El Gobierno andaluz seguirá pagando los ERE tras la condena: 37 millones hasta 2025

Desde el mismo día de la sentencia de los ERE, hace una semana, el Gobierno andaluz de PP y Cs salió raudo a condenar la corrupción de los socialistas y a proclamar que iban a recuperar hasta el último euro defraudado. En realidad, saben que no es nada fácil. La condena de los ERE cifra en 680 euros el daño económico del sistema ilegal por el que el Gobierno socialista estuvo durante 10 años dando ayudas públicas. Sin embargo, la Justicia no ha fijado cuánto dinero se malversó en realidad.

Tampoco el actual Gobierno, presidido por Juan Manuel Moreno, ha sido capaz de dar una estimación. No señalaron cuánto dinero aspiran a recuperar. Dejaron muchos cabos sueltos que, aseguraron, resolverán los consejeros de Hacienda y Empleo la semana próxima. La actuación del Gobierno andaluz en este caso va a ir por capítulos y los socios políticos dejaron claro que estarán hablando de los ERE “toda la legislatura”. “No sabemos cuánto dinero vamos a poder recuperar, si un euro o 500. Decir lo contrario sería mentir a los andaluces y eso no lo vamos a hacer”, señaló el vicepresidente, Juan Marín (Cs).

Así fue el fraude

Se sabe que no todo el dinero repartido de forma ilegal, sin control y sin fiscalización, fue defraudado. Siempre se ha dicho, así además lo sostuvo el Tribunal Supremo, que buena parte de ese dinero quedó en manos de prejubilados a los que despidieron de sus empresas y a quienes sí correspondía esa ayuda mensual. Se habló de 6.000 prejubilados, después de 5.700. Ahora mismo, el Gobierno no sabe especificar cuántos de estos extrabajadores siguen cobrando. Sí avanzó que seguirán recibiendo sus ayudas puntualmente y que hay 37 millones de euros previstos para cubrir esa partida presupuestaria hasta 2025.

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Cuando estalló el caso de los ERE, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, ahora condenado, trató de poner un cortafuegos. Primero, se encaró con las aseguradoras, las pagadoras de las pólizas, que la Justicia había señalado que cobraban sobrecomisiones “desorbitadas”. La reacción de esas empresas aseguradoras fue dejar de abonar sus pólizas. Miles de trabajadores se echaron a la calle a reclamar sus pagas.

Entonces, el Gobierno alcanzó un acuerdo con estas empresas, que se negaron a devolver con carácter retroactivo el dinero cobrado y que finalmente, en 2017, doblaron el pulso a la Junta en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A la vez, el Gobierno andaluz decidió regularizar el pago del dinero de los prejubilados. Dotó de legalidad ese sistema de pago mediante un decreto-ley que fue convalidado en el Parlamento andaluz por PSOE e IU, entonces socios de gobierno. Que los prejubilados vayan a seguir cobrando no es una decisión graciosa del Gobierno andaluz. Está obligado por ley a dar cobertura a estos trabajadores.

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El fraude real de los ERE tiene tres patas: las sobrecomisiones a las aseguradoras, estimadas en unos 66 millones; los intrusos, trabajadores que nunca trabajaron en las empresas pero fueron prejubilados en esos expedientes financiados con dinero público, cuyas pólizas suman unos 10 millones de euros, y las ayudas directas a empresas, que cobraron subvenciones millonarias sin ajustarse a la ley y sin concurso ni publicidad. La Guardia Civil cifró el fraude de esta última pata en 73 millones de euros. Se repartieron 85 millones de euros en ayudas directas a empresas y 56,4 millones se quedaron en la Sierra Norte de Sevilla, área de influencia clave para el PSOE sevillano que dirigía José Antonio Viera y donde el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero había sido alcalde de El Pedroso.

Expedientes caducados

También cuando estalló el caso, el Gobierno andaluz de Griñán decidió, lo que abrió además una fractura grave dentro del PSOE andaluz, revisar expediente a expediente de los ERE el dinero que podía haber sido defraudado. Cifró en 135 millones de euros el dinero indebidamente pagado. Aseguró que iba a pelear para recuperar hasta el último céntimo, “caiga quien caiga”, pero lo cierto es que al término del Gobierno de Susana Díaz, en octubre de 2018, la última cifra que se ofreció es que se habían recuperado 6,7 millones de euros, el 5% de la cantidad reclamada.

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La entonces consejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero, nunca ocultó que había muchas trabas para recuperar el dinero defraudado y que las cantidades recuperadas eran pequeñas. De hecho, se dirigió al ministerio para reclamar que cambiara la ley y se agilizaran los procedimientos. Reclamó una vía exprés mientras admitió que hay muchas “garantías jurídicas y procesales” para “los defraudadores o los que han hecho un uso indebido del dinero público”, lo que "perjudica la agilidad en la recuperación del dinero público". Las reclamaciones, una vez agotada la vía administrativa, se eternizaban en los tribunales.

Muertos o insolventes

El actual Gobierno andaluz no dijo cuántos de los 200 intrusos que señaló siguen cobrando. Tampoco a cuánto asciende concretamente el dinero que quiere recuperar por esta vía. Ni a cuántos la Junta ya ha reclamado, sin éxito, el dinero indebidamente cobrado. Muchos se declararon insolventes, otros han muerto, otros expedientes directamente ya han prescrito. Es el otro problema. El fraude de los ERE se remonta de 2000 a 2009, hace una década.

Sí que insistió Marín en que la retirada de la Junta como acusación particular en la pieza política de los ERE permitió “tejer una tela de araña” que dificulta ahora recuperar el dinero. El hecho de que la Junta presentase un escrito de acusación que era más bien un escrito de defensa de todos sus ex altos cargos y que aplazase a la vía civil la recuperación del dinero defraudado evitó que en la pieza política, la que ahora tiene sentencia, se pidieran millonarias fianzas civiles a los acusados. Por ejemplo, a Griñán se le podrían haber embargado 4,2 millones de euros, a los exconsejeros Francisco Vallejo y José Antonio Viera, 3,7 millones y 6,2 millones de euros. Eso hubiera supuesto el embargo de todos sus bienes y en la mayoría de los casos no habrían sumado, ni de lejos, esas cantidades. El dinero de los ERE no acabó en los bolsillos de los ex altos cargos condenados sino en los de otras muchas “criaturitas”, como los llamó Guerrero. De ahí que la recuperación del dinero sea complicada.

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Sobre el pago de las minutas de los abogados de los ex altos cargos, a lo que obliga la ley, la Junta aseguró que no abonará nada hasta que no haya sentencia firme del Supremo. Muchos exconsejeros, como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, han presentado las minutas de sus abogados para que la Junta las abone.