La pirámide de Fabra: repartió el dinero de F. Roig entre hijos, abogados y sociedades

Carlos Fabra y su familia dispersaron y centrifugaron el destino de los fondos recibidos por parte de una de las empresas del dueño del Villarreal CF, Fernando Roig, con el fin de sortear las obligaciones económicas del expresidente de la Diputación de Castellón con la Hacienda Pública y la Administración de Justicia derivadas de la condena que un tribunal impuso al expolítico por delito fiscal en 2013.

Así lo asegura el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción en el que respalda el procesamiento del que fue líder del PP castellonense y el empresario por delitos como insolvencia punible, cohecho y blanqueo de capitales. Tal como reveló ayer El Confidencial, el Ministerio Público reclama un total de doce años para Fabra y una multa de tres millones de euros, cuatro años y siete meses para el empresario propietario de Pamesa y la misma pena para su hijo Fernando Roig Negueroles. Para los hijos de Fabra, Borja y Claudia, pide once y siete años, respectivamente. Siete años propone para María Amparo Fernández, esposa del principal acusado. También les exige el pago de la misma sanción de tres millones.

Entre otras operaciones bajo sospecha, el juez instructor, Jacobo Pin, y el fiscal anticorrupción, Javier Carceller, ponen en duda la firma de un préstamo de 1,4 millones de euros suscrito en julio de 2013 por la mercantil Nerofer con la familia Fabra. El crédito se garantizó con la vivienda familiar de Les Platgetes de Bellver, que ya tenía un hipoteca por valor de 1,2 millones de euros, y nunca se devolvió, según los investigadores. Nerofer formaba parte del perímetro de empresas de Fernando Roig, que hizo otro préstamo personal a Fabra de 300.000 euros, y fue absorbida por Portovan la patrimonial con la que el hermano de Juan Roig (Mercadona) controla Pamesa Cerámica.

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El dinero recibido, del que fue depositario Borja Fabra según la escritura notarial, terminó en distinas manos, pero todas ellas relacionadas de forma directa o indirecta con el expolítico conservador. Al protocolo notarial se adjuntaron cinco cheques por un total de 1,3 millones, pues los 100.000 euros restantes se emplearon para gastos. Del total de cinco, tres cheques (100.000, 200.000 y 530.000 euros) fueron ingresados en una cuenta titulada Borja, uno reingresado en la cuenta de origen (20.000 euros) y otro abonado en una cuenta titulada por Migumi (450.000 euros), una sociedad ligada a Miguel Pérez Ferrer, empleado de Roig que a su vez había hecho otro préstamo personal por la misma cantidad a Carlos Fabra.

Anticorrupción reclama el pago de una multa de tres millones de euros a la familia Fabra

El dinero recibido por Borja Fabra terminó en varias manos. 355.400 euros fueron a parar directamente a cuentas a nombre de su padre, 53.34 se usaron para pagar a sus abogados, 27.354 se consignaron en el Juzgado y 30.000 fueron retirados en efectivo. La Fiscalía estima que el expresidente de la Diputación de Castellón se benefició de 466.095 euros, mientras que Borja obtuvo 197.570 euros del dinero del empresario dueño del Villarreal Club de Fútbol.

No fueron los únicos beneficiarios. Según el rastro del dinero efectuado por Anticorrupción, la mujer de Fabra se benefició de 58.841 euros, minetras que 40.000 euros sirvieron para devolver un préstamo a su yerno, marido de Claudia. Las sociedades vinculadas a Fabra que están bajo la lupa de los investigadores (Asdecas, Sipcas, Carmacas y Lirinlor) ingresaron 276.892 euros. El fiscal cree que estas mercantiles estaban en realidad bajo control del patriarca familiar y se emplearon para ocultar ingresos y patrimonio con el fin de esquivar las obligaciones con Hacienda por la condena de Fabra por delito fiscal.

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Además de las mercantiles, hubo más personas que terminaron teniendo dinero de Fernando Roig en sus manos. Uno de ellos fue Alejandro Lorca, considerado presunto testaferro familiar, que recibió 9.600 euros. Santiago Gascón, escolta, retiró del banco por orden de Carlos Fabra 5.000 euros en efectivo. Salvador Martí Huguet, expresidente de la Cámara de Comercio Castellón, recibió 25.000 euros, mientras que esa misma institución ingresó 20.000 euros. En ambos casos, Fabra había recibido también préstamos por importe mayor de Huguet y la Cámara, lo que revela que el investigado usaba unos fondos para tapar parcialmente deudas con otros acreedores. Lo mismo ocurrió con el Club de Campo del Mediterráneo, que recibió 30.000 euros. Un esquema piramidal de libro.

En la causa abierta en Castellón, en la que también se ha procesado al dueño del grupo de servicios Facsa, Enrique Gimeno, al que el fiscal pide nueve meses por cohecho, se estima que Fabra tuvo un caudal de abonos en efectivo en cuentas que ascendió a casi 2,7 millones euros, "de los que puede afirmarse su origen ilícito", dice Anticorrupción. Entre las razones que esgrime para ello, cita argumentos como que Fabra carecía de actividad que justificase una cantidad tan "desorbitada" de fondos sobre todo entre 2008 y 2012.

También señala que se concertaron préstamos bancarios sin otra justificación que la de invertir el efectivo en su pago; se utilizaron complejas operativas de ingreso carentes de justificación con la sola finalidad de evitar los controles internos de las entidades financieras en materia de blanqueo de capitales; los ingresos se hacían en billetes de alta denominación, especialmente de 500 euros; o se utilizó a personas del entorno como familiares, escoltas o conductores para efectuar los ingresos. "Existe constancia de la vinculación de Carlos Fabra Carreres con personas que le entregaron cantidades elevadas a fondo perdido en el mismo periodo de tiempo en consideración a su influencia política", sostiene el Ministerio Público en el escrito al que tuvo acceso El Confidecial. La familia realizó tantas operativas para centrifugar presuntamente los fondos que los investigadores han calculado en 26 millones de euros los movimientos brutos de dinero.