El testigo clave de la formación denuncia que le obligaron a justificar cursos falsos
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El testigo clave de la formación denuncia que le obligaron a justificar cursos falsos

La antigua Faffe, la fundación de la Consejería Empleo de la Junta que gestionó la mayoría de los fondos de formación, vuelve al epicentro de la trama

placeholder Foto: Operación contra el fraude de la formación. (EFE)
Operación contra el fraude de la formación. (EFE)

Las declaraciones del principal testigo en el fraude de la formación ante la juez Mercedes Alaya se han convertido en una especie de serial con entrega por capítulosque combina importantes acusaciones contra el Gobierno andaluz, los sindicatos y la patronal, con pasajes de arrepentimiento en los que el funcionario de la Junta se retracta de lo dicho.

En su cuarta jornada ante la magistrada, Teodoro Montes, funcionario de la administración autonómica, ha vuelto a lanzar comprometidas denuncias en esta ocasión con una antigua fundación de Empleo en el epicentro de la trama. Sus denuncias sustentan el armazón de la macrocausa abierta por Alaya y que algunos abogados advierten de que podría exceder con creces el caso de los ERE.

Montes ha asegurado que sus superiores le obligaron a expedir 25 certificados de cursos organizados por la Fundación Andaluza de Fondos de Formación y Empleo (Faffe), dependiente de la Junta, que nunca llegaron a ejecutarse. Según ha alegado en su defensa, consta por escrito tanto la imposición de que justificara esos cursos como su negativa a expedir los certificados, aunque finalmente los expidió.

Fuentes judiciales advierten de que sería delito y podría quedar imputado por este hecho, aunque la jueza lo escucha atentamente y no mueve ficha, de momento, en contra de su principal testigo. Apunta directamente a la actual delegada de Economía, Aurora Cosano, y a la secretaria provincial del Servicio Andaluz de Empleo, María de Nova, según fuentes judiciales. Esos cursos no aparecieron nunca en el gestor informático destinado a registrar las actividades formativas, el llamado Gefoc, lo que indica, según el testigo, que nunca existieron. No obstante, fueron justificados como si se hubieran impartido.

La Faffe, una fundación pública que el Gobierno andaluzcreóde forma paralela al Servicio Andaluz de Empleo,que manejó la mayoría de los fondos destinados a la formación en Andalucía y que la Junta cerró en 2011, ya está bajo sospecha después de que la Cámara de Cuentas alertara en un informe que el 89% de las ayudas que concedió entre 2009 y 2010 no están justificadas y la Fiscalía abriera una investigación.

El órgano auditor, que tiene una nueva investigación abierta sobre esta fundación, alertó de que se habían repartido 49 millones de euros sin justificación alguna. La Faffe, uno de esos agujeros negros en el entramado de entes instrumentales de la Junta, contaba con 1.423 efectivos a su cierre, 52 directivos, un presupuesto de 101,6 millones y un salario medio de 36.078 euros brutos al año.

Es la parte central de la cuarta declaración de Teodoro Montes ante la juez Alaya, una jornada que comenzó con un encuentro de unos seis minutos solicitado por el testigo a solas con Alaya y el fiscal y en el que no estuvieron presentes los abogados de los imputados, los exconsejeros Antonio Fernández y Ángel Ojeda. Lo que Montes conversó con la magistrada no ha trascendido aunque no es habitual este cara a cara a solas entre testigo y juez.

El funcionario de la antigua Consejería de Empleo ya había declarado ante la Guardia Civil hace un año que llegaron a manipularse unos 450 expedientes de cursos organizados por la Faffe. En su declaración ha concretado que firmó 25 certificados supuestamente falsos pero alertó de que la cifra podría ser mucho mayor.

En el turno de preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Montes se extendió en este apartado referido a la extinta fundación pública que gestionó los cursos. Pero también volvió al posible cobro de comisiones ilegales por parte de la Confederación Andaluza de Empresarios (CEA) y los sindicatos CCOO y UGT al subcontratar los cursos que les habían adjudicado con terceros bajo un porcentaje, denunció, del 20%. Montes que se había retractado de esas acusaciones, incidió ayer en que la acusación de comisiones ilegales por parte de los sindicatos sigue en pie y explicó lo que, según declaró, ocurría con la CEA.

En este caso eludió hablar de mordida de los empresarios pero sí narró que la patronal andaluza creó una red de entidades colaboradoras, que eran las que finalmente ejecutaban los cursos otorgados por la Junta a la CEA. En este sentido instó a la juez a “investigar quiénes estaban al frente de esos centros y sacar conclusiones”. Aunque él no realizó formalmente la denuncia, su insinuación se refiere al hecho, no probado, de que fueran los mismos directivos de la patronal andaluza los que crearan esas entidades y se lucraran de los cursos. Tanto la CEA como CCOO han anunciado ya que emprenderán acciones legales contra Montes de quedar constancia en acta de estas acusaciones ante la juez Alaya.

El funcionario de la antigua Consejería de Empleo que hace más de un año denunció ante la Guardia Civil “graves y numerosas” irregularidades ha relatado cómo estuvo solo ante la supervisión de “miles” de cursos y su tarea de control fue obstaculizada por sus superiores. Ha apuntado directamente al cobro de comisiones ilegales de los agentes sociales y económicos, denunció que una fundación pública de la Junta dedicada a la integración de enfermos mentales “medicó” a alumnos que asistían a clases en condiciones infrahumanas -han anunciado una querella-y señaló que algunas empresas aprovechaban a los asistentes a los cursos como “mano de obra ilegal y barata”.

El trabajador de la actual Consejería de Educación, que está reenganchado en su puesto en la administración tras solicitar una prórroga de cinco años y pese a haber cumplido ya la edad de jubilación, tiene una denuncia a su favor por mobbing ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012. En febrero de 2013 volvió a acudir a un juzgado para denunciar que no le dejaban realizar su labor y su denuncia fue archivada. Meses más tarde se dirigió voluntariamente a declarar ante la Guardia Civil.

Un año después es considerado la pieza clave en el macroproceso emprendido por la juez Alaya, que ha solicitado a la Junta todas las ayudas concedidas desde 2001 a 2011 en materia de formación, millones de folios, y todos los informes de la Intervención redactados sobre este asunto. Hay varios tribunales que investigan el presunto fraude que investigan en todas las provincias andaluzas Policía y Guardia Civil y que ha llevado a interrogar a más de 3.000 alumnos de toda la comunidad. La Junta, en su revisión interna de más de 8.000 expedientes, eleva el fraude a 19 millones de euros.

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