Alaya destripa el funcionamiento de los ERE: amigos socialistas y una nota, "Viera"

Empresas cooperativas de aceite, jamones o embutidos, restaurantes, gasolineras, hoteles rurales, constructoras, de transportes, ganaderas o productoras de cine... Daba igual el sector o la situación económica de la empresa. Todas tienen dos nexos en común: se beneficiaron de jugosas ayudas directas del fondo de los ERE sin mediar solicitud ni cumplimentar trámites y se ubicaban en la Sierra Norte de Sevilla. Es la radiografía que desvela el último auto de la juez Mercedes Alaya, que sigue indagando en lo que ocurrió en la comarca sevillana, señalada por la Guardia Civil en un voluminoso atestado de medio millar de folios como el nido de la trama fraudulenta. Una zona de pocos habitantes que se embolsó 56,4 de los 85 millones repartidos en toda Andalucía bajo la fórmula de ayudas directas a empresas en crisis.

Allí, en la localidad sevillana de El Pedroso, nació el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputado en la macrocausa. En la zona estableció su base de operaciones. Pero no actuaba solo. O eso es lo que apunta la juez Alaya y la Guardia Civil. El diputado nacional José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y exlíder del PSOE sevillano, tenía en la comarca una de sus principales zonas de influencia política. Viera está señalado ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforado, y a la espera de ser llamado a declarar, como los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Su actividad en el Congreso es nula desde que estalló el escándalo, pero sigue en su escaño, a la espera.

El último auto de la juez Alaya, notificado el 10 de febrero, suma 34 nuevas imputaciones a empresarios y a los exalcaldes socialistas de El Pedroso, El Real de la Jara y Guadalcanal. Las ayudas son de lo más variopintas. Desde los 60.000 hasta el millón de euros, algunas fraccionadas en cantidades idénticas en varios años. Bastaba una indicación verbal, una nota al margen y se pagaban sin ni siquiera entregar una solicitud. Todos los nuevos imputados están llamados a declarar entre los días 23 y 27 de marzo, justo después de las elecciones autonómicas. La magistrada amplía las imputaciones a siete ex altos cargos socialistas. Guerrero, los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, exviceconsejeros y antiguos responsables de la Agencia IDEA, pagadora de los fondos.

En la Sierra Norte de Sevilla el caso ERE encuentra su exponente más chusco. El exdirector general de Trabajo concedía las subvenciones a amigos o afines y a veces cantidades millonarias a cambio de dádivas como un viaje a Menorca para él y su mujer, según el auto judicial. Todas las subvenciones analizadas tienen un denominador común: se otorgaron sin mediar solicitud ni documentación justificativa. En la mayoría de los casos bastó la orden directa de Guerrero “por lazos de amistad o afinidad política”. Llama la atención en el escrito judicial que algunas de las ayudas concedidas, dos en concreto, tenían “una anotación en la que reza al margen ‘Viera’, como si su concesión hubiese sido a instancias del mismo”. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ya avanzó numerosa documentación sobre las ayudas de la Sierra Norte la pasada primavera, insiste en que el exconsejero de Empleo, que ocupó el cargo de 2000 a 2004, pudo haber “facilitado la concentración” de las ayudas en la Sierra Norte, “especialmente por afinidades políticas”.

Pero la influencia de Viera trascendió su papel en el Gobierno andaluz. Como secretario general del PSOE de Sevilla, puesto que ocupó desde 2004 a 2012, siguió supuestamente maniobrando para decidir sobre los beneficiarios de las subvenciones. De hecho, las ayudas concedidas con la nota al margen de “Viera” se dieron en 2009. Él pudo ser el responsable del “desequilibrio” y el “dispendio” de los fondos públicos en esta comarca sevillana, según señala la Guardia Civil. A Viera lo sustituyó al frente del PSOE de Sevilla la hoy presidenta de la Junta, Susana Díaz, tras un duro pulso interno. Ella fue también secretaria de organización los socialistas sevillanos de 2004 a 2010.

La UCO ya alertó que en el reparto "discrecional" de 32,6 millones de euros en ayudas a empresas en la Sierra Norte de Sevilla se benefició a un grupo de empresas pertenecientes a los empresarios y exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, con quienes trabajó Sonia Viera, hija del diputado socialista. Por "intereses personales" y "afinidades políticas", según la Guardia Civil, el que fuera líder del PSOE de Sevilla dio las "instrucciones oportunas" para que se entregaran estas ayudas, incluso después de abandonar la Consejería de Empleo.

La Unidad Central Operativa (UCO) apunta a que "el tándem Rosendo-Sayago" puso en marcha un complicado entramado empresarial y que las ayudas fueran concedidas sin que en la mayoría de los casos mediara ni siquiera una solicitud de la subvención. Agrega además que "un alto porcentaje de estas empresas" fueron "presumiblemente" creadas "ad hoc" para embolsarse las subvenciones, sin que estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social ni contaran con trabajadores.

La Guardia Civil atribuye "una participación esencial" a los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, así como al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Asimismo, apunta a que pudieron conocer las irregularidades y el "trato de favor" el socialista José Caballos, que fue presidente del Parque Natural de la Sierra Norte y cuyo hijo también trabajó en una de las empresas de Rosendo-Sayago, en concreto Marcos de Estudios, receptora de diez millones de fondos públicos. También se apunta al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo. El PSOE certificó ayer que ninguno de los señalados en el caso ERE, a la espera de ser llamados a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, volverá a repetir en las listas al Parlamento andaluz.