Los papeles ocultos de los ERE: la Junta perdonó miles de millones en ayudas

El Gobierno andaluz ha puesto en manos de los juzgados papeles que encontraron la semana pasada en tres cajas fuertes en la Agencia Idea. Un año después de la llegada de PP y Cs y tras la sentencia de los ERE, fue un trabajador de este ente público quien comunicó a los responsables que existían estas cajas “ocultas” con papeles clave y “sobres lacrados” que los juzgados habían requerido y que el anterior Gobierno no había entregado, según la versión que ofreció en rueda de prensa el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. “Parece imposible de creer pero es así”, sostuvo el responsable del PP que continúa así el goteo de denuncias que es ya norma cada martes tras el Consejo de Gobierno.

Según la documentación a la que ha accedido este periódico hay dos convenios privados que no cuentan con membrete oficial ni logo de la Junta de Andalucía pero que firman el entonces responsable del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), que después se convertiría en Idea, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. Suscriben los convenios privados con la empresa Campofrío y le prometen no reclamarles ayudas que la UE había declarado ilegales y seguir inyectando cientos de millones en subvenciones públicas. Todo esto queda recogido por escrito con claridad.

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El primer documento entregado a los juzgados es un contrato de compraventa de 30 de diciembre de 1998 por el que Campofrío adquiere Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Hay que recordar que la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción pidió imputar de nuevo al expresidente Manuel Chaves y a Gaspar Zarrías, ambos condenados por prevaricación en la pieza política de los ERE, por un préstamo puente concedido a la empresa cárnica jiennense.

La ayuda a Cárnicas Molina se conoce como ‘la piedra Rosetta’ del caso ERE. Fue el origen de la trama. Explica perfectamente cómo y por qué se puso en marcha el fondo de 680 millones de euros con el que se repartieron ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante una década, de 2000 a 2009.Un sistema que la justicia ya ha condenado por ser ilegal, discrecional y prescindir de los controles.

"Ayudas ilegales"

En la nueva documentación, ya en manos del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, figura un convenio firmado por el vicepresidente de Campofrío y el exdirector general del IFA, que recoge que Hijos de Andrés Molina (Hamsa) fue denunciada a la Unión Europea por “competencia desleal” y que esa empresa recibió “ayudas ilegales”, dictaminó Bruselas, “por más de 8.000 millones de pesetas”. Esas ayudas no tenían el visto bueno de la UE y supuestamente tenían que ser devueltas. Sin embargo en ese convenio se recoge por escrito el compromiso de no reclamar las ayudas al comprador. A cambio, Campofrío creará 300 puestos de trabajo y contrataría a los trabajadores de Hamsa. El precio de la compraventa es de 1.100 millones de las antiguas pesetas. El actual Gobierno andaluz muestra perplejidad porque los responsables del anterior Ejecutivo andaluz participen de forma directa en la transacción entre empresas.

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El otro convenio es de la misma fecha, tiene la firma de Zarrías y el vicepresidente de Campofrío, de 30 de diciembre de 1998. El documento compromete a Campofrío a invertir 4.000 millones de pesetas en cuatro años y la Junta garantiza que le concederá todas las ayudas previstas para el fomento de empleo según la legalidad vigente. Por la creación de unos 300 puestos de trabajo, el Gobierno andaluz estima que podrá inyectar “una subvención de alrededor de 417 millones de pesetas”. Recoge otros “314 millones por mantenimiento de la actividad productiva”. Además, en un uno de los puntos más llamativos del convenio, el Gobierno andaluz se compromete a no reclamar a Campofrío las ayudas ilegales declaradas por la UE. Hay que recordar que se entregaron 8.000 millones de pesetas, un préstamo de 5,8 millones de euros, de los que quedaron sin devolver, aún en 2003, de ahí que los delitos no estén prescritos, un total de 3,7 millones de euros.

El papel hallado en una de las cajas fuertes señala que ese convenio con Campofrío tendría que ser aprobado en Consejo de Gobierno, lo que extendería la responsabilidad de supuestas ilegalidades a toda la cúpula de San Telmo en aquellos años.

Eran "públicos"

El PSOE envió un comunicado en el que denunció la “lamentable” estrategia de Moreno Bonilla de convertir cada reunión del Consejo de Gobierno “en un circo de montajes y mentiras”. Aseguran que esos documentos eran públicos y que “las tres cajas de seguridad están integradas en el archivo general de IDEA y se puede solicitar su documentación a través del archivo”.

El grupo socialista anunció que pedirá la comparecencia del director de la Agencia Idea en el Parlamento para que aclare la documentación, de hace 21 años, que Bendodo dijo haber encontrado tras un año en el gobierno. Recuerdan además que “el actual director general de Idea ha sido secretario general de Hacienda, director general de Tesorería y director general de Presupuestos, en gobiernos socialistas”.

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción en la pieza separada de Cárnicas Molina, fue en 1998 cuando se transfirieron los activos de esta empresa a Campofrío Alimentación "con el compromiso de creación de al menos 300 puestos de trabajo". En febrero de 1999, antes de la firma del convenio privado que ahora ha aparecido, "la Comisión Europea declaró incompatibles las ayudas recibidas por la empresa jiennense, lo que debería haber obligado al Estado a recuperar todas las ayudas dadas haciendo que la empresa fuera inviable". La empresa optó por recurrir a los tribunales y hubo una resolución del Tribunal de Instancia de la Comunidad Económica Europea el 11 de julio de 2002, señala Anticorrupción, "en donde se decide anular únicamente la ilegalidad de las ayudas concedidas en forma de condonación de deudas desestimando el resto del recurso". En paralelo, la Junta sigue inyectando ayudas públicas a Campofrío.