Nuevo frente en el PSOE-A: la Fiscalía pide imputar a Chaves en otra pieza de los ERE

Nuevo frente judicial para Manuel Chaves. Tras la condena a nueve años de inhabilitación en la 'pieza política' de los ERE, Anticorrupción vuelve a la carga y pide imputar al expresidente andaluz por el préstamo concedido en 1999 a la empresa cárnica Hamsa, luego Campocarne y Primayor. Además de Chaves, el Ministerio Público pide citar como investigados a otros diez ex altos cargos de la Junta por esta operación, entre ellos el que fuera consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, y el de Trabajo, Guillermo Gutiérrez. La decisión queda ahora en manos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que mantiene más de 100 piezas abiertas por los ERE.

La Fiscalía considera que el préstamo concedido a Hamsa podría constituir un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos. Según asegura, esta ayuda "nunca tuvo la voluntad de ser cobrada" y provocó un menoscabo de 3,7 millones de euros a los fondos públicos. La petición de imputar a Chaves y Zarrías, adelantada por el 'Diario de Sevilla', gira precisamente en torno a la empresa que estrenó el sistema de los ERE: "A raíz de que [Hamsa] entrara en suspensión de pagos, en el año 1995 la Junta de Andalucía decidió intervenir en la gestión a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y todo ello con el propósito de evitar o paliar las consecuencias sociales que supondría el despido de todos sus empleados como consecuencia del cierre empresarial", sostiene Anticorrupción.

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En su escrito, el Ministerio Público subraya la lluvia de ayudas públicas que recibió la empresa entre 1993 y 1997, lo que dio lugar a que la Comisión Europea abriera un expediente en el que terminó por declararlas incompatibles "con la regulación de la libre competencia". En 1998, la Junta transfirió los activos de la empresa a Campofrío "con el compromiso de la creación de al menos 300 puestos de trabajo y el mantenimiento de la actividad de Hamsa", pero Anticorrupción apunta a que las ayudas no cesaron: "Se observa que de manera paralela en el tiempo se decidió desde la Junta de Andalucía otorgar ayudas a la empresa, si bien formalmente se hizo a modo de anticipo de las futuras ayudas y bajo la figura de un 'préstamo puente', como así consta en el acta del consejo rector de IFA de 29 de octubre de 1999".

A la vista de este préstamo, Anticorrupción solicita al juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que abra una pieza separada para investigar "lo que se ha venido en llamar 'el procedimiento específico', que resumidamente facilitaba poder disponer de dinero público sin sujeción a procedimiento legalmente establecido para la concesión de ayudas y sin que los actos de concreta disposición fueran fiscalizados por la intervención del órgano concedente". Según sostiene, "bajo el paraguas formal de un préstamo se decidió realmente disponer arbitrariamente de los fondos públicos sin sujeción a procedimiento alguno ni control para beneficiar directamente a la empresa Campocarne e indirectamente posteriormente a la empresa Primayor".

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Al tratarse de una operación que se remonta a 1999, los fiscales consideran que Chaves y Zarrías pueden volver a ser imputados sin vulnerar el principio ‘non bis in ídem’, que prohíbe que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez. "En cualquier caso, no guarda relación con la partida 31L de los ERE y que se produjo con anterioridad al uso de las transferencias de financiación al IFA/IDEA", sostiene el Ministerio Público en su escrito. En otras palabras: da igual que ambos hayan sido condenados en la 'pieza política' de los ERE; Anticorrupción considera que el préstamo concedido a Hamsa es anterior a los hechos investigados hasta ahora y, por tanto, se les puede volver a citar como investigados.

Junto a Chaves, Zarrías y Gutiérrez, el Ministerio Público pide también imputar a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera, al de Innovación Francisco Vallejo, al exdirector de Trabajo Javier Guerrero, al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, al expresidente del IFA Salvador Durbán y al exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar. Anticorrupción cierra su listado solicitando que se cite como investigados a cinco directivos de Primayor.