¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

El Gobierno de Susana Díaz solo recuperó un 5% del dinero de los ERE

Unos 5.700 prejubilados de 60 empresas seguirán cobrando sus pólizas. La Junta de PP y Cs admite que será "muy difícil" reintegrar el dinero defraudado e irá a la vía civil

Foto: La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz. (EFE)
La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz. (EFE)

La sentencia judicial de los ERE cifra en 680 millones de euros el dinero repartido con cargo al Presupuesto andaluz desde 2000 a 2009 con un sistema con “una absoluta falta de control”, donde el beneficiario real era la empresa y no los trabajadores —era al final la que se ahorraba los gastos de los despidos—, y que permitió que “se prescindiera total y absolutamente del procedimiento administrativo en la concesión y pago de subvenciones”.

Durante mucho tiempo, antes de esta demoledora sentencia, hemos oído que no todo ese dinero se había defraudado. Es cierto. Al considerarse el sistema ilegal, todo el fondo presupuestario puede considerarse ahora fraudulento, pero lo cierto es que sirvió para abonar las prejubilaciones de 6.096 trabajadores frente a solo 126 que están imputados en la macrocausa por ser considerados intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo, con un fraude estimado de 12 millones de euros. Los demás cobraron o siguen cobrando sin que nadie, de momento, les haya reclamado su dinero.

El Gobierno de Susana Díaz solo recuperó un 5% del dinero de los ERE

Es una de las incógnitas sin resolver por el actual Gobierno andaluz de PP y Cs. No se sabe cuántas de esas pólizas suscritas con el sistema que ahora la Justicia ha declarado ilegal siguen en vigor y cuánto se paga cada año por este concepto. La actual Junta de Andalucía no ha despejado esa equis.

Los prejubilados siguen cobrando

Una vez que estalló el escándalo de los ERE y después de que la jueza Mercedes Alaya apuntara a la ilegalidad del fondo sociolaboral y para empresas en crisis, el Gobierno andaluz convalidó las ayudas concedidas mediante un decreto-ley en 2012 que fue ratificado por el Parlamento andaluz con el apoyo de PSOE e IU. Esto permitió a la Junta seguir abonando la mayoría de las pólizas suscritas.

Antes, la Junta suspendió en 2011, cuatro meses después de que estallara el caso, el pago a las aseguradoras, por lo que unos 4.000 trabajadores dejaron de cobrar sus pensiones. La presión social y las movilizaciones de estos pensionistas obligaron al Gobierno andaluz a cerrar un nuevo acuerdo con las aseguradoras revisando las desorbitadas comisiones que abonaba y se retomaron los pagos. Es otra de las piezas pendientes de resolver, la del pago de sobrecomisiones por los ERE. Meses después de aquello, la Junta legisló para blindar estas ayudas.

5.700 trabajadores

Abonaban pólizas de prejubilación a extrabajadores de unas 60 empresas. En concreto, a 5.700 trabajadores. No se sabe cuántas de estas ayudas se siguen abonando a día de hoy. Tampoco ha dado el nuevo Gobierno de PP y Cs el dato de cuánto dinero se ha recuperado de los expedientes con irregularidades detectados en un examen interno que hizo la Junta de Andalucía tras estallar el caso en los tribunales.

Los últimos datos ofrecidos por el Gobierno andaluz sobre las cantidades recuperadas se remontan a julio de 2018. Entonces estaba el PSOE gobernando y el consejero de Hacienda comunicó en el Parlamento que del caso de los ERE —habían pasado siete años desde que la jueza Alaya inició la instrucción—, se habían recuperado 6,7 millones de euros. Apenas un 5% de la cantidad total reclamada, 135 millones. Un millón de euros había sido devuelto por personas físicas y el resto por ayuntamientos y otros organismos que no pudieron justificar el destino de los fondos.

El anterior Gobierno siempre admitió serias dificultades para recuperar estas cantidades defraudadas. Había muchos expedientes ya prescritos, hay que recordar que la concesión de ayudas se remonta a 2000-2009, y los beneficiarios tenían muchas posibilidades de recurso que dilataban aún más la recuperación del dinero.

La vía civil

Ahora, el Gobierno andaluz de PP y Cs asegura, como el de antes, que va a activar todos los mecanismos para recuperar las cantidades defraudadas. El camino legal es tortuoso. Además de la reclamación en vía administrativa, los servicios jurídicos de la Junta están estudiando acudir a la vía civil. Es una tarea “muy difícil”, coincidieron tanto el presidente, Juan Manuel Moreno (PP), como el vicepresidente, Juan Marín (Cs).

El Gobierno de Susana Díaz solo recuperó un 5% del dinero de los ERE

El objetivo es “mover y remover cualquier obstáculo para recuperar el dinero”, aseguró Moreno en una entrevista en la SER. Recuperar dinero en la vía penal no cabe, porque los servicios jurídicos de la Junta con Susana Díaz como presidenta se retiraron como acusación particular en la pieza política, con lo que se cercenó esa vía. “La expresidenta podía haber evitado que la sentencia no diga nada del dinero defraudado, pero se retiró de la acusación. Hizo todo lo posible para dilatar la investigación de los ERE”, sostuvo Marín en Canal Sur.

La Junta presidida por la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, libró a los acusados de depositar fianza por el daño causado al erario público antes de sentarse en el banquillo. Dejó la puerta abierta a exigírsela en el futuro, al reservarse de manera expresa ejercitar la acción civil “una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar”. El nuevo Gobierno tiene en sus manos imprimir un giro a la estrategia y exigir a quienes resulten condenados la fianza civil a los pocos días de conocerse el fallo. Una opción que tiene sobre la mesa el nuevo Ejecutivo de Juanma Moreno (PP).

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