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La ministra de Justicia contradice a Ayuso: "Va a tener que hacer muchas contorsiones"
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Decreto de ahorro energético

La ministra de Justicia contradice a Ayuso: "Va a tener que hacer muchas contorsiones"

Llop defiende el real decreto, respalda su constitucionalidad y recuerda que Europa se encuentra en un contexto de guerra energética

Foto: La ministra de Justicia, Pilar Llop. (EFE/Zipi)
La ministra de Justicia, Pilar Llop. (EFE/Zipi)

El Gobierno contradice a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y defiende la constitucionalidad del decreto de medidas energéticas. Este miércoles ha sido el turno de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha dudado de las posibilidades de que prospere el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por la región. "Van a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas, equilibrios y estudios para poder echar por tierra y decir que es inconstitucional este real decreto", ha asegurado.

En declaraciones a Telecinco, Llop ha precisado que lo que hace el Ejecutivo con la iniciativa que discute Madrid es modificar una norma que ya está en vigor: el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). La ministra ha recordado que lo único que se hace es tocar determinados puntos relativos a los límites en los recintos calefactados y los recintos refrigerados. Ahora están fijados de 21 a 26 y pasan a estarlo de 19 a 27, ha indicado.

Foto: Aspecto de la Gran Vía de Madrid tras la entrada en vigor del RDL de ahorro energético. (Alejandro Martínez Vélez)

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se prepara para recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto de medidas energéticas del Ejecutivo central y solo cuenta con un trampolín en el que apoyar su argumentación: el Estatuto de Autonomía de Madrid. El texto resume en su articulado las competencias de la región que —según argumentan desde Sol— se ven violadas por algunas de las iniciativas del Ejecutivo central, como los límites a la iluminación de los escaparates o al uso de aire acondicionado o calefacción. La clave se encuentra en unos pocos párrafos en los que se resume la ascendencia de la Comunidad de Madrid sobre el comercio, la economía y el turismo.

"Me parece que va a ser muy difícil considerar que eso es inconstitucional", ha dicho Llop, que ha agregado que la Comunidad de Madrid tiene las herramientas jurídicas suficientes para que, si así lo considera, recurra. "Será el TC quien, en definitiva, tenga que tomar la última decisión". La ministra también ha considerado que "lo que hace falta" es estar ahora "a la altura de las circunstancias" y entender que nos encontramos ante un contexto de guerra energética en la que Rusia utiliza la energía como arma. "Es aplicar el sentido común y toda la ciudadanía lo entiende", ha agregado.

Desde el Gobierno central se miran con escepticismo los argumentos en contra que ha avanzado la Comunidad de Madrid y Llop no ha sido la primera en cuestionarlos. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ironizó este martes con las dificultades que tendrá Madrid para sostenerlos con base jurídica ante el TC. La titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anticipó la nula intención del Ejecutivo de cruzarse de brazos si hay incumplimientos y mencionó la posibilidad de plantear un conflicto negativo de competencias. Es decir, un cara a cara con el TC como árbitro.

Mientras tanto, Madrid argumenta que lo que considera una violación de competencias no está justificada por la situación actual ni por las previsiones. Asegura que el Ejecutivo de Sánchez no puede parapetarse detrás de un hipotético ahorro de gas que permita garantizar el suministro, ya que el riesgo no existe en España, como admite el propio decreto. "Consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción" con este escenario, defiende la autonomía. También asegura que la recomendación de Europa es eso, una recomendación, y por ello "no es obligatoria".

Los comercios afrontan con resignación la medida.

También indican que algunas de las previsiones contempladas en el decreto exceden incluso "esta recomendación no obligatoria". Es el caso de la obligación de anunciar en carteles u otros formatos que se están aplicando medidas —un medio para concienciar— que la comunidad considera no justificada, puesto que, en sí misma, no contribuye al ahorro de forma directa. O la existencia de límites en el consumo en otras energías ajenas al gas. También se exceden en el área temporal, alargando la obligación hasta octubre de 2023, cuando la normativa europea ha fijado un periodo de un año.

En lo que afecta a las competencias sobre el turismo, Madrid no solo señala la desincentivación de la ausencia de luz en los escaparates, también en edificios públicos. Dice que su apagado choca con el monopolio autonómico sobre el cuidado y utilización de estos espacios.

Inconsistencias

El recurso reflejará también lo que la comunidad considera inconsistencias. Por ejemplo, los de Ayuso destacan que el cierre de puertas de los locales y centros de trabajo, obligatorio para no desperdiciar energía, no casa con las normas aprobadas para hacer frente al covid, que priorizan "la necesidad de ventilación". Pone, además, el acento en que adelantar la próxima inspección de eficiencia energética "excede las bases estatales", puesto que no existe competencia estatal para obligar a fijar periodos para llevar a cabo estos controles.

El Gobierno contradice a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y defiende la constitucionalidad del decreto de medidas energéticas. Este miércoles ha sido el turno de la ministra de Justicia, Pilar Llop, que ha dudado de las posibilidades de que prospere el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por la región. "Van a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas, equilibrios y estudios para poder echar por tierra y decir que es inconstitucional este real decreto", ha asegurado.

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