El testigo clave de la formación se retracta de parte de sus denuncias de irregularidades

Teodoro Montes, el principal testigo en la macrocausa abierta por la jueza Mercedes Alaya con los cursos de formación, dio ayer marcha atrás en una de las acusaciones más importantes que ha realizado ante la magistrada en sus tres días de declaración. Solo 24 horas después de denunciar el cobro de comisiones ilegales de sindicatos y patronal en la subcontratación de cursos con terceras entidades, Montes negó que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) cobrara ese 20% de mordida que él mismo relató a Alaya. Varias fuentes judiciales corroboraron esta marcha atrás, que aseguran que también se produjo para los sindicatos CCOO y UGT, aunque en este extremo no fue tan contundente, indican. Tanto la CEA como CCOO habían anunciado que emprenderían acciones judiciales contra Montes por sus acusaciones.

En lo que sí insistió el testigo fue en culpar a “20 superiores” directos de las irregularidades en la gestión de los cursos de formación. Algunos como el exdelegado de Empleo Antonio Rivas están imputados también en el caso ERE. Otros siguen en sus puestos como altos cargos en el actual Gobierno andaluz. Entre ellos, la actual delegada de Economía en Sevilla, Aurora Cosano, y el director general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate, quien ya admitió ante la Guardia Civil “un problema importante” en los cursos de formación.

De nuevo fue un interrogatorio de casi cuatro horas y el testigo vuelve a estar citado para culminar su declaración en una causa que tiene ya dos imputados, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, que recibió más de 30 millones de euros en fondos para formación. El funcionario de la antigua Consejería de Empleo que hace más de un año denunció ante la Guardia Civil “graves y numerosas” irregularidades ha relatado en las distintas jornadas ante Alaya cómo estuvo solo ante la supervisión de “miles” de cursos y su tarea de control fue obstaculizada por sus superiores.

Pero el meollo de la declaración de este testigo se produjo en su segundo día ante la magistrada, cuando apuntó directamente al cobro de comisiones ilegales de los agentes sociales y económicos, denunció que una fundación pública de la Junta dedicada a la integración de enfermos mentales “medicó” a alumnos que asistían a clases en condiciones infrahumanas –han anunciado una querella-- y señaló que algunas empresas aprovechaban a los asistentes a los cursos como “mano de obra ilegal y barata”. 24 horas más tarde se retractó de su principal acusación: “No hubo 20% de la CEA”, dijo según varios testigos. Según cuentan la jueza no repreguntó ni insistió ante este cambio de postura de Montes. Casi lo dejó pasar por alto.

El funcionario de nuevo acudió a los juzgados con una inseparable bolsa de plástico cargada de documentos, la mayoría denuncias y quejas que ha ido realizando dentro de la administración, relatan fuentes presentes en la declaración. El trabajador de la actual Consejería de Educación, que está reenganchado en su puesto en la administración tras solicitar una prórroga de cinco años y pese a haber cumplido ya la edad de jubilación, tiene una denuncia a su favor por mobbing ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012.

En febrero de 2013 volvió a acudir a un juzgado para denunciar que no le dejaban realizar su labor y su denuncia fue archivada. Meses más tarde se dirigió voluntariamente a declarar ante la Guardia Civil. Un año después es considerado la pieza clave en el macroproceso emprendido por la juez Alaya, que ha solicitado a la Junta todas las ayudas concedidas desde 2001 a 2011 en materia de formación, millones de folios, y todos los informes de la Intervención redactados sobre este asunto. Hay varios tribunales que investigan el presunto fraude que investigan en todas las provincias andaluzas Policía y Guardia Civil y que ha llevado a interrogar a más de 3.000 alumnos de toda la comunidad.