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La Junta destinó un solo funcionario a supervisar “miles” de cursos de formación
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La Junta destinó un solo funcionario a supervisar “miles” de cursos de formación

Uno de los principales testigos del fraude certifica ante Alaya graves irregularidades en el control de estos fondos y que sus superiores le obstaculizaban su labor

Foto: La juez Mercedes Alaya. (EFE)
La juez Mercedes Alaya. (EFE)

Durante más de cinco horas, un funcionario de la Consejería de Empleo en Sevilla ha declarado como testigo ante la juez Mercedes Alaya dando cuenta de las irregularidades y la falta de control que han reinado en los fondos destinados para la formación en Andalucía. Teodoro Montes, uno de los principales testigos en este fraude que instruye Alaya, ha narrado cómo su departamento fue desmantelado y privado de personal hasta el punto que él solo estuvo al frente de la supervisión de “miles” de cursos durante más de un año.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Montes ha declarado que “desde abril de 2013 hasta principios de 2014” el control de miles de subvenciones en la Delegación Provincial de Empleo en Sevilla sólo contó con su supervisión. Antes de esa fecha, el departamento estaba compuesto por unos 30 funcionarios y ya entonces, ha declarado, eran “muy pocos” para hacer frente a esta tarea. Según Montes, cuya declaración sigue abierta y que tendrá que volver ante la juez Alaya el próximo martes, existen “más de 60.000 certificados de profesionalidad pendientes de emitir”, lo que da idea del caos y la falta de personal.

El testigo, que ya denunció los hechos y cuenta con una sentencia firme a su favor y contra la Junta de Andalucía por mobbing, fue jefe del departamento de gestión de los fondos de formación ocupacional, antes dependiente de Empleo y desde 2013 bajo la tutela de la Consejería de Educación. Ante la juez ha ratificado lo que hace un año declaró ante la Guardia Civil y ha insistido en que “sus superiores” le obstaculizaban su trabajo hasta el punto de que llegaron a desmantelar su departamento.

Según fuentes del caso, Montes sólo ha dado los nombres de sus superiores inmediatos, los dos últimos delegados de la Consejería en Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en el caso de los ERE, y Aurora Cosano, la actual responsable. También se ha referido a un superior directo, el jefe de Servicio de Formación Profesional para el Empleo, Daniel Fito. Ante la Guardia Civil culpó de las “graves” irregularidades a “todos sus superiores jerárquicos, sin excepción”.

Este testigo clave ha declarado que no había personal ni capacidad para controlar in situ que los cursos se estaban impartiendo o que los alumnos asistían a clase, lo que entraba en sus funciones. Tampoco se podían supervisar los documentos entregados por los distintos organismos beneficiarios de los fondos de formación, empresas, sindicatos, patronal o asociaciones, para comprobar que los cursos realmente cumplían las condiciones exigidas. Su área de competencia incluía los miles de cursos otorgados por la dirección general de la Consejería y por la delegación de Empleo que se desarrollaban en Sevilla.

La declaración de Montes se ha prolongado durante más de cinco horas sin ningún receso y ha devuelto a la juez Alaya a su perfil de instructora “incansable”, como ella misma se ha declarado. En una semana retomará una declaración que sigue abierta y sobre la que se desconocen muchos detalles. La magistrada ha exigido que no trascienda ningún detalle y ha dado orden expresa al funcionario de no narrar lo que había contado, según varios de los presentes en el interrogatorio. De momento, Alaya ha suspendido la declaración prevista del exconsejero de Empleo Antonio Fernández imputado también en esta causa.

El exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, beneficiario de 50 millones de euros de estos fondos, también está imputado después de que este verano fuera detenido en la operación Edu, la investigación iniciada hace dos años por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para esclarecer la presunta malversación masiva de las ayudas para la formación de trabajadores en esa comunidad. Los expertos de delitos económicos de la Policía elevan el posible fraude a los 2.000 millones de euros.

La juez Alaya, que se ha puesto al frente de una investigación abierta en paralelo en cinco juzgados andaluces y que ya ha provocado roces entre la Policía y la Guardia Civil, ha reclamado a la Junta todas las ayudas de formación concedidas desde 2001 hasta 2011 así como los informes de la Intervención sobre estos expedientes. La magistrada camina hacia la instrucción de otra macrocausa como los ERE en la que ya ha imputado al exconsejero de Empleo, que vuelve a asfixiar al Gobierno andaluz y donde se bosqueja de nuevo una hipótesis delictiva que pondrá a los principales responsables políticos del Gobierno andaluz en el punto de mira. Este funcionario es clave para su investigación. En sus pesquisas, la Policía ha citado a declarar a más de 3.000 alumnos en toda Andalucía ante la sospecha de cursos fantasmas y empresas cazasubvenciones.

La incapacidad de la administración andaluza para verificar el uso de los fondos de formación no es ningún secreto. La Junta ha difundido un listado de 1.162 entidades a las que en 2012 se exoneró de justificar subvenciones pasadas. Una medida que la ley contempla como algo extraordinario y por “especial interés social”. El Gobierno andaluz insiste en que se adoptó esa medida, referida a fondos de 2008 a 2011, para que los beneficiarios pudieran seguir acogiéndose a nuevas convocatorias de ayudas y subraya que el control se siguió haciendo a posteriori. Desde el pasado abril, cuando estalló el escándalo, la Consejería de Empleo supervisa 8.505 expedientes pendientes de justificar desde 2007. De momento, ha encontrado irregularidades en 581 y exige la devolución de 17,4 millones de euros.

Durante más de cinco horas, un funcionario de la Consejería de Empleo en Sevilla ha declarado como testigo ante la juez Mercedes Alaya dando cuenta de las irregularidades y la falta de control que han reinado en los fondos destinados para la formación en Andalucía. Teodoro Montes, uno de los principales testigos en este fraude que instruye Alaya, ha narrado cómo su departamento fue desmantelado y privado de personal hasta el punto que él solo estuvo al frente de la supervisión de “miles” de cursos durante más de un año.

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