6.000 trabajadores ven peligrar sus pólizas de los ERE: los peritos ratifican el fraude

La juez Mercedes Alaya ha vuelto a las jornadas maratonianas en su juzgado para los próximos tres días. En horario de mañana y tarde, la magistrada ha citado a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen el informe de más de 8.000 folios que se considera “pieza clave” en el caso de los ERE y que sostiene que el procedimiento de pago de estos fondos era inadecuado. En la primera de estas sesiones, que se ha trasladado a una sala de vistas por la presencia de más de 30 abogados de los 275 imputados, los cuatro peritos citados han ratificado que el sistema era “fraudulento”, acogiéndose a la definición oficial del término como “engañoso y falaz”.

Los interventores estatales han rechazado además el contrainforme presentado por el abogado del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y elaborado por dos catedráticos. Entienden que es “sesgado” y lleno de “errores”, según fuentes judiciales. El abogado de Griñán alega “indefensión” y ha anunciado que pedirá la nulidad de esta ratificación por estar el caso ya en el Supremo. El Alto Tribunal dio luz verde a Alaya para ratificar esta prueba fundamental. Las declaraciones se abren un día después de que el Tribunal de Cuentas limitara la responsabilidad contable de los ERE por un fraude de 67 millones a los exdirectores generales de Trabajo.

Los peritos insisten en que el sistema utilizado para abonar los ERE, la fórmula de las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo a una empresa pública para librar los pagos, era improcedente para pagar las subvenciones. Subrayan, además, que desde el año 2000 los consejeros de Economía no adoptaron las medidas pertinentes para frenar este sistema. Las ayudas, sostienen en su informe, se concedieron de forma arbitraria, con “criterios totalmente discrecionales” y sin “resolución motivada”.

Mientras que la juez Mercedes Alaya ahonda en sus tesis de que el sistema fue “ilegal” en su origen, varios abogados implicados en la causa advierten del gran agujero abierto en la instrucción si se sostiene que todas las prejubilaciones abonadas son ilegales. El fondo de los ERE, fijado en 855 millones de euros por la magistrada, sirvió para abonar las prejubilaciones de 6.096 trabajadores y sólo 126 están imputados en la causa por ser considerados intrusos que se colaron en los expedientes de regulación de empleo, con un fraude de 12 millones de euros. El resto cobraron o siguen cobrando sin que nadie, de momento, les haya reclamado su dinero.

Una vez que estalló el escándalo, el Gobierno andaluz convalidó las ayudas concedidas mediante un decreto-ley en 2012 que fue ratificado por el Parlamento andaluz. Esto permitió a la Junta seguir abonando la mayoría de las pólizas suscritas, pese a que la juez Alaya tacha esta novación de “espinosa construcción jurídica”. La magistrada sigue sosteniendo, y así consta por ejemplo en la exposición razonada que envió al Supremo, que los actos anteriores a esa regulación de 2012 no pueden considerarse “convalidados o exonerados de responsabilidad”.

En ese sentido, varios letrados del caso se preguntan por qué ni la juez ni el fiscal anticorrupción reclaman a los prejubilados el dinero que cobraron con anterioridad a la regulación de las ayudas. Esta tesis figura ya en varios recursos presentados ante Alaya, entre otros en el que sirvió para tumbar la fianza impuesta a la exministra Magdalena Álvarez. Si el fraude detectado, excluyendo a los trabajadores que cobraron porque de verdad estuvieron en un ERE de su empresa, suma unos 150 millones, contando las ayudas directas a empresas, los intrusos y las sobrecomisiones a las aseguradoras, muchos se preguntan por qué la juez sigue reclamando fianzas sobre una presunta malversación de 850 millones de euros.

Si, por el contrario, Alaya estima que todas las prejubilaciones son ilegales, debería haber suspendido su abono y reclamado su devolución, insisten fuentes del caso. Varios afectados reclaman que se debería aplicar el mismo criterio que ha sido empleado con la infanta Cristina o la exministra Ana Mato y considerar a los prejubilados como partícipes a título lucrativo del fraude. Los imputados que han impugnado sus fianzas se quejan además de que la juez no dé traslado a sus recursos a la Audiencia Provincial.

Otro de los grandes enigmas del caso es cuántos trabajadores siguen cobrando hoy sus prejubilaciones con cargo al fondo de los ERE. La primera póliza se remonta a 1999, la de la empresa Cárnicas Molina, y ya está agotada. Otras muy importantes, como la de los extrabajadores de la multinacional Delphi, se comenzaron a pagar en 2007 y se prolongarán hasta 2019. Prejubilaciones como las de Santana, las que afectan a las minas de Boliden o Riotinto, las del sector de la alimentación como Dhul o Heineken también seguirían abonándose. Muchos de estos trabajadores, además, también siguen cotizando a la Seguridad Social para mantener sus cuantías de jubilación, por lo que parte del dinero supuestamente defraudado estaría en las arcas del Estado.

La Junta suspendió en 2011, cuatro meses después de que estallara el caso, el pago a las aseguradoras, por lo que unos 4.000 trabajadores dejaron de cobrar sus pensiones. La presión social y las movilizaciones de estos pensionistas obligaron al Gobierno andaluz a cerrar un nuevo acuerdo con las aseguradoras revisando las desorbitadas comisiones que abonaba y se retomaron los pagos. Meses después legisló para blindar estas ayudas. Ahora, cuando el caso ya no puede ser más enrevesado en sus planteamientos jurídicos, estos pagos podrían volver a quedar en entredicho.