"herencia envenenada"

Caso ERE: PP y Cs pagarán “millones” a los abogados de ex altos cargos socialistas

El Gobierno suma las nóminas de letrados de los acusados a “la roncha” que Susana Díaz dejó “en los cajones” por costas judiciales y que elevan a un total de 700 millones de euros

Foto: Los expresidentes andaluces Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán. (EFE)
Los expresidentes andaluces Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán. (EFE)

Hay una perversión que se asume con mucha naturalidad en los pasillos de los juzgados del Prado en Sevilla, entre los letrados del caso ERE. Aseguran que este presunto fraude millonario puede costar más a los andaluces por el pago de minutas de abogados que por lo realmente defraudado en sí. Por supuesto, esa cantidad será mayor, advierten, de lo que puedan ingresar las arcas públicas por reintegros.

El Gobierno de Susana Díaz se llevó dos años dando largas a quienes habían ganado el contencioso sobre quién debía pagar las defensas de los funcionarios y ex altos cargos que se sentaron en el banquillo en la llamada pieza específica. Eludió el pago y será el nuevo Gobierno de PP y Cs quien tenga que abonar las minutas, ejecutando las sentencias que ya tiene sobre la mesa.

Desde la primera semana, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), recriminó al anterior Ejecutivo la "herencia envenenada" y denunció que hubiera multas judiciales sin pagar en los cajones de San Telmo. El vicepresidente, Juan Marín (Cs), cuantificó esas deudas en 700 millones de euros. El Gobierno saliente reconoce una cifra mucho menor en pleitos judiciales perdidos: 165 millones del centro comercial Nevada, 63 millones de Aerogeneradores del Sur y 156 millones del metro de Sevilla. Añaden otras cuantías “menores” que harían un total de 400 millones de euros. Son las que tienen sentencia firme. Otras, reconocen fuentes del Gobierno saliente, “no hay que imputarlas aún en el gasto”.

Primeras sentencias

Fueron los exinterventores de la Junta Manuel Gómez y Juan Luque, este último exculpado, quienes iniciaron las demandas para reclamar su derecho como funcionarios, así lo fija la Ley de Función Pública, a tener pagada la asistencia letrada desde el Gobierno. En 2016 hubo sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En su momento, se les denegaron los abogados. La Junta se personó en los ERE y eso impidió que los servicios jurídicos se pudieran encargar de las defensas. También ganó un contencioso en este mismo sentido el ex director general de Trabajo Daniel Rivera. El Gobierno andaluz aceptó pagar pero no lo hizo.

A la espera de sentencia está la demanda en la vía contencioso administrativa interpuesta por el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías. Quien ocupó esa cartera desde 1996 a 2009 reclamó a la Consejería de Presidencia el pago de su abogado. El Gobierno de Susana Díaz le reconoció ese derecho pero no hubo acuerdo sobre la cuantía. La Junta ofreció a Zarrías el pago del 5% de esas facturas de su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda. El exconsejero de Presidencia decidió demandar, como avanzó ‘ABC’, y ahora mismo se está a la espera de que el Colegio de Abogados haga un peritaje que certifique si las facturas presentadas se corresponden con precios habituales de mercado.

El exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías demandó su derecho al pago del abogado en el caso ERE y espera sentencia

El Gobierno de PP y Cs en Andalucía admite que es probable una cascada de reclamaciones, que ya ni siquiera tendrían que pasar por los tribunales, de ex altos cargos exigiendo que se haga efectivo su derecho al pago de sus abogados en los ERE. Nadie es capaz de calcular a cuánto podría ascender el desembolso. Hay abogados que fijan una cifra prudente de unos “200.000 euros” por letrado, unos “cuatro o cinco millones de euros”.

Fianzas civiles

Otros elevan el posible desembolso de fondos públicos hasta los “50 millones de euros”. Advierten de que si calculan las nóminas de los letrados aplicando las costas procesales, según las tablas oficiales, se deberán hacer los cálculos conforme a las peticiones de responsabilidad civil. A uno de los principales imputados, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, se le pidió una fianza por responsabilidad civil de 686 millones de euros. Fueron los abogados del PP, personados como acusación, los que en todos los casos pidieron las cantidades más elevadas por este concepto.

El juicio de los ERE quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre tras un año de sesiones y el fallo se espera para antes de verano. En esta pieza política, en la que se sentaron 20 ex altos cargos socialistas, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se juzgó la legalidad del procedimiento específico utilizado en el Presupuesto para repartir fondos de Empleo que alcanzaron los 850 millones de euros en una década. El dinero supuestamente defraudado no alcanzó nunca esta cantidad y se calculó en unos 140 millones, una cifra que sigue teniendo lagunas. De hecho, hay prejubilados, unos 6.000, que siguen cobrando su ayuda. Un número que el actual Gobierno tampoco puede aún fijar con exactitud. Hay otro centenar de piezas, referidas a cada expediente que cobró ayudas, aún por juzgar.

Andalucía

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