Susana Díaz y la mochila del fraude de los cursos: cinco preguntas sin respuesta

El martes 31 de mayo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está llamada a comparecer en la comisión de investigación de los cursos de formación en el Parlamento andaluz. Lo hará un día después de que desfilen sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con este caso, a la dirigente socialista no le ha funcionado el cordón sanitario con el que se separó del caso ERE. El PSOE asume que, esta misma semana, a 15 días de la campaña electoral, el juez Álvaro Martín, que lleva la pieza política del caso de las ayudas sociolaborales, dicte auto con el procesamiento de los expresidentes y los siente en el banquillo.

Antes, Chaves y Griñán deberán afrontar un nuevo paseíllo, esta vez con los cursos de formación bajo la lupa. Y por primera vez, Susana Díaz también dará explicaciones. Ya no es cosa “del pasado” o “una pesada herencia”, en esta ocasión el presunto fraude le afecta en primera persona. La cita es comprometedora. La presidenta de la Junta ha tratado por todos los medios de evitarla y Ciudadanos asegura que las presiones han sido muy duras. Finalmente, el partido de Albert Rivera llamó a la comisión a la presidenta de la Junta y a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se parapetó en un informe del Consejo de Estado para dar plantón a la Cámara. A diferencia de la ministra del PP, la dirigente socialista sí acudirá.

Uno de los aspectos que más enervan y molestan a la presidenta andaluza es que se vincule a su marido con el fraude de la formación

Desde que estalló el caso de la formación, en abril de 2014, la Junta ha acusado al Gobierno central de manipular la investigación policial para hablar de “fraude masivo” y de “causa general”. En aquel momento trascendió que la UDEF tenía en marcha la operación Edu y rastreaba el destino del dinero público destinado a la formación en Andalucía entre 2007 y 2013. Aquella operación continuó durante meses, con decenas de ex altos cargos detenidos y causas abiertas en estos momentos hasta en 18 juzgados andaluces. La jueza Mercedes Alaya abrió otra causa paralela en su juzgado con ayuda de la UCO de la Guardia Civil e imputó a los exconsejeros Manuel Recio, Antonio Ávila y Antonio Fernández. Los interventores de la Junta llegaron a declarar ante la Guardia Civil, aportando datos, que se acumularon casi 3.000 millones en subvenciones sin controlar ni supervisar. Finalmente, esa cifra fue rebajada a 980 millones pendientes de justificación.

Delphi y la Faffe, dos agujeros negros

El expresidente Manuel Chaves deberá responder, principalmente, por el caso de Delphi. Tras el cierre de la factoría automovilística en Puerto Real (Cádiz), la Junta ordenó una lluvia de millones de euros, hasta 261 millones en prejubilaciones e indeminizaciones, en ayudas públicas. La formación de los parados de Delphi fue adjudicada al exconsejero socialista y empresario de la formación Ángel Ojeda, que acaparó hasta 51 millones de euros de los cursos. Esta adjudicación centra de momento las pesquisas de la sucesora de Alaya, la jueza Ángeles Núñez Bolaños. Ojeda además está ganando pleitos a la Junta por su inacción en la supervisión de ayudas.

Griñán fue quien ordenó suprimir del organigrama de la Junta la Consejería de Empleo en pleno estallido del caso ERE, mayo de 2012. Un año antes, se había suspendido la orden de ayudas y se había aprobado la extinción de la Faffe, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, después de ocho años de funcionamiento y más de 252 millones de euros gestionados para cursos a parados. La Cámara de Cuentas advirtió de graves irregularidades en la gestión de esta fundación. ¿Por qué se cerró la Consejería de Empleo? Sabían ya entonces Griñán o su consejera de Presidencia, Susana Díaz, que había un posible fraude “mucho mayor que los ERE”, según declaró en sede judicial el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, con los cursos de formación. Por aquel entonces, el titular de Economía, Antonio Ávila, firmó miles de exceptuaciones que permitieron a cientos de empresas y asociaciones, un total de 1.167, seguir recibiendo ayudas a pesar de que sus expedientes no habían sido examinados por la Junta ni los gastos justificados. Fue Susana Díaz la que en 2014, dos años más tarde, y ya como presidenta de la Junta, dio la orden de hacer públicas esas exoneraciones. ¿Supo entonces que se iban a firmar?

El marido de la presidenta

Uno de los aspectos que más enervan y molestan a Susana Díaz es que se vincule a su marido con el fraude de la formación. El PP es quien más explicaciones ha pedido sobre las relaciones de José María Moriche con la fundación de UGT, Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), clave porque fue supuestamente una de las que más fondos públicos desviaron, cargando a la Junta por presuntas acciones formativas todo tipo de gastos del sindicato. Tras cuatro meses de reclamaciones, por fin llegó al Parlamento andaluz el famoso expediente 98/2009/J/217, por ocho millones de euros en ayudas públicas, donde se supone que figura el marido de Susana Díaz. Moriche trabajó como administrativo en esta fundación de UGT. Según fuentes del Gobierno andaluz, tuvo un contrato de fijo discontinuo “durante unos ocho años” y lo llamaban de forma puntual “por meses”. Su sueldo, aseguran, era de “mileurista”. Hasta hace poco, la Junta había limitado la vinculación de Moriche con el sindicato a un año, 2010.

Moriche, esposo de Díaz, trabajó durante ocho años con contratos temporales para la fundación de UGT que más expedientes tiene bajo sospecha

La fundación de UGT emitió un comunicado en mayo de 2014, tras destaparse supuestas irregularidades, en el que aseguraba que “todos los costes imputados a los cursos se ajustan a la norma y han sido justificados”. El sindicato aseguraba que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) firmó un convenio con UGT que facultaba al sindicato a impartir acciones formativas para los desempleados andaluces y señalaba que en ese convenio se reconocía que estos cursos los organizara la fundación ugetista sin que ello supusiera una subcontratación de las acciones formativas. La nota defiende que todos los gastos cargados a la formación estaban “justificados”. “Así es que los costes justificados de D. José Mª Moriche Ibáñez, como los de todos/as los/as trabajadores/as de esta fundación vinculados a este programa, responden a gastos reales y necesarios relacionados de manera indubitada con la actividad subvencionada y aplicables a dicho programa por su naturaleza y finalidad”, concluye UGT.

Desde el PP-A quieren saber "en qué cursos ha estado trabajando como profesor, qué materias ha impartido, durante cuánto tiempo, qué proceso de selección ha pasado para ser elegido o cuánto cobró". La Junta inició, dos años después, una reclamación a UGT por este expediente de ayudas, aunque no se sabe por cuánto dinero ni si se ha recuperado alguna cantidad. Según la documentación oficial, al marido de la presidenta se le abonaron nóminas en concepto de “preparación, tutoría y evaluación” para cursos de informática de usuario, operador de cámara, técnico de sistemas microinformáticos y formador ocupacional con cargos a las ayudas dadas al sindicato para cursos.

Sedes del sindicato hermano

Como secretaria de Organización del PSOE andaluz, Susana Díaz firmó en abril de 2011 un convenio con el sindicato hermano en el que firmaron los exdirigentes de UGT Francisco Fernández, que dimitió tras el escándalo de las facturas falsas, y el tesorero Federico Fresneda. En ese acuerdo se prevé crear un aula compartida en la casa del pueblo de Torreperogil (Jaén) para destinarla a dar cursos de formación. A cambio, el sindicato deberá pagar “un alquiler” que será “destinado al mantenimiento del edificio y será ingresado en una cuenta bancaria común”. Las ayudas de la formación contemplan como incluidos los gastos de profesorado y aulas. Otro exalcalde socialista en Nueva Carteya (Córdoba), Antonio Ramírez, admitió el cobro de un alquiler a UGT para que diera sus cursos en la sede del PSOE. También en esta localidad UGT y PSOE compartían sede desde hacía años.

La jueza Mercedes Alaya abrió una línea de investigación y ordenó rastrear todas las cuentas bancarias de la Junta y el PSOE ante la sospecha de financiación ilegal del partido con los cursos de formación. Esa línea no condujo a ninguna acusación contra los socialistas, aunque la magistrada centró sus pesquisas en la fundación Faffe. En concreto, al testigo protegido Teodoro Montes, el funcionario de la Junta que destapó gran parte del presunto fraude, le preguntó si tenía constancia de que Faffe “financiaba al PSOE con cargo a los fondos que recibía de la Junta de Andalucía”.

Mudanza de expedientes

Ya como presidenta de la Junta, tras conocer como consejera de la Presidencia la decisión de Griñán de suprimir la Consejería de Empleo, Susana Díaz decide en 2015 devolver este departamento al organigrama de la Junta y vuelve a mover las competencias de formación desde Educación. Los altos cargos que han comparecido en la comisión de investigación han admitido que en ese baile de competencias hubo expedientes de la formación que se extraviaron o se desordenaron. Al frente de la supervisión de los expedientes, la presidenta situó al consejero José Sánchez Maldonado. La última vez que este dio cuenta públicamente de la investigación interna ordenada en el seno de la Junta fue en julio de 2015. Hace 10 meses que nadie informa sobre el estado de los expedientes y de las reclamaciones realizadas por la Junta. En aquel momento, Sánchez Maldonado señaló un fraude de 72 millones de euros por ayudas que no habían sido justificadas. En ese periodo de 2007 a 2013, repartió 1.613 millones de euros.

La negación del fraude pese al 'código rojo'

Tras entrar en funcionamiento la comisión de investigación en el Parlamento andaluz, la Junta limitó a las declaraciones de los ex altos cargos y responsables de la Administración que han pasado por el Parlamento las explicaciones políticas. En ese momento, la versión cambia. De hablar de un posible fraude de los empresarios y defender a la Junta como víctima, justificando así su personación en la causa como perjudicada, el PSOE andaluz ha pasado a negar que haya pasado nada de nada. En la misma línea, los directores generales, interventores y delegados de la Junta han asegurado que no hubo fraude ni menoscabo de fondos públicos. Se limitan a hablar de “irregularidades administrativas” y defienden que los expedientes a los que la Junta ha hecho reclamaciones están vivos, por lo que no cabe hablar de fraude.

Los interventores de la Junta llegaron a firmar hasta ocho informes de actuación que deberían haber obligado a la presidenta a activar las alarmas

También los interventores han modulado su versión. En los últimos meses ha trascendido, con cuentagotas, que los responsables de la Intervención redactaron hasta ocho informes de actuación que hubieran obligado a la presidenta de la Junta a tomar medidas inmediatas contra el posible fraude. Como el caso ya estaba en los tribunales, la presidenta no ordenó medidas extraordinarias ni activó ningún código rojo.

Los socialistas sitúan a Susana Díaz al frente de esa nueva estrategia. “La presidenta lo sabe todo. Sin ella no se mueve un papel. Claro que comparte ese discurso”, señalan fuentes del grupo parlamentario socialista. Tampoco se sabe cuántas de las ayudas han prescrito, y se ha perdido el dinero porque las reclamaciones no han llegado a tiempo. Esa vía de información es constantemente bloqueada. La Guardia Civil ha alertado en un atestado de la prescripción de millones de euros. El exconsejero de Educación Luciano Alonso admitió que la investigación de la Junta no estaría cerrada hasta finales de 2015 (sigue abierta) y ya saltaron las alarmas por la prescripción de posibles delitos de desvío de fondos públicos.

Caos en los expedientes

La presidenta de la Junta defiende que ha puesto en marcha todos los mecanismos y ha elevado todos los controles para evitar que un nuevo fraude como el de los ERE o los fondos de formación vuelva a repetirse. Ha anunciado una nueva orden en este mes de mayo que permitirá volver a retomar las ayudas de la formación en Andalucía. Existen dudas sobre si todos los ‘agujeros’ que existían para permitir un posible desvío de fondos públicos se han subsanado y si hay efectivos suficientes para que se comience otra vez a otorgar ayudas. La oposición denuncia la estrategia de desinformación y la falta de colaboración del Gobierno andaluz con la comisión de investigación. La Junta inundó el Parlamento con miles de documentos, atestó varías salas con papeles, no discriminó los expedientes bajo sospecha, que en muchos casos siguen sin llegar a manos de la oposición, y tampoco atendió la reclamación de que esa documentación llegara digitalizada, aunque la mayoría de esos documentos tienen copia digital.