enviar la información al Parlamento. Algunos de estos trabajadores, preocupados por las posibles consecuencias, han puesto en conocimiento de la policía este hecho. Oficialmente, desde la Consejería de Empleo advierten de que esto “es posible y probable” y le restan importancia, asegurando que los funcionarios imputados están amparados legalmente para seguir desempeñando su trabajo y que su imputación no es más que “una garantía procesal”.

Edificio Bluenet, sede del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). (EFE)
Edificio Bluenet, sede del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). (EFE)

Lamentan que esto se utilice “como un arma electoral más de la oposición” y admiten las dificultades que el mandato parlamentario de enviar la documentación al Parlamento está generando. No hay medios suficientes, ni humanos ni materiales, no hay tiempo ni recursos para digitalizar los documentos solicitados y se está trasladando a la Cámara toda la información, sin ordenar ni discriminar, generada por los cursos de formación desde el año 2002. Cada expediente, 18.500 en total, consta de una media de 600 folios y recoge el recorrido de la subvención desde que se solicita hasta que se abona, incluidos contratos de profesores, listado de alumnos, materiales y contenidos impartidos, sedes utilizadas...

Desde el Gobierno andaluz denuncian que la “inexperiencia” de Podemos y la intención del Partido Popular de sacar rédito electoral de esta comisión de investigación están en el origen de este caos de papeles. “No saben ni lo que han pedido, es absolutamente inadmisible lo que está ocurriendo”, señalan fuentes del Ejecutivo de Susana Díaz. Desde el otro lado denuncian sin medias tintas el papel deliberadamente obstruccionista del Gobierno y la cantidad de trabas que se han ido poniendo desde que arrancó la comisión.

Hoy está convocada una nueva reunión de trabajo para intentar poner orden en este lío. Ciudadanos, que ostenta la presidencia y por tanto tiene bajo su batuta la agenda de los trabajos, se limita a señalar que la información que se ofrezca al respecto debe partir de los servicios de prensa oficiales del Parlamento. Una información de parte que tampoco aclara mucho. Solo señalan que está llegando “abundante” información: un listado de expedientes desde 2001 a 2012 con datos y cuantías de los mismos, copias literales de aquellos que están en fase de reintegro y otros específicos solicitados por los grupos. De momento, gracias a todo este material caótico, no se han iniciado las comparecencias en la comisión. El desfile de cargos públicos que tanto preocupaba a Susana Díaz, ella misma debe ir a declarar, se pospone para después del 20-D.

No hay información desde hace cuatro meses

El Gobierno andaluz suspendió en 2011 los fondos públicos para cursos de formación tras los primeros indicios de irregularidades. Desde entonces, la Junta ha perdido 805 millones de euros públicos destinados a este fin y devueltos al Estado, según aclaran. Todo en una comunidad con la tasa más alta de paro de España, del 32%. Tras iniciarse, en abril de 2014, las primeras investigaciones policiales desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por el presunto desvío “masivo” de fondos públicos destinados a la formación, hay más de 3.000 millones bajo sospecha, el Gobierno andaluz abrió una investigación interna. Aún hoy continúa pese al riesgo de prescripción que evitaría solicitar la devolución de ayudas públicas. El objetivo fue analizar cada uno de los cursos aprobados desde 2007 a 2012, un total de 8.505 expedientes que suman 1.613 millones de euros.

El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. (EFE)
El consejero andaluz de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado. (EFE)

En su última comparecencia parlamentaria sobre este asunto, en julio de este año, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, informó de que la Junta había pedido en firme la devolución de 71,9 millones de euros en ayudas públicas por detectarse irregularidades. En esa fecha, se habían analizado más de 5.000 expedientes. Una cifra que ahora ha subido, según informan desde su departamento, aunque remiten a una próxima comparecencia prevista el próximo enero para conocer el resultado final.

La Junta contrató a un total de 61 eventuales para que pudieran acometer este trabajo de investigación interna. Muchos, según informan desde Empleo, siguen al frente de la revisión de estos expedientes.

Cientos de documentos precintados y custodiados

En la actualidad, unos 15 juzgados andaluces tienen abiertas causas sobre el supuesto fraude de la formación. A la investigación iniciada por la Policía Nacional, que, como el caso Edu, ha supuesto centenares de detenciones e imputaciones, se sumó la dirigida por la jueza Mercedes Alaya con el auxilio de la Guardia Civil. Este caso, ahora en manos de la instructora Núñez Bolaños, tiene también imputados a ex altos cargos, técnicos y funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo y a empresarios como el exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda.

El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés.
El exconsejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda Avilés.

Para enredar aún más el trabajo de la comisión que todavía no ha entrado en harina en el Parlamento andaluz, la Consejería de Empleo admite que no todos los expedientes bajo sospecha llegarán a la Cámara andaluza. Centenares de documentos permanecen custodiados y precintados por orden de la jueza Alaya en un edificio público de la consejería, y otro número importante de expedientes fueron remitidos a diversos juzgados. De hecho, desde el Gobierno andaluz no aclaran si expedientes clave como el de las ayudas a UGT bajo sospecha o algunos relacionados con las exoneraciones, que libraron de justificar las ayudas a los empresarios, podrán ser remitidos a la Cámara.

El Partido Popular ha puesto el foco en los últimos días en un expediente del sindicato UGT que aseguran que aún no ha llegado al Parlamento andaluz y que prescribe hoy, 1 de diciembre. En concreto, apuntan a una ayuda de ocho millones de euros donde se detectaron supuestas irregularidades y que fueron desviados por el sindicato para el abono de asuntos tan distintos a la formación como el apoyo a la huelga general.

En ese expediente figura también el contrato de José María Moriche, marido de la presidenta Susana Díaz, dentro de la fundación ugetista Instituto de Formación y Estudios Sociales, donde trabajó como administrativo. La dirigente socialista siempre ha negado tajantemente cualquier implicación de su pareja en este supuesto fraude. La Consejería de Empleo aclaró que dicho expediente, donde se detectaron irregularidades, no tiene riesgo de prescripción al formar parte de las investigaciones de oficio abiertas por este departamento en julio de 2013 y abril de 2014, por lo que no expiraría hasta abril de 2018.

Andalucía

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