El directivo de Empleo que pagó 15.000 euros en prostitutas gastó otros 23.000 más

El consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Carnero, compareció en el Parlamento andaluz para rendir cuentas por el uso de las tarjetas 'black' en la extinta fundación Faffe. Sus explicaciones no convencieron a los grupos de la oposición, y tanto PP como Cs registraron la petición de una comisión de investigación sobre el uso de fondos públicos por parte de los directivos de Empleo. Es la gran sombra que se extiende ahora sobre el Gobierno andaluz: cuando todo apunta a que Susana Díaz adelantará las elecciones al próximo otoño, estalla este escándalo sobre el uso de dinero público con tarjetas 'black' en una fundación de Empleo, unos hechos ocurridos hace ocho años.

En su comparecencia, el consejero avanzó que han tenido conocimiento de movimientos por valor de 23.000 euros en una segunda tarjeta, esta vez de Caja San Fernando, hoy La Caixa, también con Fernando Villén, directivo de la Faffe, como titular. Estos movimientos se unirían a la información que la Junta trasladó al juzgado y que alertó de cargos por valor de 15.000 euros en otra tarjeta de Unicaja en un prostíbulo de Sevilla. El consejero aseguró no disponer de más datos sobre los asientos contables o a qué había ido destinado ese dinero público.

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Carnero habló de "devoluciones por importe en torno a los 23.000 euros entre los años 2004 y 2008", y dijo que entendían que "se hicieron para compensar las disposiciones de dinero por parte del señor Villén para temas personales con cargo a la tarjeta de crédito que tenía exclusivamente para gastos relacionados con su desempeño profesional". Empleo dio traslado el 24 de julio al gabinete jurídico de la Junta, informó el consejero, para solicitar más información.

Documentación "inconexa"

Según las explicaciones que dieron desde Empleo, La Caixa no ha remitido los extractos que permitan ver en qué se gastó ese dinero y la Junta tuvo conocimiento de estos movimientos a través de un intercambio de correos no oficiales entre un trabajador del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otro de la entidad bancaria, que aporta una hoja de Excel con documentación "no oficial e inconexa".

Las explicaciones del consejero de Empleo llegan después de que la presidenta Susana Díaz se ausentara de la última sesión de control en la Cámara por motivos de agenda y se ahorrara responder sobre este caso. La diputada del PP andaluz Teresa Ruiz Sillero intentó reiteradamente conocer a qué se habían destinado esos 23.000 euros de fondos públicos en gastos personales del directivo de la Faffe. No obtuvo respuesta.

"Utilizaron la famosa la frase de los cuatro golfos en los ERE, pues bien ¿cuántos golfos fueron al puticlub?", insistió Ruiz Sillero

Tampoco logró la diputada del PP que se conociera quién acudió al prostíbulo de Sevilla el día del cese del consejero de Empleo Antonio Fernández, una juerga en marzo de 2010 por la que se abonaron 14.737 euros con la tarjeta con cargo a las cuentas públicas. Supuestamente, al día siguiente alguien acudió a pagar en metálico y se devolvieron los cargos de la Mastercard.

"Utilizaron la famosa frase de los cuatro golfos en los ERE, pues bien, ¿cuántos golfos fueron al puticlub?", insistió Ruiz Sillero. A esa pregunta solo replicó la diputada del PSOE Marisa Bustinduy, y lo hizo con sorna, para indignación de los grupos de la oposición, asegurando que el hoy consejero de Empleo no estaba "de portero en el puticlub".

Tres versiones distintas

Hasta la fecha, la Junta ha dado tres versiones sobre los gastos por parte de los directivos de la fundación de Empleo. Primero, el consejero habló de cargos por valor en esas tarjetas 'black' de 1.563 euros en tres años, 2008, 2009 y 2010. Después depositó en el juzgado un extracto de una tarjeta que acreditaba el pago de unos 15.000 euros en una noche de juerga en un prostíbulo. Fue el PP, personado en la causa, quien hizo pública esa información. El consejero acudió a principios de junio al Parlamento y aunque tenía esa cifra la ocultó, apelando al secreto al que supuestamente le obliga la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La oposición en bloque le recriminó en esta última comparecencia que hubiera mentido al Parlamento.

El juzgado lo volverá a llamar a declarar el 11 de octubre. Una fecha que coincidiría con la campaña electoral si hay adelanto

Empleo pidió la ampliación de diligencias contra el exdirectivo de la Faffe Fernando Villén, por presuntos delitos de malversación y apropiación indebida. El juzgado lo volverá a llamar a declarar el 11 de octubre. Una fecha que interferiría de lleno en la campaña electoral en Andalucía en caso de que hubiera elecciones adelantadas a otoño. Susana Díaz podría preferir ahora noviembre para abrir las urnas y evitar esta comparecencia en plena campaña, que es lo que ocurriría si son a finales de octubre. De momento, a la vuelta del mes de agosto ya se encontrará una petición de comisión de investigación en el Parlamento andaluz.

Preguntas de la oposición

Teresa Ruiz Sillero recordó que hay otros "4.000 euros más en comilonas y en bebidas", y se preguntó "por qué tienen los desempleados andaluces que pagarle las juergas a Villén con sus amigos". "¿Hay cargos políticos actuales del PSOE que fueron a esa juerga al puticlub y que siguen ostentando un cargo?", reclamó. "Susana Díaz no ha dado una triste explicación", lamentó.

Desde Podemos, Jesús Romero afeó al consejero que hubiera faltado "a la verdad en esta comisión". "¿De dónde salieron los 15.000 euros?, ¿de la tarjeta o de la caja de la Faffe, que tenía dinero en metálico? ¿Quiénes fueron a darse el homenaje?", inquirió sin obtener respuestas. En la misma línea, la diputada de IU Elena Cortés mostró su indignación: "Estamos hablando de dinero público usado para explotar sexualmente a mujeres", y afeó que se "mintiera" a la Cámara. "Es muy grave", avisó, alertando además de "agotamiento y descomposición" después de 36 años de gobiernos socialistas.

Los socialistas respondieron aireando la condena de la Gürtel al PP y apelando a la presunción de inocencia de los implicados

La portavoz socialista, Maria Bustinduy, recordó que se ha archivado en los tribunales la pieza política sobre los cursos de formación y volvió a repetir que hubo detenciones "injustas" de altos cargos que aún tienen consecuencias. "Hay una niña de cuatro años que cada vez que llaman a la puerta dice 'mamá, vienen otra vez a llevarte", relató sobre la hija de una de esos altos cargos de la Junta detenidos en la presunta estafa de la formación. Los socialistas respondieron aireando la condena de la Gürtel al PP y apelando a la presunción de inocencia de los implicados. "Le han regalado el título en el mismo sitio que al señor [Pablo] Casado", espetó a la diputada del PP, que es licenciada en Derecho.

Tono elevado desde Ciudadanos

El consejero de Empleo animó a cualquier grupo político que tenga datos que avalen la malversación en la fundación de Empleo que vaya al juzgado y "no la dosifique con cuentagotas para sacar rédito político". Desde Ciudadanos, primero intervino el diputado Carlos Hernández y después el portavoz de la formación, Juan Marín, que elevó mucho el tono de su partido respecto a este escándalo y anunció que iban a registrar, como ya había hecho el PP, la petición de una comisión de investigación.

"Dirán que provocamos inestabilidad, pero la corrupción es incompatible con la democracia", aseguró, marcando cada vez más distancias con Susana Díaz y dejando atrás su papel como socios en la investidura y en la aprobación de tres presupuestos autonómicos.